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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Uran, Roberto Elías y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ acción de amparo

Competencia originaria. Acción de amparo. Derechos sociales de vivienda digna y alimentación. Demanda dirigida contra un municipio, la provincia y la Nación. Ausencia de demostración de incumplimiento alguno del Estado Nacional. Incompetencia.

Competencia originaria. Acción de amparo. Derechos sociales de vivienda digna y alimentación. Demanda dirigida contra un municipio, la provincia y la Nación. Ausencia de demostración de incumplimiento alguno del Estado Nacional. Incompetencia.

U. 10. XLII. "Uran, Roberto Elías y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ acción de amparo".

Suprema Corte:

- I -

Roberto Elías Urán, quien padece una discapacidad motriz congénita (v. fs. 41 y 42), y Rosa Mabel Domínguez, ambos por derecho propio y en representación de sus diez hijos todos menores de edad, denuncian tener su domicilio en una habitación de una casa tomada en la Provincia de Buenos Aires, promueven acción de amparo, en los términos del Artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley Nº 16.986, contra dicho Estado local (Ministerios de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, y de Desarrollo Humano), contra el Estado Nacional (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), contra la Municipalidad de San Isidro y contra el Instituto Provincial de la Vivienda.

Deducen esta acción a fin de que los demandados cumplan con su obligación legal de arbitrar las medidas positivas para que los actores y su grupo familiar accedan a los derechos sociales de vivienda digna y alimentación, y sean incluidos en el Plan Federal de Vivienda o en uno alternativo.

Señalan que con anterioridad a esta acción efectuaron las presentaciones correspondientes ante las demandadas, requiriendo las prestaciones que aquí se solicitan, pero sus reclamos fueron infructuosos al no recibir respuesta ninguna (v. fs. 47/51).

Indican que actualmente viven en una habitación en condiciones de hacinamiento e infrahumanas y que si bien uno de ellos (el padre) es titular de una pensión por invalidez y de un salario familiar, éstos les resultan insuficientes para la alimentación de sus hijos. Además, aducen que aquél, debido a su enfermedad congénita, debe realizarse una nueva operación y que la señora Domínguez, quién siempre trabajó como empleada doméstica, hoy está desempleada a raíz de la perdida de la visión de uno de sus ojos y al nacimiento de sus mellizos prematuros.

Fundan su pretensión en los Artículos 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, en las Leyes nacionales Nros. 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 24.901 de Discapacidad.

Solicitan una medida cautelar urgente para que se ordene a los demandados que le concedan dos subsidios: uno, equivalente al alquiler mensual de una vivienda (de ochocientos pesos mensuales aproximadamente) y, otro, asistencial de $ 630 (seiscientos treinta pesos) también mensual, como salario mínimo vital y móvil, hasta que obtenga un trabajo o mejore de fortuna.

A fs. 59, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

- II -

Cabe recordar, en principio, que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en el Artículo 117 de la Constitución Nacional porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el Artículo 43 de la Constitución Nacional y por la Ley Nº 16.986 (Fallos: 307:1379; 311:489, 810 y 2154; 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514).

Por lo tanto, la cuestión radica en determinar si en autos se dan los requisitos que habilitan su trámite ante la instancia originaria del Tribunal, según los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, reglamentados por el Artículo 24, inc. 1º del Decreto Ley Nº 1.285/58.

A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión en examen, el sub lite corresponde a la competencia originaria del Tribunal ratione personae.

En efecto, toda vez que es demandada la Provincia de Buenos Aires -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el Artículo 117 de la Ley Fundamental- conjuntamente con el Estado Nacional -quien tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el Artículo 116 de la Constitución Nacional-, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria (Fallos: 310:211; 314:830; 317:746; 320:2567; 323:702 y 1110, entre otros).

En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2006

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.

Autos y Vistos: Considerando:

1°) Que a fs. 54/58 se presentan Roberto Elías Uran y Rosa Mabel Domínguez, por derecho propio y en representación de sus diez hijos menores, e inician acción de amparo contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerios de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, y de Desarrollo Humano-, el Estado Nacional -Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Municipalidad de San Isidro a fin de que cumplan con su obligación legal de arbitrar las medidas necesarias para que puedan acceder a los derechos sociales de una vivienda digna y alimentación y que sean incluidos en el Plan Federal de Vivienda o en un plan alternativo.

Dicen que han efectuado presentaciones ante las demandadas pero que, a pesar de ello, no han obtenido respuesta alguna de su parte.

Manifiestan que Roberto Elías Uran padece desde su nacimiento una discapacidad que, por falta de atención adecuada como así también por la necesidad de una nueva intervención quirúrgica, le impide trabajar y que, a su vez, Rosa Mabel Domínguez, luego de la pérdida de la visión de uno de sus ojos y del nacimiento prematuro de sus hijos mellizos, tampoco puede efectuar tarea alguna fuera del hogar.

Agregan que viven en una habitación pequeña de una casa tomada -junto con otras familias- en condiciones de hacinamiento e infrahumanas, pues si bien el actor es titular de una pensión por invalidez por la que, además, percibe un salario familiar, ello le resulta insuficiente para su subsistencia y la de sus hijos.

Fundan su pretensión en los Artículos 42 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y en las Leyes nacionales Nros. 23.849, 26.061 y 24.901.

Asimismo, solicitan que se dicte una medida cautelar a fin de que los demandados le concedan: a) un subsidio mensual de $ 800 (ochocientos pesos), equivalente al alquiler de una vivienda, y b) un subsidio de $ 630 (seiscientos treinta pesos) -también mensual- hasta que obtenga un trabajo o mejore de fortuna.

2°) Que a pesar de que el Tribunal ha decidido en reiterados precedentes que cuando se demanda al Estado Nacional y a otro provincial, la única forma de conciliar lo preceptuado por el Artículo 117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias con las prerrogativas que le asisten a la Nación al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley Fundamental es sustanciar la acción en la instancia originaria de la Corte Suprema (Fallos: 320:2567; 322;190, 323:1110 y 327:5556), este principio no puede ser aplicado en autos.

En efecto, el actor inicia la demanda contra la Municipalidad de San Isidro y la Provincia de Buenos Aires pues, tal como se desprende de la documentación obrante a fs. 48/50, efectuó los trámites correspondientes para satisfacer sus reclamos ante el citado municipio y ante los Ministerios de Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos del estado local pero, en cambio, no puede afirmarse que haya hecho lo mismo respecto del Estado Nacional. Ello es así pues, no ha podido ser acreditado en autos que el oficio que se acompaña a fs. 51 haya sido diligenciado -tal como pretenden- ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dado que del mismo no se desprende la fecha de presentación ni la firma de empleado alguno que indique que haya sido recibido por ese organismo. Por lo tanto, cabe concluir que, en el presente caso, no media incumplimiento alguno por parte del Estado Nacional que justifique la presente acción de amparo.

3°) Que en atención a lo expuesto y a que los demandantes tienen su domicilio en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, corresponde declarar que el Tribunal no resulta competente para entender en las presentes actuaciones.

Por ello y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve: Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en las presentes actuaciones. Notifíquese.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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