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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Vaqueros S.A. c/ Dirección General Impositiva

Seguridad social. Depósito previo de los cargos imputados (Artículo 15 Ley Nº 18.220). Rechazo del recurso. Sentencia arbitraria. Oportunidad del depósito. Liquidación previa por el organismo recaudador. Supuesto pago parcial en bonos de consolidación. Constitucionalidad de la norma indexatoria.

Seguridad social. Depósito previo de los cargos imputados (Artículo 15 Ley Nº 18.220). Rechazo del recurso. Sentencia arbitraria. Oportunidad del depósito. Liquidación previa por el organismo recaudador. Supuesto pago parcial en bonos de consolidación. Constitucionalidad de la norma indexatoria.

V. 127. XXXIX. Recurso de Hecho. "Vaqueros S.A. c/ Dirección General Impositiva".

Suprema Corte:

Los integrantes de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la actora con fundamento en que ésta no había cumplido con el depósito previo de los cargos que se le imputaron (Artículo 15 de la Ley Nº 18.220) y rechazaron el planteo de inconstitucionalidad respecto de la indexación aplicada en la liquidación de deuda (v. fs. 474/vta. del principal, foliatura a citar, salvo indicación, en adelante).

Para así decidir, entendieron que las causales alegadas respecto de que la suma exigida resultaba desproporcionada en relación con su concreta capacidad económica y, por ende, de imposible pago, habían sido articuladas en forma extemporánea. Asimismo, consideraron que el pago posterior efectivizado mediante bonos de consolidación resultaba improcedente por cuanto se trataba de un pago parcial. Por último, el tribunal entendió que no se había acreditado fehacientemente el perjuicio que la actualización practicada le ocasionaba a la apelante, limitándose ésta última a invocar agravios meramente conjeturales.

Contra dicho pronuciamiento se interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria motiva la presente queja.

Cabe recordar, ante todo, que VE tiene reiteradamente dicho que aun cuando los agravios del recurrente se vinculan con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia extraordinaria, tal principio admite excepción por vía de la doctrina de la arbitrariedad, pues la garantía de la defensa en juicio no sólo comprende la posibilidad de ofrecer y producir pruebas, sino, también, la de obtener una sentencia que sea derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos demostrados en el proceso (Fallos: 296:628; 319:2262, entre otros).

Tal es lo que acontece en el sub lite en tanto, si bien la agraviada no acompañó junto con su escrito de apelación los elementos de prueba que le permitían demostrar su incapacidad de pago, no menos cierto es que, a esa fecha, el organismo recaudador no había establecido en forma definitiva la cuantía del depósito requerido pues se encontraba pendiente la liquidación oportunamente solicitada por la quejosa. En tales condiciones, resulta indudablemente lógico que la apelante esperara a ser notificada de la liquidación practicada para luego, en base a ella, poder determinar si contaba con posibilidades de afrontar el pago que le era exigido. Vale poner de resalto que no obsta a ello el hecho de que la eximición de pago haya sido solicitada con posterioridad a la impugnación de la primera liquidación.

Por otra parte, en lo que respecta al supuesto pago parcial efectuado por la recurrente, cabe señalar que, contrariamente a lo afirmado por los sentenciantes, no se trató del pago de las sumas de $72.352 y $76.014,39, montos como tales insuficientes para atender al total de lo reclamado. De las constancias de autos surge que la quejosa transfirió a la cuenta de la Administración Nacional de la Seguridad Social la cantidad de bonos de consolidación 72.350 (valor técnico 1,076105) a efectos de cumplir con el pago de $76.014,39 correspondiente al monto reclamado en el expediente Nº 783-01106946-52 ¿ pago que, cabe aclarar, en ningún momento fue rechazado por el organismo recaudador -, desistiendo la actora exclusivamente de la apelación respecto de los cargos levantados en el Acta 4.017.163, correspondiente al referido expediente administrativo por evasiones de aportes y contribuciones previsionales sobre el personal rural (v. fs. 325/326 y 331).

A mi modo de ver, las circunstancias reseñadas demuestran que los sentenciantes incurrieron en un exceso ritual manifiesto al decidir sobre la oportunidad del ofrecimiento de prueba en cuestión. Más aún, el fallo en crisis no satisface la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a los hechos concretos de la causa, particularidad que impone su descalificación como acto jurisdiccional válido con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad, máxime cuando proviene de un organismo que debe controlar los actos surgidos de los entes administrativos a fin de impedir que puedan actuar con discrecionalidad (Fallos: 301:1271; 303:1409; 311:50, entre muchos otros).

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, considero que no resultan arbitrarias las afirmaciones del a-quo al rechazar el planteo de inconstitucionalidad articulado por la agraviada respecto de la indexación implementada. En efecto, la apelante no acompañó a estas actuaciones ningún elemento que permita establecer el perjuicio que dice se le causa como consecuencia de la aplicación del régimen previsto en el Decreto Nº 611/92 (sistema único de actualización monetaria para deudas del Artículo 7 de la Ley Nº 21.864), de conformidad con el Decreto Nº 589/1991.

Ello así, en tanto no dio cumplimiento con la exigencia de comparar el resultado final al que se arribó en la liquidación, con aquel que surgiría de la utilización de un sistema alternativo que esa parte estimara procedente y que pusiera en evidencia la supuesta desproporción existente y el consiguiente lucro abusivo por parte de la Administración (Fallos: 307:531, 1656).

Por lo demás, creo oportuno mencionar que la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 21.864 y Decretos Nros. 589/91 y 611/92 pretendió mantener la intangibilidad del crédito originado en cargos por incumplimientos de prestaciones de la seguridad social algunas de las cuales databan de hasta trece años antes de la fecha de su

liquidación. Además, la actualización practicada tuvo lugar hasta el 31 de marzo de 1991, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Convertibilidad en cuyas disposiciones pretende ampararse la quejosa para fundamentar la improcedencia de la indexación.

En virtud de lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, y dejar sin efecto la sentencia con los alcances reseñados para que, por quien corresponda, se dicte una nueva donde se de respuesta a la solicitud del interesado.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2005.

Marta A. Beiro de Gonçalvez

Buenos Aires, 20 de febrero de 2007.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Vaqueros S.A. c/ Dirección General Impositiva", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios de la apelante encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, que esta Corte comparte y a los que se remite por razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.

Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Reintégrese el depósito de fs. 178.

Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Carlos S. Fayt (según su voto) - Juan Carlos Maqueda.

Voto del Señor Ministro doctor Don Carlos S. Fayt.

Considerando:

Que los agravios de la apelante relativos a la exigencia del depósito previo encuentran adecuada respuesta en los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, que esta Corte comparte y a los que se remite en razón de brevedad.

Que la decisión recurrida en cuanto, tras declarar la improcedencia del recurso por falta del depósito previo, ingresa no obstante en el conocimiento de los agravios relativos a la validez constitucional del régimen legal que fija los accesorios moratorios, incurre en una autocontradicción evidente que la descalifica como acto judicial válido de acuerdo a la doctrina de este Tribunal en materia de sentencias arbitrarias. Ello es así, en tanto importa tratar cuestiones para las cuales la propia cámara declaró que no se había abierto su competencia apelada por ausencia de pago del depósito previo.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada.

Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Reintégrese el depósito de fs. 178.

Agréguese la queja al principal. Notifíquese y remítase.

Carlos S. Fayt.



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