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Buenos Aires, 27/10/2005
Revista: Ediciones Especiales
 

Coparticipación: no más dilaciones

Coparticipación: no más dilaciones

Coparticipación: no más dilaciones

Cuando termine este año, la Argentina acumulará otro triste récord: se habrán cumplido nueve años de violación del mandato constitucional de sancionar un nuevo régimen de coparticipación federal, que introduzca mayor transparencia y equidad a la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias.

Las razones coyunturales, la mirada cortoplacista de los dirigentes políticos, las especulaciones electoralistas y la falta de una visión estratégica de largo plazo han confluido para que nuestro país continúe sin contar con un esquema de reparto impositivo más simple, que promueva el federalismo, la igualdad de oportunidades y refuerce el concepto de responsabilidad fiscal.

El último intento de reforma, alentado por el gobierno del presidente Néstor Kirchner, terminó en un fracaso por las diferencias irreconciliables entre la Nación y las provincias.

La Constitución nacional aprobada en 1994 fue categórica en su mandato: antes de la finalización de 1996 el país debería contar con una ley acordada por consenso entre la Nación y los Estados provinciales para el reparto de los recursos impositivos. La Carta Magna dispuso que la distribución se tendrá que hacer "en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

Hasta ahora sólo se acumulan frustraciones, que semanas atrás reforzaron el pesimismo generalizado entre expertos, legisladores y funcionarios provinciales sobre la posibilidad de alcanzar el acuerdo necesario para modificar el acuerdo vigente. En efecto, en una reunión en el Senado de la Nación concluyeron que, tal como están las cosas hoy en nuestro país, la transgresión a la Constitución y la inobservancia de su mandato continuará por un largo tiempo.

Es incomprensible que 25 actores no puedan ponerse de acuerdo luego de 9 años de mora con la Constitución. Nadie quiere ceder y perder lo que hoy tiene en beneficio del bien común: ni las provincias quieren firmar un nuevo convenio en el que pierdan lo que reciben en la actualidad, aunque sepan que lo obtuvieron tiempo atrás merced a mezquinas negociaciones políticas y no a una preocupación por la igualdad de oportunidades, ni el Gobierno nacional está dispuesto a reducir el manejo discrecional de fondos que le permita fortalecer su poder político.

El país necesita una discusión sincera que, alejada de las especulaciones dominadas por los réditos de corto plazo, termine de resolver la falta de una herramienta fundamental para fortalecer el federalismo fiscal, que también contemple sistemas solidarios de auxilio o compensación de los Estados más ricos hacia los más empobrecidos.

A la hora de repensar el nuevo régimen de coparticipación es indispensable que se privilegie el interés general de la Nación por encima del de cada provincia en particular y que se avance hacia mecanismos que vinculen a cada administración provincial con los resultados de los procesos de recaudación impositiva.

Es fundamental alentar una política de premios y castigos para incentivar a las provincias a tener un gasto público eficiente y detener el endeudamiento excesivo en tiempos de bonanza económica, transformando en excepcionales los salvatajes financieros.

También es imprescindible que se estimule a las provincias a mejorar sus sistemas de recaudación y fiscalización. Hasta ahora, para algunos mandatarios de provincias pequeñas ha sido políticamente más redituable lograr acuerdos transitorios con el poder central para aumentar los fondos que reciben, que perfeccionar la recaudación de impuestos o aumentar la presión fiscal en sus propios distritos.

Como parte de un proceso para dotar de mayor transparencia institucional al país se debe terminar con los aportes del Tesoro Nacional, que han dado lugar a numerosas y fundadas denuncias de corrupción y favoritismo por los distritos que respaldan al gobierno nacional de turno.

El acuerdo para la distribución de recursos fiscales tiene que estar acompañado, necesariamente, por una profunda reforma tributaria, que simplifique el universo impositivo y lo haga más eficiente.

Es fundamental que quienes tienen responsabilidades políticas hoy en la Argentina cumplan con el mandato de la Constitución y se comprometan, en forma urgente, a establecer un nuevo régimen de coparticipación de impuestos diseñado como una política de Estado perdurable.



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