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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros

Concursos y quiebras. Ineficacia de los actos generados durante el período de sospecha. Procedimientos establecidos en la Ley Nº 24.522. Requisitos del fallo. Omisiones. Defectos sustanciales. Procedencia del recurso.

Concursos y quiebras. Ineficacia de los actos generados durante el período de sospecha. Procedimientos establecidos en la Ley Nº 24.522. Requisitos del fallo. Omisiones. Defectos sustanciales. Procedencia del recurso.

A. 1686. XL. "Argentina Televisora Color c/ Sebastián Maronese e Hijos S.A. y otros".

Suprema Corte:

- I -

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvió a fs. 124 de los autos principales (folios a los que me referiré de ahora en más) revocar la decisión de primera instancia que había hecho lugar a la revocatoria concursal promovida por la sindicatura contra el crédito hipotecario del hoy Banco Francés S.A.

Para así decidir, el a-quo con remisión a los fundamentos del dictamen del Fiscal General, señaló que los Artículos 122 y 123 de la Ley Nº 19.551 y 118 y 119 de la Ley Nº 24.522, son aplicables en el trámite de quiebra y no en el concurso preventivo, por lo que al haberse decretado la quiebra de la deudora con fecha 5 de agosto de 1998 bajo la vigencia de la Ley Nº 24.522, no procedía la ultra-actividad de la ley derogada.

- II -

Contra dicha resolución la sindicatura interpuso recurso extraordinario a fs.132/139, el que desestimado a fs. 150, dio lugar a esta presentación directa.

Señala el recurrente que la sentencia impugnada es arbitraria al omitir el tratamiento de cuestiones conducentes para la solución del litigio, tales como el alegado carácter no vencido de las obligaciones, porque prescinde de prueba relevante como es la prueba documental e informativa del propio Banco, de la que surgía el destino de los fondos y la ilegal maniobra que se encubría, e ignora o contradice constancias comprobadas del proceso, como es el caso del resumen del saldo de cuenta corriente, todo lo cual conduce a que la sentencia no constituya la derivación razonada de las constancias de la causa a la luz del derecho aplicable.

- III -

Cabe señalar que si bien VE ha dicho que el recurso extraordinario no tiene por objeto revisar decisiones relativas a la apreciación e interpretación que efectuaron los jueces de la causa de cuestiones de hecho, prueba y normas de derecho común, ha admitido excepciones a tal criterio cuando la sentencia impugnada carece de los requisitos mínimos que la sustenten como acto jurisdiccional.

Creo que tal circunstancia se verifica en el sub-lite, si se advierte que el tribunal a-quo en su fallo de fs. 124, con el sólo argumento de que en el caso resultaban aplicables las normas de la Ley Nº 24.522, revocó el fallo de primera instancia que había declarado la ineficacia de la hipoteca constituida a favor del acreedor durante el período de sospecha, y tal decisión conforma la sentencia definitiva respecto a la validez del crédito cuestionado.

Así lo pienso por cuanto la ley de concursos prevé dos procedimientos para declarar la ineficacia de los actos generados durante el período de sospecha, la del Artículo 119, que tramita por vía contenciosa ordinaria y la del Artículo 118, que es la ejercida en autos, donde la declaración de ineficacia no requiere de tramitación alguna y le basta al tribunal con verificar que se den los recaudos contemplados en la ley, uno de los cuales fue invocado por la sindicatura y no mereció decisión alguna del juzgador.

Considero, entonces, que por la naturaleza de la cuestión y los alcances de la decisión, el sentenciador, además de indicar qué norma resultaba aplicable, que fue sólo una de las cuestiones discutidas, debió analizar y resolver si el crédito cuestionado se hallaba o no alcanzado por las previsiones de la norma que dice aplicable y declarar, concretamente si el acto es o no eficaz, carencia que torna al fallo en una declaración abstracta.

Procede poner de relieve que la sindicatura, al tiempo de promover el pedido de declaración de ineficacia, además de invocar la aplicación de la Ley Nº 19.551, también sustentó su pretensión en las disposiciones de la Ley Nº 24.522 (ver fs. 85 segundo párrafo) y que tal cuestión fue motivo de agravios y consideración en el memorial de apelación del acreedor y en el conteste de la sindicatura (ver fs. 100/101 y 114 vta respectivamente) en tanto se discutía si se trataba de la cancelación de obligaciones no vencidas, aspecto que tampoco fue considerado por el tribunal.

Valga destacar que tal omisión se da no obstante que el tema fue analizado por el Fiscal General en su dictamen, quien aludió a la inexistencia de elementos suficientes que permitieran acreditar si se trataba de la cancelación de deuda no vencida, lo que puntualizó guardaba relevancia porque el depósito para la cancelación de las obligaciones asumidas en la cuenta corriente se realizó al día siguiente del otorgamiento del préstamo con garantía hipotecaria, agregando que, en todo caso, ello podía ser objeto de tratamiento en el marco de un procedimiento de mayor campo cognoscitivo.

Omite además el fallo ponderar los argumentos de la sindicatura relativos a elementos de juicio que surgirían de un incidente de investigación que tramitó respecto del crédito cuestionado, o la alegada inexistencia de constancias que acrediten la efectiva entrega de los fondos del préstamo hipotecario, ni considera constancias que surgirían de los informes individual y general de la sindicatura en el concurso preventivo, donde el funcionario había fundamentado el carácter revocable al acto.

De igual manera, la sentencia no trata la denunciada reticencia del acreedor en acompañar documentación en su poder que le fue requerida a los fines de acreditar sus dichos acerca de que se trataba de deuda vencida y que, por ello, el acto no era alcanzado por el supuesto 3º del Artículo 118 de la Ley Nº 24.522, ni analiza los alcances procésales de tal actitud, argumentos sostenidos por el síndico en el conteste al memorial de apelación del Banco Francés, todo lo cual predica la existencia de sustanciales defectos en el fallo que lo descalifican como acto jurisdiccional en el marco de la doctrina de arbitrariedad acuñada por VE.

Por todo ello, opino que VE debe hacer lugar a la presente queja, conceder el recurso extraordinario, dejar sin efecto el fallo apelado y mandar se dicte nueva sentencia con ajuste a derecho.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2004

Felipe Daniel Obarrio

Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el síndico en la causa Compañía Importadora de Aceros s/ quiebra c/ Banco Francés S.A.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Acumúlese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda (en disidencia) - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti (en disidencia) - Carmen M. Argibay (en disidencia) - Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso - Horacio Jose Aguilar.

Disidencia del los Señores Ministros doctores Don Juan Carlos Maqueda, Don Ricardo Luis Lorenzetti y Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Hágase saber al señor juez de la quiebra que el concurso adeuda el depósito previsto en el Artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que deberá hacerse efectivo en la oportunidad adecuada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 182 de la Ley Nº 24.522. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Juan Carlos Maqueda - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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