Seleccione un autor deseado

cerrar
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Búsqueda Avanzada

cerrar

print zoom zoom

Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

"M., E. M. en representación de su hijo G., J. M. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta - amparo - recurso de apelación"

Derecho a la Salud. Amparo. Paciente menor de edad. Suministro de fármacos. Gastos de traslado y estadía para atención médica. Enfermedad crónica.

Derecho a la Salud. Amparo. Paciente menor de edad. Suministro de fármacos. Gastos de traslado y estadía para atención médica. Enfermedad crónica.

Salta, 7 de septiembre de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "M., E. M. en representación de su hijo G., J. M. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta - amparo ? recurso de apelación" (Expte. Nº 27.538/05), y

CONSIDERANDO:

1º) Que contra la sentencia de fs. 115/121 vta. que hizo lugar a la demanda y dispuso que el Instituto Provincial de Salud proporcione al menor J. M. G. la totalidad de la medicación que requiere para el tratamiento de su enfermedad granulomatosa crónica, con una cobertura del 100% en el tiempo que su médico tratante lo prescribiera, además de reconocerle los pasajes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los gastos de estadía indispensables para el niño y la persona mayor que lo acompañe, interpuso recurso de apelación la demandada a fs. 123.

Para así decidir, la Sra. Juez en grado inferior consideró que la pretensión de la actora de obtener mediante la demanda de amparo la cobertura del total de los medicamentos necesarios para el tratamiento del niño y los gastos de traslado a la ciudad de Buenos Aires para ser atendido en el Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, resulta procedente, al calificar de arbitraria y discrecional la negativa de la demandada de proveer lo reclamado fundada en las exigencias de la reglamentación de su actividad frente a las garantías constitucionales de la salud e integridad corporal de las que goza el menor, además de la protección que le otorga en tal sentido la Convención Internacional de los Derechos del Niño de raigambre constitucional. Igual criterio expone en relación a los gastos de traslado del menor y su acompañante para su asistencia en el mencionado establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Al expresar los agravios (fs. 130/ 132 vta.), el Instituto Provincial de Salud arguye la improcedencia tanto de la vía utilizada como de la cuestión de fondo resuelta. En relación a la demanda de amparo refiere su utilización indebida por cuanto en sede administrativa se dio inmediata satisfacción al pedido de la actora respecto de las medicinas solicitadas, circunstancia que hacía previsible igual resultado en lo tocante a los pasajes y gastos de estadía que recién en esta instancia judicial reclama, habiendo omitido transcurrir aquella senda previa en forma injustificada. Acerca del planteo sustancial efectuado en la demanda, manifiesta la ausencia de arbitrariedad en la decisión adoptada de suministrar a la afiliada de manera excepcional el 80% del valor de los medicamentos en el marco de la acuciante crisis económica y financiera. Refiere que el coseguro que deben abonar los afiliados a la obra social posee su fundamento normativo (ley 7127), circunstancia que enerva, en su criterio, todo reproche de ilegitimidad.

A fs. 147/148 vta. se pronuncia el Sr. Fiscal ante la Corte por el rechazo del recurso en mérito a los argumentos que allí explicita.

2º) Que en autos se encuentra incontrovertida la enfermedad diagnosticada al menor (ver estudios médicos agregados a fs. 7/20), de carácter incurable y de tratamiento permanente. Asimismo, tampoco se ha cuestionado la insuficiencia de los ingresos del grupo familiar para afrontar los gastos del tratamiento que requiere de manera impostergable el estado de salud del niño.

3º) Que hasta la reforma de 1994, no existía texto alguno de jerarquía constitucional que consagrara explícitamente el derecho a la salud. Si bien las obligaciones del Estado en la materia podían inferirse de la mención del carácter integral de la seguridad social, el otorgamiento de jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha modificado sensiblemente el panorama legal en cuestión (Artículo 75 inc. 22, CN).

