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Buenos Aires, 07/08/2007
Revista: Ediciones Especiales
 

Hábeas Corpus en favor de Hernández, Augusto V

Derecho disciplinario. Facultades de las legislaturas locales. Sanción de arresto domiciliario. Interpretación de la Constitución local. Acción de hábeas corpus. Procedencia. Cuestión de derecho público local. Inadmisibilidad del recurso extraordinario.

Derecho disciplinario. Facultades de las legislaturas locales. Sanción de arresto domiciliario. Interpretación de la Constitución local. Acción de hábeas corpus. Procedencia. Cuestión de derecho público local. Inadmisibilidad del recurso extraordinario.

H. 105. XLII. Recurso de hecho. "Hábeas Corpus en favor de Hernández, Augusto V".

Suprema Corte:

-I-

A fs. 14/16, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza hizo lugar al hábeas corpus que dedujo el doctor Augusto Hernández y, en consecuencia, dejó sin efecto la sanción de dos días de arresto domiciliario que le había impuesto la Cámara de Diputados provincial.

Tras relatar los antecedentes de la causa, el a quo entendió que, aun cuando el procedimiento que concluyó con aquella sanción se ajustó a derecho desde el punto de vista formal, aquélla resultó irrazonable y al aplicarla la Legislatura excedió las facultades que le otorga el Artículo 97 de la Constitución local.

En tal sentido, recordó que tanto los antecedentes extranjeros como la doctrina nacional reconocen a los cuerpos legislativos facultades, derechos e inmunidades para asegurar su funcionamiento independiente en el desempeño de su misión constitucional y que incluso V.E. se ocupó del tema en el precedente "Peláez" (Fallos: 318:1967). Desde esta perspectiva, juzgó que cuando el Artículo 97 del texto constitucional local autoriza a imponer sanciones lo hace para facilitar, asegurar y preservar la propia y específica labor parlamentaria.

Bajo tales pautas, consideró que los dichos vertidos por el actor en los medios periodísticos que identificó y evaluó no importaron una obstrucción directa a la tarea parlamentaria, ni una ofensa de entidad tal que entorpezca la seguridad o independencia del legislador o el desenvolvimiento regular de la cámara respectiva. Por ello, concluyó que no estaba justificado el uso de las facultades disciplinarias excepcionales que surgen del citado precepto constitucional, porque éste protege a todo el cuerpo y no a algunos legisladores, y en el sub lite no se involucró a la cámara sino a algunos miembros, los que, por otra parte, estaban habilitados para accionar judicialmente en la medida en que se sintieran afectados por las expresiones del actor.

-II-

Contra esta decisión, la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza interpuso el recurso extraordinario de fs. 33/44, que fue concedido (fs. 63).

Aduce que el a quo obró con arbitrariedad sorpresiva al apartarse de las normas que rigen la litis y que ello lo condujo a dictar una sentencia notoriamente injusta, que menoscaba los privilegios y prerrogativas que confiere el Artículo 97 de la Constitución provincial a las cámaras legislativas y que no se ajusta a los requisitos que exige el Artículo 3º, inc. 1º), de la Ley Nº 23.098 para admitir la acción de hábeas corpus. Todo ello, también afirma, constituye una violación constitucional explícita.

Critica la sentencia porque si acepta que se cumplió el procedimiento para sancionar, entonces quiere decir que esa medida fue impuesta por autoridad competente y, por lo tanto, no corresponde admitir esta acción.

Por lo demás, alega que el cuerpo legislativo -al adoptar por mayoría la decisión que el a quo invalidó- tuvo especialmente en cuenta las consecuencias que derivan de las cuestiones de privilegio y, por ello, sólo aplicó dos días de arresto domiciliario. En este mismo orden de ideas, dice que, a diferencia de lo que entendió la Suprema Corte de Justicia provincial, las declaraciones del ciudadano Hernández en un periódico local efectivamente obstaculizaron el tratamiento en despacho del proyecto legislativo que se estaba discutiendo, por la violencia moral que aquéllas produjeron sobre la conciencia y la libertad de criterio de los legisladores. En tal sentido, siempre según este punto de vista, la sentencia es contradictoria, porque, por un lado, exige que la actividad parlamentaria se haya obstruido para que la sanción sea válida, pero, por el otro, no reconoce que ello sucedió con la conducta del actor.

