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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Ladefa S.A.C.I. F.E.P.A. c/ Río de la Plata TV S.A. de Teledifusión Comercial Industrial Financiera Canal 13

Consolidación. Incumplimiento contractual. Crédito anterior al 1 de abril de 1991. Orden público. Interés aplicable.

Consolidación.  Incumplimiento contractual.  Crédito anterior al 1 de abril de 1991.  Orden público.  Interés aplicable.

L. 816. XLI. Recurso de Hecho. "Ladefa S.A.C.I. F.E.P.A. c/ Río de la Plata TV S.A. de Teledifusión Comercial Industrial Financiera Canal 13".

Suprema Corte:

- I -

A fs. 2957/2976 de los autos principales (a los que se referirán las siguientes citas), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala B) confirmó la sentencia de la instancia anterior en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ladefa S.A.C.I.F.E.P.A. contra Río de la Plata TV S.A. (en liquidación), a fin de obtener que se le abone una suma de dinero en concepto de resarcimiento por los daños derivados del incumplimiento del convenio celebrado el 15 de febrero de 1980, mediante el cual la actora adquirió y pagó por anticipado trescientos sesenta mil segundos rotativos de publicidad. En lo que aquí interesa, dispuso el tribunal que se adicionara al monto de la condena fijado los réditos "conforme la tasa activa ordinaria para operaciones de descuento a treinta días cobrada por el Banco Nación [...] capitalizable mensualmente [...] desde el 1-4-1991 hasta su efectivo pago".

- II -

Contra este pronunciamiento, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 2995/2997 que, denegado, dio origen a la presente queja. Expresa que le causa agravio que no se haya aplicado la Ley Nº 23.982, que es de orden público y fue dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de facultades de emergencia. Añade que la consolidación dispuesta por dicha ley comprende las obligaciones a cargo del Estado Nacional vencidas o de causa o título anterior al 1º de abril de 1991, y que se encuentra entre las personas enumeradas en su Artículo 2º, pues la liquidación de Río de la Plata S.A. y Proartel S.A. se lleva a cabo en la órbita de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación.

Al respecto, señala que el Estado Nacional declaró mediante el Decreto Nº 1.761/73 vencidas de pleno derecho las licencias otorgadas en 1958 a diversas empresas para la explotación de teledifusoras, entre ellas a Río de la Plata TV Sociedad Anónima de Teledifusión Comercial, Industrial y Financiera, adjudicataria de la licencia LS 85 TV Canal 13, momento a partir del cual esa empresa fue de patrimonio totalmente estatal (Artículos 1º y 7º del decreto citado). En virtud de la política implementada mediante la Ley Nº 23.696 se dispuso la privatización de diversas empresas que se encontraban en manos del Estado Nacional y, entre ellas, de LS 85 TV Canal 13 de la Ciudad de Buenos Aires, cuya consecuencia fue dejar sin objeto al conjunto de empresas encabezadas por Río de la Plata TV S.A., las que fueron declaradas disueltas y en estado de liquidación (Decreto Nº 830/89).

En cuanto a los intereses fijados por la sentencia apelada desde el 1º de abril de 1991 hasta el efectivo pago, sostiene que, al quedar la condena recaída en autos comprendida en los términos de la Ley Nº 23.982 y normas concordantes, debe ser cancelada mediante los procedimientos especiales que ellas establecen al efecto.

Como consecuencia de ello, destaca que las obligaciones consolidadas devengan solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente (Artículos 6º de la ley citada y 14, inc. a, del Decreto reglamentario Nº 2140/91) y, por lo tanto, concluye en que debe dejarse sin efecto la condena a pagar accesorios con posterioridad al 1º de abril de 1991.

- III -

A mi modo de ver, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible en los términos exigidos por el Artículo 14 de la Ley Nº 48, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la aplicación e interpretación de normas de índole federal y la decisión del superior tribunal de la causa -a la que cabe atribuir carácter definitivo en virtud de que los agravios planteados no son susceptibles de reparación ulterior- ha sido adversa a las pretensiones que la apelante funda en ellas.

- IV -

En cuanto al fondo del asunto, estimo que asiste razón a la apelante en cuanto a que el monto de la condena dispuesta en el sub lite debe ser cancelado mediante el procedimiento establecido por las leyes de consolidación de deudas del Estado. Ello es así, toda vez que, según surge de las actuaciones, el incumplimiento contractual sobre el que la actora fundó su reclamo se produjo con anterioridad a la fecha de corte que fija la Ley Nº 23.982, así como también que la demandada constituye un ente comprendido en su Artículo 2º, pues al haberse dispuesto su disolución y liquidación, sus obligaciones deben ser afrontadas con fondos del Estado Nacional (v. Artículo 7º del Decreto Nº 830/89).

De tales circunstancias se desprende claramente que al ordenar el fallo impugnado que corresponde el cálculo de intereses desde el 1º de abril hasta el efectivo pago a la tasa activa ordinaria para operaciones de descuento a treinta días cobrada por el Banco Nación, prescindió de disposiciones que resultan de inexcusable aplicación a los créditos anteriores al 1º de abril de 1991 habida cuenta del carácter de orden público que el legislador atribuyó al régimen de consolidación (Fallos: 326:1632), naturaleza que obliga al tribunal a considerar su aplicación en cualquier estado del proceso y aun cuando la accionada omita solicitarla (v. Fallos: 317:1342; 327:4176 y sentencia del 23 de mayo de 2006, in re A. 527, L. XXXIX, "Amapola S.A. c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ incumplimiento de contrato", que remite al dictamen de esta Procuración General).

Habida cuenta de lo expuesto, considero que se ha tornado insustancial el tratamiento de los agravios esgrimidos por la apelante en cuanto a los intereses que corresponde calcular, pues la consolidación de una deuda importa la obligación de que los acreedores se ajusten a las previsiones y mecanismos administrativos previstos por la Ley Nº 23.982, a fin de percibir los créditos reconocidos judicialmente. Sin perjuicio de ello, no parece ocioso recordar que los créditos a liquidarse judicialmente se deben expresar a la fecha de corte, es decir, al 31 de marzo de 1991 y, partir de allí, se devengan los intereses de los bonos de consolidación (v. Artículos 6º de la Ley Nº 23.982 y 14, inc. a, del Decreto Nº 2.140/91 y Fallos: 327:5313).

- V -

Opino, por tanto, que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, declarar admisible el recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2006.

Laura M. Monti

Buenos Aires, 17 de abril de 2007.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Ladefa S.A.C.I. F.E.P.A. c/ Río de la Plata TV S.A. de Teledifusión Comercial Industrial Financiera Canal 13", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, y lo concordemente dictaminado a fs. 200/201 vta. se deja sin efecto la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia de recurso. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese y remítase.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - Carmen M. Argibay.



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