Buenos Aires, 8 de abril de 2013
Boletín Oficial: 10-04-2013
VISTO el Expediente Nº S04:0014085/2013 del registro de este
Ministerio, la Leyes 20429, 24492 y 26216, y los Decretos Nros. 395 del
20 de febrero de 1975 y 1486 del 23 de septiembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1486/11 el Registro Nacional de Armas tiene como
responsabilidad primaria registrar dentro del territorio nacional las
armas de guerra, pólvoras, explosivos y afines de acuerdo a lo
dispuesto por las Leyes Nros. 12.709, y 25.938, y por la Ley Nacional
de Armas y Explosivos Nº 20.429. Que asimismo, el Artículo 10 de la Ley
Nº 20.429 dispone que el Registro Nacional de Armas, llevará un
registro de armas de guerra, que comprenderá todo el material de esa
naturaleza existente en el territorio de la Nación. Que la Ley Nº
26.216 declara la emergencia nacional en materia de tenencia,
fabricación, importación, exportación, transporte, depósito,
almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación,
comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y
demás materiales controlados, registrados o no registrados.
Que el Artículo 2º -primera parte- la Ley Nº 24.492 establece que:
"Para la obtención de la condición de legítimo usuario de armas -del
tipo que fuere-, deberán cumplimentarse los recaudos establecidos en la
Ley 20.429, su decreto reglamentario 395/75, resoluciones ministeriales
y disposiciones del Registro Nacional de Armas".
Que el Artículo 1º de la Disposición RENAR Nº 197 del 23 de agosto de
2006 establece los requisitos que debe cumplir una persona para obtener
la condición de legítimo usuario de armas de fuego.
Que es necesario destacar que conforme la normativa vigente, la
condición de legítimo usuario es requisito excluyente no sólo para la
solicitud de tenencia o portación de armas de fuego, sino también para
la tenencia de chalecos antibalas, vehículos blindados y manipulación
de explosivos.
Que resulta necesario introducir nuevas condiciones para que el
legítimo usuario pueda obtener tanto la tenencia como la portación de
armas de fuego, a efectos de aumentar el control y restringir la
circulación de armas de uso civil.
Que por otro lado, existen altos índices de hechos de violencia,
amenazas e intimidación, que se encuentran probados en actuaciones
judiciales en materia de Derecho de Familia, del Trabajo, Civiles,
Comerciales, Administrativos y en Procesos Penales aunque no haya fallo
condenatorio, que no son conocidos por el Registro Nacional de Armas.
Que con carácter previo a la autorización de tenencia o portación de
armas de fuego es necesario que ese Registro pueda ampliar la capacidad
de conocimiento de los hechos de violencia, amenazas o intimidación que
tengan como autores a los solicitantes.
Que en atención, a que esos hechos de violencia pueden ser conocidos
por varias personas, resulta preciso dar participación a las personas y
entidades de la sociedad que tengan interés, para que puedan efectuar
oposiciones a las solicitudes de tenencia o portación de armas de fuego
de uso civil.
Que es pertinente dar mayor transparencia de los actos de la
administración pública y fortalecer los controles en la circulación de
las armas, toda vez que éstas son peligrosas en sí mismas.
Que desde el año 2003, se han reducido significativamente las
autorizaciones y renovaciones de tenencia de armas de fuego, y en mayor
medida a partir del año 2006 con motivo de la cantidad de requisitos
que se exigen.
Que por su lado, las portaciones desde el año 2003 a la fecha se han
reducido en un noventa y dos por ciento (92 %), en atención al carácter
restrictivo que debe tener la portación de armas de fuego, ya que ello
implica que una persona tenga un arma en condiciones de ser disparada
en cualquier momento y lugar.
Que se ha incrementado la fiscalización de los distintos actores que
intervienen en la comercialización y el uso de armas, efectuándose la
suspensión de la habilitación hasta que se diera cumplimiento con el
pago de las multas, inhabilitaciones de usuarios y el decomiso de armas.
Que en ese sentido, las políticas de desarme implementadas a partir del
año 2007, dieron un excelente resultado, en razón de que la sociedad ha
entregado más de ciento cuarenta y dos mil (142.000) armas de fuego.
Que es importante señalar que el equilibrio entre un mayor control de
armas de fuego y el otorgamiento de la tenencia en forma restringida,
sumado a la concientización para el desarme de la sociedad civil,
conlleva a una sociedad con menos armas y por lo tanto más segura.
Que con la finalidad de profundizar las mejoras en materia de
restricción de autorización de tenencia o portación se torna necesario
que los ciudadanos desarmados puedan oponerse a las solicitudes de las
mismas. Que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales se
ha expedido favorablemente entendiendo que es facultad del Registro
Nacional de Armas la publicación de la solicitud de tenencia o
portación de armas de fuego de uso civil por parte de los ciudadanos.
Que ha tomado intervención de su competencia la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de este Ministerio.
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por el
inciso 16 del Artículo 22 de la Ley de Ministerios Nº 22.520 y del
Artículo 2º de la Ley Nº 24.492.
Por ello,
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Resuelve:
Artículo 1º: Establécese el "Procedimiento de Participación Ciudadana
por Oposición para la Autorización de Tenencia o Portación de Armas de
Fuego", a efectos de que todos los ciudadanos, habitantes de la Nación
Argentina y entidades de sociedades que tengan interés, puedan oponerse
a esas solicitudes de tenencia o portación de armas de fuego, el cual
quedará redactado de conformidad con el Anexo I que forma parte
integrante de esta Resolución.
Artículo 2º: El procedimiento detallado en el Anexo I de esta
Resolución, será aplicable a las tramitaciones de solicitud de tenencia
o portación de armas de fuego que se encuentren pendientes de
resolución al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Artículo 3º: La presente entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Julio C. Alak.