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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Ortiz Iramain, Alejandro Rodolfo c/ ANSeS s/ restitución de beneficio -cargo c/ beneficio- medida cautelar

Seguridad social. Impugnación judicial del acto que acuerda un beneficio. Acto firme. Caracteres. Recurso carente de fundamentación. Se confirma decisorio.

Seguridad social. Impugnación judicial del acto que acuerda un beneficio. Acto firme. Caracteres. Recurso carente de fundamentación. Se confirma decisorio.

O. 14. XXXVII. "Ortiz Iramain, Alejandro Rodolfo c/ ANSeS s/ restitución de beneficio -cargo c/ beneficio- medida cautelar"

Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.

Vistos los autos: "Ortiz Iramain, Alejandro Rodolfo c/ ANSeS s/ restitución de beneficio -cargo c/ beneficio- medida cautelar".

Considerando:

1°) Que el señor Juez Federal de la provincia de Catamarca, al hacer lugar a la demanda (fs.5/13 y fs.67), declaró la nulidad de la resolución de la ANSeS Nº 33.645/97 por la cual se había revocado una decisión anterior del Instituto Provincial de Previsión Social y dado de baja a la jubilación por retiro voluntario acordado en los términos de las leyes 4094 y 4785 (fs. 45/46, expte. adm. 75.402); asimismo tuvo por firme una resolución posterior de la ANSeS por la cual se le reconoció al actor el derecho al referido beneficio y declaró la inconstitucionalidad del Artículo 21 de la Ley Nº 24.463 e impuso las costas a la demandada.

2°) Que la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó dicho pronunciamiento con relación al tema de fondo y lo revocó respecto de la declaración de in- constitucionalidad del Artículo 21 de la ley de solidaridad, distribuyendo las costas por su orden. Sostuvo que pese a los esfuerzos interpretativos efectuados por la ANSeS, las constancias de la causa demostraban en forma indubitada que después de la revocación de la primer resolución que otorgó el retiro voluntario por parte del instituto provincial, la Administración Nacional de la Seguridad Social dictó un nuevo acto administrativo, con carácter definitivo, que importaba un virtual allanamiento a las pretensiones del actor.

3°) Que el a quo rechazó la afirmación de la recurrente respecto a que no se encontraba firme la segunda resolución que reconocía el derecho al retiro voluntario, pues las constancias del expediente demostraban que había sido notificada y consentida por el interesado, razón por la cual hizo valer la doctrina según la cual nadie puede alegar un derecho que vaya en contra de sus propios actos, ni resulta permitido contradecir una conducta jurídicamente relevante y eficaz que importe una postura incompatible con la asumida con anterioridad.

4°) Que, por lo tanto, la cámara se abstuvo de examinar los agravios que se referían a la valoración de la prueba efectuada por el juez de primera instancia con referencia al fondo del asunto, prueba que lo había llevado a desechar las conclusiones del organismo acerca de la verificación de servicios e indagación vecinal practicada en razón de que, según sostuvo, carecía de eficacia frente a la certificación extendida por el intendente de la Municipalidad de Paclin, avalada en ese aspecto por los dichos de tres testigos compañeros de trabajo del demandado.

5°) Que contra ese pronunciamiento la demandada dedujo recurso ordinario de apelación, que fue concedido a fs. 212 y fundado a fs. 224/226. Afirma que el tribunal no examinó el alcance que correspondía asignar a la última resolución del organismo previsional; que frente a la urgencia del trámite la decisión tuvo la finalidad de rehabilitar la prestación para cumplir con la medida cautelar dispuesta y no incurrir en desobediencia, lo que habría motivado el error excusable de su parte.

6°) Que la recurrente efectúa también una serie de apreciaciones de doctrina y citas de jurisprudencia acerca de la teoría de los actos propios, para concluir que no debía aplicarse al caso por estar en juego intereses sociales que debían prevalecer sobre el individual, como también por discutirse una declaración de voluntad imperfecta de su parte en razón de mediar error, o sea ausencia de un elemento fundamental que imponía a los jueces apreciar con prudencia el vicio invocado al dictar la resolución.

7°) Que la decisión que otorgó al actor la jubilación por retiro voluntario en el año 1995, estableció que dicho beneficio se acordaba sujeto a modificaciones si se comprobara con posterioridad que los servicios certificados no concordaban con los registros obrantes en el instituto de previsión local. En el año 1996 la demandada efectuó una verificación en la aludida Municipalidad de Paclin, no encontrando sus inspectores documentación que corroborara la prestación de los servicios denunciados por el interesado; tampoco obtuvieron resultados favorables en la constatación vecinal, razón por la cual se revocó el acto administrativo y se dio de baja el retiro voluntario.

8°) Que remitidos los autos a fin de que se cumpliera con la medida cautelar ordenada por la alzada a raíz de la impugnación judicial de dicho acto, la administración dictó una nueva resolución en el año 1997 en la cual se consignó "[...] visto el pedido de beneficio formulado en autos, las constancias acumuladas y las normas pertinentes de la Ley Nº 4.094, sus modificatorias y reclamaciones vigentes. Considerando que se han acreditado los requisitos que dan derecho a la prestación gestionada y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 1.187/96, se aconseja adoptar la siguiente resolución: otorgar retiro voluntario a don Ortiz Iramaín, Alejandro R. [...]" (Resolución Nº 3.483/97, cfr. fs.46).

9°) Que frente al traslado de la ampliación de la demanda motivada por el nuevo acto de la administración, el organismo apelante nada dijo al respecto, ni tampoco lo hizo en el memorial presentado con motivo del recurso ordinario acerca de las impugnaciones relacionadas con la valoración de la prueba efectuada en primera instancia sobre el fondo del asunto, que había conducido al magistrado a tener por acreditado el derecho al beneficio jubilatorio más allá del alcance que pudiera asignarse al acto de reconocimiento del derecho del actor, aspecto que hacía a la fundamentación de la apelación aun cuando la cámara hubiese soslayado su tratamiento por considerarlo sobreabundante.

10) Que, por lo demás, los agravios sometidos a conocimiento del Tribunal no tienen entidad que justifique la modificación de la sentencia pues se limitan a transcribir citas de jurisprudencia y doctrina vinculadas con un error que resultaría excusable, pero no se hacen cargo de desvirtuar las razones expresadas para otorgar eficacia al acto administrativo que otorgó el retiro voluntario por encontrarse reunidos los requisitos legales en razón de haber sido dictado por autoridad competente, notificado y consentido por la parte interesada, sin que con posterioridad el organismo haya emitido resolución alguna que invalidara lo resuelto.

Por ello, se declara procedente el recurso ordinario de apelación y se confirma la sentencia. Costas por su orden. Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni.



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