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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

La Cabaña S.S. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa.

Acción declarativa de inconstitucionalidad. Presupuestos. Rechazo in limine.

Acción declarativa de inconstitucionalidad. Presupuestos. Rechazo in limine.

L. 373. XXXIX. "La Cabaña S.S. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa".

Suprema Corte:

I

La Cabaña S.A., en su carácter de titular de un permiso de explotación, otorgado por la Secretaría de Transportes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, para efectuar el servicio público de transporte interjurisdiccional de pasajeros y afines, conforme al régimen de la Ley Nacional N° 12.346, promueve acción declarativa, en los términos del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad del impuesto a los sellos que la demandada pretende aplicarle sobre el referido permiso.

Afirma que tal pretensión fiscal resulta improcedente, ya que viola los Artículos 31 y 75, inciso 13, de la Constitución Nacional y el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecido en la Ley N° 20.221 y sus modificatorias, con el consiguiente menoscabo del derecho de propiedad protegido por el Artículo 17 de la Ley Fundamental.

Manifiesta que la acción intentada tiene su origen en el formal y explícito reclamo formulado por el Estado local demandado, a través de la Dirección Provincial de Rentas para que abone el citado tributo, lo que demuestra el interés que tiene en promover el juicio.

En ese contexto, V.E. corre vista a este Ministerio Público, por la competencia, a fs. 31.

II

La cuestión sometida a conocimiento del Tribunal en el sub lite resulta sustancialmente análoga a la que fuera objeto de tratamiento por V.E. in re E.115 XXXIV "El Cóndor Empresa de Transporte S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", sentencia del 7 de diciembre de 2001, publicada en Fallos: 324:4226.

En virtud de lo expuesto en dicho precedente y en el dictamen respectivo de este Ministerio Público del 26 de mayo de 1999, que doy aquí por reproducido en razón de brevedad, opino que este proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte, al ser demandada una provincia en una causa de manifiesto contenido federal, según los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2003.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1) Que a fs. 23/30 se presenta La Cabaña S.A. e inicia acción declarativa en los términos del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del impuesto de sellos que la demandada pretende aplicarle sobre el permiso de explotación otorgado por la Secretaría de Transportes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, para efectuar el servicio público de transporte interjurisdiccional de pasajeros y anexos, infringiendo los Artículos 17, 31, y 75 inciso 13 de la Constitución Nacional y el régimen de coparticipación federal.

Sostiene en primer lugar la procedencia de la vía procesal escogida y pasa luego a fundar la inconstitucionalidad de la pretensión impositiva provincial. Explica que la acción intentada tiene su origen en el formal y explícito reclamo formulado por el Estado local demandado, por medio de la Dirección Provincial de Rentas para que abone el citado tributo, lo que demuestra el interés que tiene en promover el juicio.

Dice que ostenta la calidad de permisionaria conferida por las autoridades nacionales pertinentes para la realización de transporte interjurisdiccional al amparo de lo que dispone la Ley N° 12.346. Ese régimen determinó que las tarifas del servicio fuesen fijadas por aquellas autoridades,

las que en la metodología de costos utilizada no contemplan el impuesto provincial antes mencionado.

Invoca el criterio interpretativo del Tribunal sobre la materia para sostener que ha considerado como dato decisivo la gravitación del impuesto sobre la rentabilidad, que lo hace operar de manera directa, y la imposibilidad de su traslación, y recuerda que esa doctrina ha sido expuesta en el caso de Fallos: 308:2153, algunos de cuyos fundamentos reproduce para afirmar que al estar sujetas las rentas de la empresa al pago del impuesto a las ganancias se configura la hipótesis de una doble imposición.

En otro orden de ideas alega que el Estado -entendido en sentido general- mal puede alegar su propia torpeza y actuar en contradicción con sus propios actos pretendiendo ampararse en sus mismas omisiones. Esa incoherencia se hace patente cuando por un lado no se incluye el impuesto de sellos en el costo de la tarifa oficial y por otro se lo pretende percibir con lesión al principio de ejemplaridad.

La invalidez constitucional -agrega- se hace más patente si se tienen en cuenta los precedentes de Fallos antes citados, con el consiguiente menoscabo de la garantía de la propiedad del Artículo 17 de la Ley Fundamental.

Concluye que el instrumento que le otorga el permiso de explotación -del 20 de diciembre de 1996- no tiene "carácter oneroso", conforme al Artículo 214 del Código Fiscal provincial (TO Resolución N° 294/1996). Aclara que el contrato de transporte es oneroso pues se cobra una tarifa, lo que es ajeno a la concesión o permiso concedido por el Estado provincial al transportista.

2) Que, de conformidad con los precedentes de esta Corte en la materia, la acción declarativa de inconstitucionalidad debe responder a un "caso", ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa. En efecto, la acción debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (Fallos: 307:1379; 310: 606; 311:421 y 320:1556).

3) Que en tal sentido, esta Corte ha exigido que medie: a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente di- recto; c) que aquella actividad tenga concreción bastante (Fallos: 307:1379 y 325:474).

4) Que dichos requisitos no se cumplen en el sub lite en la medida en que no ha existido actividad alguna que haya puesto en tela de juicio el derecho que se ejerce. En efecto, no median actos concretos o en ciernes del poder administrador.

En este sentido, la actora no ha acreditado -como se le solicitó a fs. 33- que exista una resolución determinativa del tributo de la cual surjan las sumas que -según sostiene a fs. 24- la Dirección General de Rentas de la Provincia de Buenos Aires le reclama "por diversos períodos fiscales ya vencidos" (fs. 24/24 vta.). No obsta a tal conclusión la documentación acompañada a fs. 34/37 y 40/47, ya que no tiene aptitud para demostrar que la actora se encuentra en la posición que denuncia en la demanda.

Por ello y oído el señor Procurador General se resuelve: Desestimar in limine la demanda. Notifíquese y, oportunamente archívese.

Augusto César Belluscio - Enrique Santiago Petracchi - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni.



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