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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Transp. y Const. S.A. y S.A. de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino c/ DGI s/ acción declarativa de inconstitucionalidad

Derecho tributario. Impuesto al valor agregado. Servicio de recolección de servicios domiciliarios en la vía pública. Perfeccionamiento del hecho imponible. Cancelación mensual. Procedencia del recurso.

Derecho tributario. Impuesto al valor agregado. Servicio de recolección de servicios domiciliarios en la vía pública. Perfeccionamiento del hecho imponible. Cancelación mensual. Procedencia del recurso.

T. 800. XXXVIII. "Transp. y Const. S.A. y S.A. de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino c/ DGI s/ acción declarativa de inconstitucionalidad".

Suprema Corte:

- I -

A fs. 376/379, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, al modificar lo decidido en la instancia anterior, declaró inaplicable el Artículo 8.2 del Decreto Nº 2.633/92, reglamentario del Artículo 5º, inc. b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (texto sustituido por Ley Nº 23.349, al que se referirán las siguientes citas).

Para así decidir, consideró que el citado Artículo 8.2 actúa sólo en aquellos supuestos en los cuales no se establece el plazo final de la prestación, a diferencia de lo que sucede en autos, donde el acuerdo suscripto entre la actora y la Municipalidad de General Sarmiento fija -en forma expresa- que se prolongaría por el lapso de cuatro años, contados desde el 1º de enero de 1994, con opción a prórroga a favor de la Municipalidad por dos años más.

- II -

Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 382/386, que fue concedido a fs. 394.

Afirmó que el pronunciamiento confunde el "plazo de duración del contrato" con el momento de "terminación de la prestación" convenida. Reconoce que el primero es de cuatro años, con opción de prórroga, pero sostiene que la segunda no se encuentra pactada expresamente.

Por tal motivo, ratificó la aplicación de lo dispuesto por el Artículo 8.2 del Decreto Nº 2.633/92, el cual regula que -cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su culminación- se entenderá que tiene cortes resultantes de la existencia de un período base de facturación mensual, considerándose al hecho imponible perfeccionado a la finalización de cada mes calendario.

Señaló que el criterio del a quo impediría al Fisco exigir el impuesto hasta que transcurra el plazo de cuatro años fijado para la finalización del contrato cuando, por imperio del reglamento declarado inaplicable, el tributo debería liquidarse en forma mensual.

- III -

TYCSA (Transportes y Construcciones S.A.), SADOYEAV (Sociedad Anónima de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino) y Román S.A.C. UTE celebró con la Municipalidad de General Sarmiento el convenio Nº 7/94, por medio del cual la primera se comprometió a prestar el servicio de recolección de servicios domiciliarios en la vía pública durante cuarenta ocho meses, contados a partir del 1º enero de 1994, con opción a prórroga en favor de la segunda por hasta veinticuatro meses más (cfr. cláusulas primera y cuarta, fs. 14).

Por este servicio, la Municipalidad debía abonar la suma de pesos trescientos setenta y un mil ochocientos noventa y ocho con veinticuatro centavos ($371.898,24) por una efectiva prestación mensual de veinticuatro (24) días promedio (cfr. cláusula quinta, fs. 15).

Los abonos serían mensuales, para lo cual las prestaciones debían ser facturadas por mes vencido y su cancelación operaría dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la conformidad de la Secretaría de Obras y Servicios, deduciéndose de la facturación los montos que correspondan (cfr. cláusula sexta, fs. 15).

Sobre la base de lo así pactado, opino que asiste razón a la demandada en cuanto sostiene que el a quo ha confundido el "plazo de duración del contrato" con el momento de "terminación de la prestación" convenida.

En efecto, mientras que el primero se extiende durante cuarenta y ocho (48) meses, con opción a prórroga, resulta claro que la prestación de servicios comprometida por la UTE concluye al final de cada mes, sobre la base de una efectiva labor de veinticuatro (24) días promedio, a cuyo término nace un nuevo período de ejecución, distinto del anterior.

Tal afirmación queda corroborada por la particularidad de que la finalización de cada prestación mensual es la que fija el precio de los efectivos servicios brindados y genera a la UTE el derecho a exigir su cobro, para la cual emite la correspondiente factura por mes vencido. Así, la Secretaría de Obras y Servicios del Municipio prestará la conformidad necesaria para el pago, deduciendo -según cada particular prestación mensual- los montos que correspondan.

En tales condiciones, la sentencia recurrida -al afirmar que la prestación concluye a los cuarenta y ocho (48) meses de celebrado el contrato- no satisface sino en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la causa, por lo que correspondería atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad que imputa a lo resuelto (Fallos: 261:209; 262:144; 308:719 y sus citas, entre otros).

Debo señalar que una interpretación contraria, que considere el hecho imponible perfeccionado recién a la finalización del convenio, obligaría a computar los pagos mensuales recibidos por la actora como anticipos del precio final, criterio que no surge del contrato y se aparta de lo plasmado en su sexta cláusula, donde se refiere expresamente a la "cancelación" de la prestación, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la conformidad de la Secretaría de Obras y Servicios. Precisamente, este efecto cancelatorio, consensuado por las partes, indica -desde mi óptica- que se trata de pagos definitivos, que extinguen la deuda nacida como consecuencia de la prestación mensual ejecutada.

Para finalizar, estimo que la solución que se propicia torna inoficioso el análisis de la constitucionalidad del Artículo 8.2 del Decreto Nº 2.633/92.

- IV -

Por las razones expuestas, opino que corresponde revocar la sentencia de fs. 376/379 y ordenar que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a lo aquí dictaminado.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2004

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 11 de abril de 2006.

Vistos los autos: "Transp. y Const. S.A. y S.A. de Obras y Emprendimientos Ambientales Venturino c/ DGI s/ acción declarativa de inconstitucionalidad".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente tratadas en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, cuyos fundamentos son compartidos por esta Corte, y a los que corresponde remitirse a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y devuélvase a fin de que el a quo, por quien corresponda, dicte un nuevo fallo.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay (en disidencia).

Disidencia de la Señora Ministra doctora Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario, con costas. Notifíquese y devuélvase.

Carmen M. Argibay



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