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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Robles, Hugo Antonio y otros c/ Provincia del Chaco P.E.

Competencia federal. En razón de la materia y de las personas. Alcance. Amparo contra normas dictadas por una provincia, que regulan la habilitación de juegos de azar y la actividad desplegada por una entidad autárquica. Cuestión de derecho público local. Incompetencia de la justicia federal.

Competencia federal. En razón de la materia y de las personas. Alcance. Amparo contra normas dictadas por una provincia, que regulan la habilitación de juegos de azar y la actividad desplegada por una entidad autárquica. Cuestión de derecho público local. Incompetencia de la justicia federal.

R. 177. XL. "Robles, Hugo Antonio y otros c/ Provincia del Chaco P.E."

Suprema Corte:

- I -

A fs. 24/30, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó lo decidido en la instancia anterior y, en consecuencia, declaró incompetente a la justicia federal para entender en el amparo interpuesto por Hugo Antonio Robles, Bruno Marcelo Geat y Miguel Cándido Basail -en su carácter de permisionarios para la explotación de máquinas tragamonedas del tipo denominado "video póker"- contra la Provincia del Chaco (Poder Ejecutivo) y la Lotería Chaqueña, a fin de obtener que se suspenda la aplicación de los Artículos 1° y 2° del Decreto provincial Nº 2.212/99 y de la Ley local Nº 4.677. El primero prohibe a la Lotería Chaqueña otorgar permisos de explotación de las máquinas definidas en el Artículo 1° de la Ley provincial Nº 3.836 y/o toda habilitación y/o extensión de nuevos permisos y/o renovación de los existentes, mientras que la segunda declaró como juegos prohibidos, en el ámbito de la Provincia, al funcionamiento de dichas máquinas y dispuso la caducidad de los permisos precarios otorgados por la Lotería provincial.

Para así decidir, la Cámara sostuvo que en el sub lite no se configuran los presupuestos de causa civil y distinta vecindad, requeridos por el Artículo 2°, inc. 2°, de la Ley Nº 48, para que proceda la competencia federal. Señaló que no se trata de una causa civil, toda vez que se cuestionan normas de derecho público local, cuya inteligencia y aplicación corresponde a los jueces provinciales. Agregó que, tanto las relaciones entre el ente público y el particular a quien se autorizó para explotar las máquinas, así como las resoluciones que otorgaron los permisos son de carácter administrativo. Tampoco se cumple el requisito de distinta vecindad, puesto que, de la documentación acompañada por los actores al obtener los permisos para la explotación de las máquinas tragamonedas de video póker, surge que debieron constituir domicilio en la Provincia del Chaco.

- II -

Disconformes con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron el recurso extraordinario de fs. 31/52 que, denegado a fs. 65/67, dio origen a la presente queja.

Aducen, en lo que aquí interesa, que la Cámara incurre en exceso ritual manifiesto al declarar la incompetencia de la justicia federal, pues omite analizar el fondo de la controversia y, con ello, afecta sus derechos en grado tal que linda con la privación de justicia. Añaden que la decisión les causa un gravamen irreparable, pues les niega la posibilidad de litigar ante la justicia competente -a su entender- en virtud de lo dispuesto por el Artículo 2°, inc. 2°, de la Ley Nº 48.

Destacan, por un lado, que son vecinos de la Provincia de Corrientes, tal como acreditaron con los respectivos certificados de domicilio acompañados en la demanda, circunstancia que fue desconocida por el a quo al indicar que debe estarse al domicilio en sede administrativa y, por el otro, que lo sustancial del amparo promovido es que las normas cuestionadas violan derechos constitucionales, como son los de propiedad, debido proceso y el principio de igualdad ante la ley (Artículos 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional).

- III -

Si bien los pronunciamientos que resuelven cuestiones de competencia no autorizan, en principio, la apertura de la vía del Artículo 14 de la Ley Nº 48, en tanto no constituyen sentencias definitivas, cabe hacer excepción a tal principio cuando comportan denegatoria del fuero federal (Fallos: 306:190; 311:1232; 316:3093; 323:2329, entre muchos otros), tal como ocurre en el sub lite.

- IV -

Pienso que no asiste razón a los recurrentes, cuando afirman que este proceso corresponde a la competencia federal, en virtud del Artículo 2, inc. 2° de la Ley Nº 48.

En efecto, es dable poner de manifiesto que la materia y las personas constituyen dos categorías distintas de casos cuyo conocimiento atribuye la Constitución a la justicia federal. En uno y otro supuesto, dicha competencia de excepción responde a distintos fundamentos. El primero lleva el propósito de afirmar las atribuciones del Gobierno Federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a almirantazgo y jurisdicción marítima, mientras que el segundo, procura asegurar -entre otros aspectos- la imparcialidad de la decisión cuando se plantean pleitos entre vecinos de diferentes provincias (Fallos: 310:136; 318:992 y 324:1470), siempre que tales causas no versen sobre cuestiones de Derecho Público local, materia excluida de la competencia federal y propia de los jueces locales (Artículos 5° y 121 de la Constitución Nacional).

En el sub lite, según se desprende de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se debe acudir de modo principal para determinar la competencia (Artículo 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), los actores pretenden obtener amparo contra normas dictadas por la Provincia del Chaco, que regulan la habilitación de juegos de azar y la actividad desplegada por una entidad autárquica, como lo es la Lotería Chaqueña (v. Artículo 4° de la Ley provincial N° 500), cuestiones que se encontrarían reguladas por el derecho público provincial.

En consecuencia, toda vez que el juez que deba solucionar el pleito tendrá que examinar actos administrativos dictados por autoridades provinciales (Decreto provincial Nº 2.212/99, Ley local N° 4.677 y Resolución Nº 426/98 de la Lotería Chaqueña), pienso que corresponde a los jueces locales entender en este proceso, interpretándolos en el espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles.

Ello, en razón de que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales requiere que sean los jueces locales los que intervengan en las causas en que se ventilen cuestiones de esa naturaleza, sin perjuicio de que los temas federales que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario regulado en el Artículo 14 de la Ley Nº 48 (Fallos: 311:1588 y 1597; 313:548; 323:3859 y sus citas).

No obsta a lo expuesto el hecho de que los actores denuncian tener sus domicilios en la Provincia de Corrientes, toda vez que, al no configurar el sub examine una causa civil, no concierne al Tribunal expedirse sobre la distinta vecindad (Fallos: 178:243 y dictamen de este Ministerio Público, del 25 de septiembre de 2002, in re, C. 722, L. XXXVI, "Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Municipalidad de Villa Carlos Paz s/ sumario", cuyos argumentos y conclusiones fueron compartidos por VE e su sentencia del 3 de abril de 2003). Asimismo, cabe señalar que los recurrentes habrían constituido domicilio en la Provincia del Chaco en oportunidad de ser designados como permisionarios precarios en el marco de la Resolución Nº 426/98 de la Lotería Chaqueña, lo que conduce a suponer que aceptaron someterse a la jurisdicción local.

- V -

Por todo lo expuesto, opino que cabe confirmar la sentencia de fs. 24/30 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2004

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 4 de abril de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Robles, Hugo Antonio y otros c/ Provincia del Chaco P.E.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones traídas a consideración de esta Corte por el apelante han merecido un adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con el mencionado dictamen, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas. Glósese la queja al principal. Reintégrese el depósito efectuado (fs. 114 y 120/122). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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