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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Olmedo, Dominga Nieves c/ Provincia de Santa Fe

Seguridad social. Reclamo de reajuste de haber provisional. Caducidad de instancia. Interpretación restrictiva. Naturaleza del derecho involucrado. Carga de impulsar el proceso. Excesivo rigor formal. Procedencia del recurso extraordinario.

Seguridad social. Reclamo de reajuste de haber provisional. Caducidad de instancia. Interpretación restrictiva. Naturaleza del derecho involucrado. Carga de impulsar el proceso. Excesivo rigor formal. Procedencia del recurso extraordinario.

O. 283. XXXVIII. "Olmedo, Dominga Nieves c/ Provincia de Santa Fe".

Suprema Corte:

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe decretaron a solicitud de la parte demandada, y previo traslado de ley, la caducidad de la instancia por considerar que había transcurrido el plazo de tres meses previsto a tal efecto por el Artículo 30 del código contencioso administrativo (Ley Nº 11.330) sin que mediara actividad procesal impulsora por parte de la recurrente (v. fs. 75/78vta. del principal, foliatura a citar, salvo indicación, en adelante).

Para así decidir, entendieron que se encontraban cumplidas las condiciones que determinan la perención de la instancia, a saber: el tiempo transcurrido y la falta de actividad impulsoria. Asimismo, consideraron que si bien la declaración de caducidad puede dispensarse demostrándose su improcedencia en el caso concreto, ello debe surgir del estado de las actuaciones - pendientes de resolución - o de la imposibilidad de la actora de instar su trámite, supuestos que a su entender no se verificaban en el sub-lite.

Contra dicho pronunciamiento y con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad de fallos judiciales la actora interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria, previo traslado de ley, motiva la presente queja.

En relación con él, creo necesario recordar que VE tiene reiteradamente dicho que, si bien la caducidad de instancia remite al estudio de cuestiones fácticas y de derecho procesal, ajenas - como regla y por su naturaleza - a la instancia extraordinaria, tal doctrina admite excepción cuando la aplicación de dicho instituto procesal se lleva a cabo con excesivo rigorismo formal, afectando la garantía de defensa en juicio (Fallos 320:1821; 323:2498; 324:3695, entre muchos otros).

Ello sentado, cabe poner de resalto que la perención de la instancia debe analizarse de conformidad con las particularidades de cada caso, por lo que, tratándose de un modo anormal de terminación del proceso corresponde su interpretación restrictiva, atendiendo a la necesidad de conservar la instancia en supuestos de duda, más aún dada la naturaleza previsional de la presente causa (Fallos 310:1009; 315:1549; 319:1142, entre otros). En tal sentido, y siendo que la pretensión sustancial objeto de estas actuaciones consiste en un reclamo de reajuste de haber previsional, ello exige actuar con extrema cautela de modo tal que no se desvirtúen los fines superiores que persigue la legislación en la materia (Fallos 321:2298; 307:1210; 305:611, entre muchos otros).

Vale señalar aquí, que la confección del oficio reiteratorio se encontraba a cargo del Tribunal por lo que resulta injustificado hacer recaer en la quejosa las consecuencias derivadas de su omisión, siendo que correspondía a éste último llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de hacer efectiva la intimación oportunamente solicitada por la actora y, al no hacerlo, privilegió la morosidad del organismo previsional con el consecuente perjuicio para ésta.

Cabe recordar que, situaciones singulares como la de autos, ya han sido contempladas por los Jueces del Tribunal, quienes, al dictar sentencia, establecieron un principio que, por reiterado, puede calificarse como rector en la materia. El es, que no resulta aceptable que el obrar negligente o irregular del organismo previsional genere, en definitiva, un perjuicio a los beneficiarios del sistema (Fallos 308:976; 316:3209) y como corolario de él sostuvieron que los jueces actuantes ante situaciones como la reseñada, debían extemar los medios que les otorga el ordenamiento legal a fin de solucionarlas y evitar la demora que ellas irrogan a los peticionarios (Fallos 311:1644; 315:2585; 317:27; 322:1522, entre otros).

Finalmente, creo oportuno aclarar que la caducidad de instancia sólo halla justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no como un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito o a prolongar situaciones de conflicto (Fallos 313:1156; 322:2943, entre otros).

Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2005.

Marta A. Beiró de Gonçalvez

Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Olmedo, Dominga Nieves c/ Provincia de Santa Fe", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que contra el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe que declaró la caducidad de instancia en un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por Dominga Nieves Olmedo ante la denegación tácita del pedido de reajuste de su haber jubilatorio, la actora dedujo el remedio federal que, denegado, dio origen a esta presentación directa.

2°) Que los agravios de la apelante respecto de que la sentencia es arbitraria por haber incurrido en un exceso de rigor formal en la aplicación del mencionado instituto procesal, han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos en lo pertinente esta Corte se remite, sin perjuicio de las consideraciones que se formulan a continuación.

3°) Que en razón del carácter previsional de la presente causa, la interpretación del instituto aplicado debe ser restrictiva, y al fijar el alcance de las normas que regulan los beneficios de naturaleza alimentaria, los jueces deben proceder con suma cautela a fin de lograr una aplicación racional y prudente de aquéllas y evitar el riesgo de caer en un excesivo rigor formal que afecte el derecho constitucional de defensa en juicio (arg. Fallos: 310:1000; 320: 364 y 2343; 321:3291; 323:3014; 324:176 y 789 y 326:1453, entre otros).

4°) Que ello es así pues cuando está en juego un derecho de índole previsional, la aplicación rígida de la caducidad de instancia debe atemperarse y las facultades instructorias del tribunal cobran particular relevancia. No cabe admitir, pues, que el a quo pueda resultar un espectador pasivo y renuncie tácitamente a ejercer su poder de dirección del proceso que la propia Ley Nº 11.330 le reconoce (Artículos 1, 14, 20 y, en subsidio, Artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial provincial).

5°) Que las razones invocadas se encuentran corroboradas con las constancias de la causa, de las cuales surge que tanto las notificaciones por cédula como la confección y el diligenciamiento de los oficios habían sido realizadas por la corte provincial, lo que permite concluir que la actividad que se encontraba pendiente de ejecución -intimación al organismo previsional para que devolviese el oficio librado debidamente diligenciado (fs. 47 y 50 de los autos principales)- debía ser realizada por dicho tribunal, por lo que resulta injustificado hacer recaer sobre la recurrente la carga de impulsar el proceso (cfr. arg. Fallos: 323:484 y 325:1105).

6°) Que, por otro lado, la decisión del a quo de hacer lugar a la caducidad de instancia solicitada por la asesora apoderada de la Fiscalía de Estado provincial conduce a premiar la actitud negligente de la propia administración local. No resulta aceptable que su obrar irregular genere, en definitiva, un perjuicio a los beneficiarios del sistema, por lo que corresponde a los jueces actuantes en tales situaciones extremar los medios que les otorga el ordenamiento legal para solucionar y evitar las demoras que dicha actitud irroga a los peticionarios.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifíquese, agréguese la queja al principal y, oportunamente, remítase.

Enrique Santiago Petracchi - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti.



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