En el mencionado Pacto, los Estados Partes se han comprometido a propender al derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, adoptando medidas para hacer efectivos tales derechos (CSJN, "Campodónico de Beviacqua Ana Carina vs. Ministerio de Salud y Acción Social", 24/10/2000, LL, 2001-C, 32). Asume así el Estado tales obligaciones con características proyectivas, comprometiendo la aplicación progresiva del máximo de los recursos posibles. Esto significa un esfuerzo constante que asume el Estado y que no se agota en un acto concreto, sino que debe ser una política continua y comprometida.

4º) Que con tales parámetros, los agravios propuestos por la demandada resultan vacuos e insuficientes para debilitar el deber jurídico asumido mediante la cláusula constitucional y los pactos internacionales.

Es que el goce de la salud, entendido en sentido amplio, importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía normativa (cfr. Preámbulo y Artículos 31, 33, 42, 43, 75 inc. 22, CN; 3 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12, incs. 1 y 2 ap. D, del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4 inc. 1, 5, inc. 1 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

En igual orden de consideraciones y con particular referencia al caso de autos, el interés de un menor debe ser tutelado por sobre otras consideraciones por todos los departamentos de gobierno (Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Esta norma expresamente dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor.

5º) Que en esas condiciones, comprobada la urgencia y el valor del derecho en juego que torna impostergable dar satisfacción al reclamo efectuado en la demanda, la vía utilizada en el caso resulta innegablemente idónea.

En efecto, frente a la fuerza normativa de la Constitución, los derechos y garantías no son meras fórmulas teóricas sino que poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Su solo reconocimiento en el documento constitucional lo torna operativo resultando, de suyo, exigible su cumplimiento aún en ausencia de norma general infraconstitucional que desarrolle y concretice el contenido del derecho constitucional [?]. A diferencia de los derechos civiles ?que imponen un "no hacer", "no interferir"- los derechos sociales prestacionales exigen un dar o hacer. Tienen en mira propender hacia alguna forma de equilibrio o igualdad, procurando corregir las desigualdades de hecho a través de un régimen diferenciado (cfr. Patricio Sammartino, Principios Constitucionales del Amparo Administrativo, p. 128, Lexis Nexis, 2003).

En consecuencia, en la especie, al ser el organismo demandado la obra social destinada a la asistencia del personal dependiente del gobierno provincial, a la que la accionante se encuentra obligatoriamente afiliada, resulta procedente su reclamo a fin de no tornar utópico el reconocimiento de los derechos antes mencionados.

De tal manera, luce contradictorio el agravio esgrimido respecto a la omisión de la actora de haber peticionado en sede administrativa los pasajes y gastos de estadía referidos, ya que si no manifestó ninguna oposición en cuanto a su reconocimiento, no puede soslayar la urgencia del caso y pretender que se rechace la demanda por una razón de neto corte ritual para que, de inmediato y necesariamente, la actora deba retomar la vía administrativa para reiterar igual petición que, conforme los propios dichos del Instituto demandado, tendrían acogida.

6º) Que por último, respecto de las dificultades presupuestarias invocadas por la demandada, la tensión entre la obligación constitucional del Estado de proveer servicios médicos adecuados y la necesidad de contar con recursos económicos para prestarlos, debe resolverse a favor de la primera. Es decir que el Estado no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financieras. Por lo demás, no basta con una simple afirmación, sino que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción (cfr. María Claudia Caputi, La tutela judicial de la salud y su reivindicación contra los entes estatales, LL, Suplemento de Derecho Administrativo, 19 de abril de 2005, p. 21).

7º) Que en definitiva, corresponderá confirmar la sentencia apelada. Con costas por los principios generales del vencimiento.

Por ello;

La Corte de Justicia,

Resuelve:

I. Rechazar el recurso de apelación de fs. 123 y, en su mérito, confirmar la sentencia de fs. 115/121 vta. Con costas.

II. Mandar se registre y notifique.

Guillermo A. Posadas - Edgardo Vicente - María Cristina Garros Martínez - Antonio Omar Silisque - María Rosa I. Ayala



IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

Envie su comentario

Nombre
Mail (este campo no sera publicado)
Mensaje (maximo 4.000 caracateres)

Esta nota no posee comentarios

Login

Buscador

....