-III-

Ante todo, en orden a verificar las condiciones requeridas para habilitar la vía del Artículo 14 de la Ley Nº 48, cabe recordar que, en principio, son ajenas a esta instancia el examen de decisiones que resuelven cuestiones regidas por el derecho público local, porque son privativas de los tribunales locales, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (doctrina de Fallos: 305:112; 324:1721, 2672, entre otros), salvo, claro está, supuestos de arbitrariedad.

Sobre tales bases, en mi concepto, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente inadmisible, ya que por su intermedio la recurrente pretende que V.E. revise una sentencia de la Suprema Corte de Justicia provincial acerca de una materia que integra el derecho público local, cual es el contenido y alcances de los privilegios y las prerrogativas que el texto constitucional local confiere a las cámaras legislativas para asegurar su correcto funcionamiento, decisión que, siempre según mi opinión, fue adoptada con fundamentos suficientes para descartar la tacha de arbitrariedad invocada (doctrina de Fallos: 306:614; 323:4205).

En efecto, no se advierte que la sentencia apelada exhiba los reproches que la recurrente le atribuye, porque el a quo fundó su decisión en la evaluación que efectuó de las constancias de la causa para concluir en que la conducta que la cámara reprochó al actor no impedía el normal funcionamiento del órgano legislativo, aspecto que, por su naturaleza fáctica y procesal, está reservado a los jueces de la causa y, en principio, excluido de la revisión extraordinaria.

Además, procede destacar que, para adoptar la decisión que aquí se pretende cuestionar, el máximo órgano judicial local interpretó los preceptos de la Constitución provincial, con apoyo tanto en opiniones doctrinales como en la jurisprudencia extranjera y de V.E. que estimó aplicable al caso y que, ciertamente, es atinente al tema en debate. En efecto, para resolver la causa sometida a su conocimiento, aquél expresamente invocó, analizó y extrajo directrices de los casos publicados en Fallos: 318:1967 y 2348 y 319:1222, en los que la Corte Suprema, al examinar cuestiones similares a las que aquí se discuten, llegó a iguales conclusiones que las que expuso el a quo.

En tales circunstancias, las quejas de la apelante traducen el diferente criterio que sostiene respecto de la posición del a quo pero no logran demostrar que el fallo carezca de los presupuestos mínimos que lo sustentan como acto jurisdiccional válido, extremo que impide habilitar esta vía excepcional; máxime cuando -conviene recordarlo- la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restringida, no apta para cubrir las meras discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho y prueba a través de los cuales los magistrados de la causa apoyaron sus decisiones en el ámbito de su jurisdicción excluyente (cfr. doctrina de Fallos: 311:1950; 312:1859, entre muchos otros), ni tiene por objeto corregir en tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considere tales en orden a temas no federales, pues su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 323:282), situaciones que, como se vio, no concurren en el caso.

-IV-

Opino, por tanto, que el recurso extraordinario deducido es formalmente inadmisible.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2006.

Laura M. Monti.

Buenos Aires, 7 de agosto de 2007.

Vistos los autos: "Hábeas Corpus en favor de Hernández, Augusto V.".

Considerando:

Que el recurso extraordinario, es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi (según su voto) - E. Raul Zaffaroni - Carmen M. Argibay.

Voto del Señor Ministro doctor Don Enrique Santiago Petracchi.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen que antecede, a los que cabe remitirse en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se declara inadmisible el recurso extraordinario.

Con costas. Notifíquese y devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi.



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