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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

AFIP c/ Yamanouchi Takaaki s/ ejecución fiscal

Ejecución fiscal. Cobro de aportes y contribuciones previsionales. Plazo para impugnar en sede administrativa la determinación de la deuda. Aplicación de la Ley Nº 18.820 y de la Resolución General (AFIP) Nº 79. Imposibilidad de prórroga. Procedencia del recurso.

Ejecución fiscal. Cobro de aportes y contribuciones previsionales. Plazo para impugnar en sede administrativa la determinación de la deuda. Aplicación de la Ley Nº 18.820 y de la Resolución General (AFIP) Nº 79. Imposibilidad de prórroga. Procedencia del recurso.

A. 97. XL. "AFIP c/ Yamanouchi Takaaki s/ ejecución fiscal".

Suprema Corte:

- I -

A fs. 45/46, el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de San Juan hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y, en consecuencia, rechazó la ejecución promovida contra Yamanouchi Takaaki por el cobro de aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social, determinados por acta de inspección Nº 425/1/1 y de infracción Nº 425/1/2.

Para así resolver, afirmó que aquellas actas, notificadas el 2 de diciembre de 2002, fueron válidamente impugnadas por la ejecutada en sede administrativa el 7 de enero de 2003, pues debe aplicarse el plazo de quince días y su prórroga previsto en el Artículo 17 de la Ley Nº 11.683, conforme la remisión que efectúa el Decreto Nº 2.102/93.

Por ello, consideró a la deuda inexigible hasta tanto no se resuelva el cuestionamiento administrativo de la demandada, que no ha sido controvertido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, en adelante) salvo en cuanto a su extemporaneidad.

- II -

Disconforme, el Fisco Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 51/57, concedido a fs. 67/68 en cuanto se debate el alcance e interpretación de normas de carácter federal.

En primer término, denunció que el a quo confunde la normativa aplicable para la solución del caso, pues el procedimiento recursivo para las determinaciones de deuda previsional se rige por la Ley Nº 18.820 y la resolución general (AFIP) 79, las que prevén un plazo de quince (15) días para presentar la impugnación, sin posibilidad de prórroga.

Indicó que si bien el Decreto Nº 2.102/93 establece que será aplicable -en relación con los recursos de la seguridad social definidos en el Artículo 3º del Decreto Nº 507/93- el Artículo 17 de la Ley Nº 11.683, tal remisión ha sido al texto ordenado en 1978 y no al correspondiente a 1998, como erróneamente entendió el pronunciamiento.

Concluyó que tal confusión pone en riesgo la capacidad recaudatoria del Fisco Nacional, lo cual excede su propio interés para revestir, por el contrario, gravedad institucional.

- III -

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, en tanto se ha puesto en tela de juicio la interpretación y aplicación de normas de carácter federal (Leyes Nros. 11.683 y 18.820, Decreto Nº 2.102/93 y Resolución General AFIP Nº 79) y la decisión ha emanado del superior tribunal de la causa, conforme resulta del Artículo 92 de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1998), tras la modificación introducida por la Ley Nº 23.658.

Por otra parte, pienso que los términos en que ha sido acogida la defensa de inhabilidad de título tornan al pronunciamiento asimilable a la sentencia definitiva a que alude el Artículo 14 de la ley 48, pues hizo lugar a la excepción fundándose en la validez de la prórroga presentada en sede administrativa por el ejecutado y el agravio que de ello resulta no puede ser revisado en trámite ulterior, donde no sería ya procedente (Artículo 553, cuarto párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arg. de Fallos: 294:363; 315:2954; 324:1287).

- IV -

Desde mi perspectiva, asiste razón a la actora cuando señala que la impugnación del acta de inspección Nº 425/1/1 y de infracción Nº 425/1/2, notificadas el 2/12/02, se rige por el procedimiento establecido en la Ley Nº 18.820 y en la resolución general (AFIP) Nº 79 (cfr. Artículos 1º y 2º de esta última).

El Artículo 11 de la Ley Nº 18.820 fija un plazo "perentorio" de quince (15) días hábiles siguientes a la intimación para manifestar disconformidad con la deuda determinada. A su turno, la resolución general (AFIP) Nº 79 establece que la presentación debe realizarse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente, inclusive, al de la notificación del acta (pto. 2.1. del anexo I de la resolución general AFIP Nº 79).

Frente al silencio de ambas normas en lo atinente a la posibilidad de solicitar prórrogas en ese plazo, considero equivocado fundarla en lo dispuesto por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.102/93, pues él declara aplicable el Artículo 17 de la Ley Nº 11.683 en su texto ordenado en 1978, el cual regula un aspecto ajeno al sub judice.

En efecto, la citada norma establece: "Las personas mencionadas en los incs. a), b) y c) del artículo anterior tienen que cumplir por cuenta de los representados y titulares de los bienes que administran o liquidan, los deberes que esta ley y las leyes impositivas imponen a los contribuyentes en general para los fines de la determinación, verificación y fiscalización de los impuestos. Las personas mencionadas en los incs. d) y e) de dicho artículo tiene que cumplir los mismos deberes que para esos fines incumben también a las personas, entidades, etc., que con ellas se vinculan" (texto según Decreto Nº 2.861/78, ADLA XXXVIII-D-3476).

En tales condiciones, pienso que el fallo cuestionado prescinde de las normas aplicables al caso (Artículo 11 de la Ley Nº 18.820 y pto. 2.1. del anexo I de la resolución general AFIP Nº 79) y trasunta un análisis erróneo de la remisión dispuesta por el Decreto Nº 2.102/93, razón por la cual estimo que procede su revocación.

- V -

Por lo expuesto, opino que debe dejarse sin efecto la sentencia de fs. 45/46 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 8 de julio de 2005

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 25 de abril de 2006.

Vistos los autos: "AFIP c/ Yamanouchi Takaaki s/ ejecución fiscal".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones expuestos en el dictamen del señor Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. fs. 79/80), a los que corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto a fs. 51/57 y se revoca la sentencia en cuanto ha sido materia de apelación. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay (en disidencia).

Disidencia de la Señora Ministra doctora Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Que el recurso extraordinario no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (Artículo 14 de la Ley Nº 48).

Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se declara improcedente el recurso extraordinario, con costas. Notifíquese y devuélvase.

Carmen M. Argibay



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