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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Pérsico, Luigi c/ Maffulli, Ciro y otro

Pesificación en materia de ejecuciones hipotecarias. Nueva legislación. Se remite al Procurador Fiscal para que dictamine sobre el fondo del asunto.

Pesificación en materia de ejecuciones hipotecarias. Nueva legislación. Se remite al Procurador Fiscal para que dictamine sobre el fondo del asunto.

P. 122. XXXIX. Recurso de hecho. "Pérsico, Luigi c/ Maffulli, Ciro y otro"

Suprema Corte:

-I-

La Sala "B", de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, modificó la sentencia del juez de grado, y mandó llevar adelante la ejecución por la suma de veinticinco mil dólares estadounidenses (v. fs. 155/156).

Para así decidir, entendió que para la Ley Nº 25.561 y el Decreto Nº 214/02, sólo caen dentro del régimen de "pesificación" las obligaciones dinerarias expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera que sean exigibles desde la promulgación de aquella ley, pero no resultan afectados los créditos -como el de autos- cuya exigibilidad se encontraba expedita con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 25.561.

-II-

Contra este pronunciamiento, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 162/164 vta., cuya denegatoria de fs. 174 y vta. motiva la presente queja.

A solicitud de esta Procuración General, a fs. 35 de este cuaderno, el Tribunal confirió vista a las partes a fin de que expresaran lo que estimasen pertinente respecto de la Ley Nº 25.798, su Decreto reglamentario Nº 1.284/2003 y la Ley Nº 25.820.

A fs. 39/42 vta. contestó la vista la parte actora, solicitando se declare la inaplicabilidad, y a todo evento la inconstitucionalidad de las citadas leyes. En tanto, la parte demandada al contestar la vista a fs. 45/46 y vta., manifestó que ejerció la opción prevista en el Artículo 6 de Ley Nº 25.798 solicitando se suspendan las actuaciones hasta tanto se pronuncie el organismo administrativo correspondiente, y respecto a la Ley Nº 25.820 pidió se tenga presente el planteo formulado en autos conforme a la teoría de la imprevisión, tomándose en cuenta las pautas fijadas en el artículo 11 de la ley citada.

-III-

Corresponde señalar que la Ley Nº 25.820, dictada mientras se sustanciaba la presente queja, sustituyó el texto del Artículo 11 de la Ley Nº 25.561, estableciendo la pesificación de las obligaciones de dar sumas de dinero existentes al 6 de enero de 2002, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, haya o no mora del deudor, con lo cual se modificaron las normas tenidas en cuenta por la Cámara para resolver que la legislación de emergencia no alcanzaba a las obligaciones en mora.

En tales condiciones, estimo que el actual planteo respecto de la Ley Nº 25.820, así como el referido a la Ley Nº 25.798, viene a constituir una nueva acción de inconstitucionalidad antes que el eventual complemento de la materia recursiva, toda vez que estas leyes modificaron el marco normativo dentro del cual se pronunció la Sala "B" de la Cámara Civil. Se observa, además, que el juzgador nada resolvió sobre la constitucionalidad del régimen legal anterior.

Empero, cabe señalar que una decisión de VE sobre la constitucionalidad de las nuevas leyes, conduciría a decidir sobre un dispositivo en relación al cual no existe resolución previa del Tribunal de mérito. Tal circunstancia convertiría a la Corte en Juzgadora originaria respecto de una materia en relación a la cual no posee dicha habilitación formal (Artículo 117 CN), lo que la apartaría de su expresa y estricta función constitucional en el contexto impugnatorio, cual es la de examinar concretas aplicaciones de derecho federal realizadas por los jueces superiores de la causa en el marco de pronunciamientos definitivos. Más aún si se advierte que la vía de arribo a conocimiento por el Tribunal de la presente, es la tradicional del Artículo 14 de la Ley Nº 48, por lo que, no siendo el recurso ordinario, las facultades del tribunal permanecen limitadas al marco extraordinario descripto en el párrafo anterior.

Consecuentemente, al carecer la Corte de competencia para pronunciarse sobre el último planteo presentado a su examen, corresponde devolver la presente causa al tribunal de origen, el que deberá expedirse acerca de la constitucionalidad de las Leyes Nº 25.798 y 25.820, sin perjuicio de la apelación federal que oportunamente pudiere deducirse contra lo resuelto.

No obstante lo expuesto, para el hipotético caso de que VE no compartiere este criterio por razones similares a las analizadas por los señores ministros doctores Augusto Cesar Belluccio, Enrique Santiago Petrachi y Gustavo A. Bossert en los considerandos 6° al 8° de su voto en disidencia en el precedente de Fallos: 319:3241 -las que, en mi parecer no se configuran en el sub lite-, solicito se me corra nueva vista para dictaminar sobre el asunto.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2004.

Felipe Daniel Obarrio

Buenos Aires, 14 de octubre de 2004.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por María Cristina Zolezzi en la causa Pérsico, Luigi c/ Maffulli, Ciro y otro", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que en el dictamen de fs. 50/51, el señor Procurador Fiscal -después de señalar que el Tribunal había dispuesto oír a las partes respecto del contenido de la Ley Nº 25.798, del Decreto reglamentario Nº 1.284/2003 y de la Ley Nº 25.820, como también hacer una breve reseña de las posturas asumidas por las partes-, sostiene que una decisión referente al planteo de inconstitucionalidad de las nuevas leyes conduciría a resolver una cuestión sobre la cual no existe resolución previa en las instancias ordinarias, lo que convertiría a la Corte en juzgadora originaria sobre una materia con relación a la cual no posee dicha habilitación formal (Artículo 117 de la Constitución Nacional), por lo que requiere la devolución de las presentes actuaciones para que los jueces se expidan acerca de la constitucionalidad de las citadas leyes.

2°) Que si bien es cierto que con motivo de la entrada en vigencia de las nuevas normas cuya aplicación podría incidir en la decisión de causas que se hallaban en trámite ante sus estrados, esta Corte dispuso remitir los expedientes al tribunal de origen a fin de que se expidieran sobre los puntos en litigio según la nueva legislación, también lo es que las circunstancias en que se suscitaron dichos pronunciamientos difieren sustancialmente de las que corresponden al presente caso, pues mientras en aquéllos la normativa posterior exigía el estudio de aspectos ajenos a la vía del remedio federal que podrían incidir en la solución y aun tornar abstractos los agravios propuestos (causas F.17.XX. "Fisco Nacional DGI c/ Carbocomet SAICIyF s/ cobro de impuestos de ganancias ejecución fiscal", fallada el 24 de julio de 1984; "Angel Ciminello", Fallos: 306:1527; "Vaz de Castro", Fallos: 306:2029), la nueva legislación tiene en esta causa una relación inescindible con las cuestiones introducidas en el recurso extraordinario (Fallos: 319:3241, considerando 7° del voto de la mayoría; considerando 6° del voto del juez Boggiano).

3°) Que a ello deben agregarse diversas circunstancias de trascendencia que exigen un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, como son la gran cantidad de juicios que han llegado a este Tribunal para obtener una decisión que se pronuncie definitivamente sobre una cuestión -moneda de pago- que tiene en vilo a una gran cantidad de acreedores y deudores hipotecarios, lo que compromete directamente la inteligencia de diversas cláusulas constitucionales.

Por ello, se resuelve, remitir nuevamente las actuaciones al señor Procurador Fiscal para que dictamine sobre el fondo del asunto. Notifíquese.

Augusto César Belluscio - Antonio Boggiano - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Elena I. Highton de Nolasco.



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