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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Toscano, Nuncio y otros c/ Formosa, Provincia de s/ acción de amparo

Competencia originaria. Acción de amparo. Nulidad de actos administrativos de un Ministerio provincial. Cuestión de derecho público local. Artículo 18 Ley Nº 16.986. Improcedencia.

Competencia originaria. Acción de amparo. Nulidad de actos administrativos de un Ministerio provincial. Cuestión de derecho público local. Artículo 18 Ley Nº 16.986. Improcedencia.

T.1.XLII. "Toscano, Nuncio y otros c/ Formosa, Provincia de s/ acción de amparo".

Suprema Corte:

- I -

Nuncio Toscano, María Silvia Barrios y Teresa Yolanda Maidana, quienes aducen ser representantes delegados de la Comisión Directiva de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Seccional Formosa, por derecho propio, promovieron acción de amparo, en los términos del Artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley nacional Nº 16.986, ante el Juzgado Federal de Formosa, contra dicho Estado local (Ministerio de Desarrollo Humano), a fin de que se ordene al demandado que deje sin efecto las sanciones que les fueron aplicadas con motivo de la actividad sindical desarrollada en representación de dicha asociación.

Cuestionaron tales actos administrativos en cuanto desconocen sus derechos gremiales, conculcando así, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, su libertad sindical, consagrada por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los Convenios 87, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo y los Artículos 35, 36 y 37 de la Constitución de la Provincia.

Solicitaron dos medidas cautelares: una, para que se ordene la suspensión de las sanciones impuestas a los actores por el Subsecretario de Salud Pública local y, otra, para que la demandada se abstenga de aplicar cualquier tipo de medida que restrinja la actividad gremial que ellos ejercen.

A fs. 41, el Juez federal se declaró incompetente, por entender que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de ser parte una provincia y revestir el proceso naturaleza civil.

A fs. 45, se corre vista a este Ministerio Público, por la competencia.

- II -

Cabe recordar, en principio, que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en el Artículo 117 de la Constitución Nacional porque, de otro modo, en tales controversias quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el Artículo 43 de la Constitución Nacional y por la Ley Nº 16.986 (Fallos: 307:1379; 311:489, 810 y 2154; 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514).

Sentado lo expuesto, la cuestión radica en determinar si en autos se dan los requisitos que habilitan su trámite ante la instancia originaria del Tribunal, según los Artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, reglamentados por el Artículo 24, inc. 1º del Decreto Ley Nº 1.285/58.

A mi modo de ver, dichos recaudos no se cumplen. En efecto, no basta que una provincia sea parte en un pleito para que proceda la competencia originaria de la Corte, sino que resulta necesario además que la materia tenga un manifiesto contenido federal (Fallos. 97:177; 311:1588; 315:448) o se trate de una causa civil, en cuyo caso resulta esencial la distinta vecindad de la contraria (Fallos: 1:485; 310:1074; 313:1217; 314:240), quedando excluidos aquellos procesos que se rigen por el derecho público local.

Pienso que esta última circunstancia es la que se presenta en el sub lite, en tanto de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo principal para determinar la competencia, según los Artículos 4º y 5º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230- se desprende que el planteamiento que efectúan los amparistas exige revisar actos administrativos dictados por un organismo local -el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia- en ejercicio de las facultades reservadas por los Artículos 121 y siguientes de la Constitución Nacional.

Al respecto, VE ha sostenido que si para resolver el pleito se requiere examinar normas y actos provinciales, interpretándolos en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles la causa no es del resorte de la Corte (Fallos: 322:1387, 1514 y 3572; 323:3859; 326:1591, entre muchos otros).

El hecho de que los actores invoquen la afectación de derechos constitucionales, no modifica la postura expuesta, ya que su nuda violación, proveniente de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, el cual sólo tendrá competencia cuando aquéllas sean lesionadas por o contra una autoridad nacional (Fallos: 316:1777; 321:2751; 322:190, 1514 y 3572; 323:872; 325:887) o cuando medien razones vinculadas a la tutela y el resguardo de las competencias que la Constitución confiere al Gobierno Federal (Fallos: 311: 919; 316:1777 y 2906), situaciones que no se presentan en autos.

Dicha doctrina deriva del principio consagrado en el Artículo 18, segunda parte, de la Ley nacional Nº 16.986, que establece que los jueces federales con asiento en las provincias serán competentes "en los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional". Ello es así, en virtud del carácter excepcional del fuero federal, que se halla circunscripto a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, cuya interpretación debe ser de carácter restrictivo (Fallos: 305:193; 307:1139, sus citas y otros).

En consecuencia, entiendo que el proceso corresponde al conocimiento de los jueces locales, pues el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de esa naturaleza, sin perjuicio de que las de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado por el Artículo 14 de la Ley Nº 48 (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas).

En tales condiciones, toda vez que el Artículo 117 de la Constitución Nacional establece de modo taxativo los casos en que la Corte ejercerá su competencia originaria y exclusiva, la cual, por su raigambre, es restrictiva e insusceptible de extenderse a otros casos no previstos (Fallos: 314:94; 318:1837; 322:1514; 323:1854), opino que la acción intentada resulta ajena a esta instancia.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2006

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.

Autos y Vistos; Considerando:

Que el Tribunal comparte los fundamentos y la conclusión del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, a los que corresponde remitir a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Por ello, se resuelve: Declarar la incompetencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio. Notifíquese y comuníquese al señor Procurador General.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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