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Buenos Aires, 06/07/2005
Revista: Ediciones Especiales
 

El contribuyente no es un súbdito

Alejandro C. Altamirano

Por Alejandro C. Altamirano

Una vez más, el fisco de la provincia de Buenos Aires acude a la espectacularidad mediática para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; en este caso, con operativos en las salidas de los hoteles para parejas. Este curioso mecanismo de control -no previsto en las normas tributarias provinciales- parece olvidar que fueron situaciones como éstas las que construyeron la doctrina del fruto del árbol venenoso (ineficacia jurídica de la obtención de datos obtenidos irregular u ocasionalmente).

No se discute que el fisco provincial trata de cumplir con su obligación de recaudar. Sin embargo, en el cumplimiento de ese propósito, elige formas que no son jurídicamente aptas, lucen económicamente costosas y parecen prácticamente ineficaces. ¿Puede alguien creer que este mecanismo puede inducir a eventuales contribuyentes morosos a que cumplan? Ya se probó con mecanismos espectaculares que han resultado jurídicamente inconducentes porque varios fallos judiciales los fulminaron por afectar garantías constitucionales.

Esto se enrola en el "masomenismo" argentino (expresión que engloba todo aquello que se realiza sin valores, sin normas, al margen de la ley, vigorizando la anomia). Las cosas se hacen como salga, después se analiza si se ajusta o no al Derecho aplicable.

El Estado debe dar ejemplos. Si existe una deuda por patentes impagas, la obligación de la administración es ejecutar judicialmente dicha deuda. El contribuyente no es un súbdito; no es una cosa que se administra; es un ciudadano que debe cumplir con sus obligaciones y si no lo hace, el ordenamiento jurídico -en este caso provincial- cuenta con los mecanismos que todo normal Estado de Derecho le acuerda para perseguir el cobro de su contribución adeudada. Además, el contribuyente tiene derechos, por ejemplo a la privacidad, tan vinculado con el curioso mecanismo que se intenta implementar.

Debería probarse con mejores servicios, mejor educación, mejor seguridad y un mejor sistema de salud (esos contribuyentes los tienen que contratar individualmente pues asumen que el Estado provincial no puede prestarlos adecuadamente), así como con la aplicación judicial de la hoy inexistente responsabilidad del funcionario público. Seguramente con esos objetivos los deudores se minimizarían y se lograría mejor conciencia tributaria y mayor recaudación.

El autor es director del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral.

La Nación - Sección Economía - 05/07/2005



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