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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

"Siderea SA C/ EN-Mº Economía Ley Nº 24.073 Decreto Nº 214/02 s/ amparo Ley Nº 16.986" (Expediente Nº 179.564/2002)

Buenos Aires, 12 de febrero de 2003

VISTO Y CONSIDERANDO

I- A fs. 2/60 comparece el apoderado de la firma Siderea S.A., empresa dedicada a la fabricación de zapatas de freno para ferrocarriles, promoviendo acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía, solicitando se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad del Artículo 39 de la Ley Nº 24.073, Artículo 4 de la Ley Nº 25.561 y el Artículo 5º del Decreto Nº 214/02, en lo que respecta al ajuste por inflación computable en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de su mandante, por el período comprendido entre el 01/07/01 y el 30/06/02; subsidiariamente, plantea acción declarativa de certeza.

Además, peticiona se decrete medida cautelar tendiente a intimar a la Administración Federal de Ingresos Públicos a que se abstenga de promover reclamo contra su representada por diferencia de impuesto a las ganancias deriva de la no aceptación de la procedencia del ajuste por inflación, respecto del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2002, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Adjunta documentación, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.

Devueltas las actuaciones del Juzgado de feria y declarada la competencia del Tribunal, previo dictamen fiscal, se llama autos para resolver.

II- Cuadra recordar que medidas como las solicitadas suponen un remedio procesal que de ordinario debe aplicarse con criterio restrictivo, y que respecto de actos administrativos, y/o legislativos, resulta nota específica su carácter excepcional, habida cuenta la presunción de legitimidad de que aquellos en principio gozan, de lo que deriva que el peligro en la demora debe ser grave e irreparable, y la prevalencia del interés público cuidadosamente resguardado al decretarlas.

Que asimismo, como resulta de la naturaleza de las medidas precautorias, ellas no exigen un examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su apariencia o verosimilitud, y de la configuración del peligro en la demora, amén de la contracautela y de que no pudiere obtenerse por otro medio (Artículo 230 del CPC y C).

En tal orden de ideas y dentro del limitado marco cognoscitivo que el proceso cautelar presenta, en cuanto al peligro en la demora cuadra recordar que éste se relaciona con la existencia de un perjuicio irreparable de no prosperar el remedio cautelar.

Así, ambos presupuestos se relacionan en tal manera que a mayor verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente con el periculúm in mora, es decir con la gravedad y/o inminencia del perjuicio y viceversa, como así también que debe accederse a la medida cuando existe mayor riesgo en denegarla que otorgarla.

III- Bajo tales directrices, y sin perjuicio del criterio restrictivo con que éste Tribunal entiende deben examinarse las pretenciones cautelares impeditivas del reclamo y/o cobro de impuestos, cabe observar en éste análisis de la especie las siguientes aristas.

Respecto de la verosimilitud del derecho entiendo que debe ameritarse las consecuencias suscitadas a partir de la derogación de la Ley Nº 23.928, entre ellas su gravitación económica, aspecto que no debe dejarse de lado al momento a apreciar la procedencia de medidas como la requerida.

En cuanto al peligro en la demora, de la documentación adjuntada por la empresa accionante se vislumbra el peligro del daño invocado, si tomamos en cuenta las facultades conferidas a la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) a raíz de las modificaciones introducidas al Artículo 92 de la ley de Procedimientos Fiscales (Ley Nº 25.239 B.O., 31/12/99).

Que atento los términos particulares que se plantea la cuestión, aparece como ajustado a derecho que, antes de que la AFIP proceda a ejecutar por cualquier vía- las sumas que la accionante manifiesta pueden serle reclamadas, como consecuencia de la no operatividad del mecanismo de ajuste por inflación cuya aplicación ésta persigue, tenga derecho a ser anoticiada de ello mediante la previa intimación de pago.

Por ende, en tal contexto, y sin descuidar el interés del público involucrado, atento el carácter provisional que revisten las medidas cautelares, y sin que ello importe adelantar juicio definitivo sobre el fondo de la cuestión, considero que a prima facie se configuran los requisitos apuntados para admitir la tutela pretendida conforme los alcances del decisorio.

IV- A los fines del Artículo 199 del CPCC, dada la naturaleza del asunto, los señalado en el cap. IV-4) de la demanda y los fundamentos de la medida, se establece como contracautela la caución real a fijar en el dispositivo.

Por lo tanto, dado lo previsto por los Artículo 195, 202 y ccdtes del código ritual, a mérito de los expuesto,

Resuelvo

1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada ordenada a la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá abstenerse de peticionar medida judicial por diferencias en el Impuesto a las Ganancias respecto del período Fiscal 2002, derivadas de la no aceptación en sede fiscal de la procedencia del ajuste por inflación en relación a la firma actora, sin el cumplimiento de la previa intimación de pago administrativa prevista en el Artículo 14 de la Ley Nº 11.683 (T.O. 2000), hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos.

2) Fijar caución real por la suma de $ 704.652 -, ya sea en efectivo a depositar a nombre de autos, seguro de caución, títulos, aval o garantía bancaria (Artículo199 CPCyC).

Regístrese, modifíquese y cumplimentado al punto 2) comuníquese a la demandada y a la AFIP mediante oficio de estilo.

Guillermo Rossi



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