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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Fontoura, Ana María c/ ANSES s/ reapertura del procedimiento administrativo

Seguridad social. Reconocimiento de servicios. Alcance de la jurisdicción revisora de los tribunales. Procedencia.

Seguridad social. Reconocimiento de servicios. Alcance de la jurisdicción revisora de los tribunales. Procedencia.

F. 309. XXXVIII. "Fontoura, Ana María c/ ANSES s/ reapertura del procedimiento administrativo".

Buenos Aires, 25 de octubre de 2005.

Vistos los autos: "Fontoura, Ana María c/ ANSeS s/ rea- pertura del procedimiento administrativo".

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, al confirmar el fallo de la instancia anterior, revocó la resolución administrativa que había denegado la reapertura del procedimiento y ordenó a la ANSeS que dictara un nuevo acto que tuviera en cuenta las pruebas producidas, la actora dedujo recurso ordinario de apelación que fue concedido de acuerdo con el Artículo 19 de la Ley Nº 24.463.

2°) Que asiste razón a la apelante cuando alega que las instancias anteriores soslayaron el examen de la cuestión de fondo relacionada con el reconocimiento de los servicios denunciados, pues los tribunales intervinientes sólo se pronunciaron sobre de la reapertura del procedimiento, aspecto que no daba una adecuada respuesta a la principal pretensión de la actora.

3°) Que la cuestión planteada hace necesario destacar que la parte había solicitado en sede administrativa que se reabriera la instancia y había acompañado copia de la declaración jurada de personal remitida por la empleadora a la obra social. La ANSeS rechazó el pedido sin hacer mérito de tal constancia y posteriormente aclaró, por carta a la peticionaria, que tal documento resultaba ineficaz por tratarse de una copia simple, lo cual revela que no hizo uso de las amplias facultades que el Artículo 1°, inciso a, de la Ley Nº 19.549 le otorga para establecer la veracidad de los hechos sometidos a su conocimiento (fs. 6/7, 20, 23 y 26 del expediente 024-271121691-5-118 anexo).

4°) Que después de haberse tramitado el juicio de conocimiento pleno, puede afirmarse que traduce un exceso ritual manifiesto la decisión de la cámara que puso el énfasis en el principio inquisitivo que rige el procedimiento administrativo y señaló que corresponde que el organismo administrativo dirija el procedimiento y practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión, habida cuenta de que el ejercicio de tal potestad fue deliberadamente omitido por el ente previsional (fs. 71).

5°) Que al decidir de ese modo, la alzada no advirtió que el juez había ordenado la producción de toda la prueba ofrecida por la actora al demandar y que dicha providencia fue consentida por la demandada, por lo que el magistrado no podía declinar en favor del ente previsional su deber de examinar los elementos de juicio agregados a la causa con la etapa probatoria, máxime cuando dichos elementos habían sido ofrecidos en la instancia administrativa a los efectos de la reapertura del procedimiento y resultaban conducentes para la solución del caso (fs. 22).

6°) Que ello es así pues si la Ley Nº 24.463 ha establecido un cambio sustancial en el proceso al prever como modo de impugnación de las resoluciones de la ANSeS la demanda de conocimiento pleno a tramitarse por las reglas del juicio sumario, no cabe sino concluir que la jurisdicción revisora de los tribunales se ha ampliado al punto de tratar a la demandada como una parte más, sin otros derechos que los que resultan de la propia ley y de esa condición (Fallos: 326:1436 "Domínguez"), por lo que la orden de devolver las actuaciones a la esfera administrativa desnaturaliza el propósito que tuvo en mira la mentada modificación procesal.

7°) Que por ello, procede que este Tribunal se pronuncie respecto de la pretensión de la actora de que se reconozcan los servicios denunciados como prestados para la empresa "Ganam S.R.L.". La ANSeS admitió las labores desempeñadas para esa firma durante los años 1971 y 1972, y denegó tanto el período comprendido entre el 8 de septiembre de 1969 y el 31 de diciembre de 1970, como el transcurrido entre el 1° de enero de 1973 y el 31 de mayo de 1974. Este último lapso de trabajo se encuentra fehacientemente demostrado por la declaración jurada de personal remitida por la empleadora a la Obra Social para Empleados de Comercio en junio de 1974, de la surge que la afiliada era vendedora y había ingresado a la empresa en el año 1971 (fs. 5 de la expediente administrativo citado y 32 del principal).

8°) Que dicha constancia, por otra parte, no resulta suficiente para acreditar el otro período debatido (1969/1970), pues de ella se desprende que antes de 1971 la actora no pertenecía a la nómina de personal de la compañía, sin que las declaraciones testificales de una clienta del negocio y de una compañera de trabajo logren desvirtuar la fuerza probatoria de tal documento.

9°) Que en tales condiciones, y atento a que en esta materia no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela (Fallos: 288:249 y 439; 289:148; 293:148; 293:304; 294:94 y 310:1465, entre otros), corresponde revocar la sentencia apelada y reconocer los servicios prestados por la actora entre el 1° de enero de 1973 y el 1° de junio de 1974.

Por ello, se declara procedente el recurso ordinario, se revoca la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda con el alcance indicado. Notifíquese y devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti.



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