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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Hormazábal Neira, Mariela del Carmen c/ Mendoza, Provincia de y otros s/ acción de amparo

Competencia originaria. Acción de amparo. Derecho a la salud. Cobertura total de prestaciones indispensables para una persona discapacitada. Precedente "Rebull". Improcedencia.

Competencia originaria.  Acción de amparo.  Derecho a la salud.  Cobertura total de prestaciones indispensables para una persona discapacitada.  Precedente "Rebull".  Improcedencia.

H. 255. XLII. Originario. "Hormazábal Neira, Mariela del Carmen c/ Mendoza, Provincia de y otros s/ acción de amparo".

Suprema Corte:

La cuestión que se debate en el sub lite resulta sustancialmente análoga a la que fue objeto de tratamiento por este Ministerio Público al expedirse, el 28 de junio de 2006, in re R. 764, XLII, Originario, "Rebull, Gustavo Prion c/ Misiones, Provincia de y otro s/ amparo", respecto de la cual el Tribunal se declaró de conformidad en su sentencia del 18 de julio de 2006.

En virtud de lo expuesto en dicho dictamen, cuyos fundamentos doy aquí por reproducido brevitatis causae, opino que esta acción de amparo resulta ajena a la competencia originaria de la Corte.

No obstante, a VE, en especial si considera que existe peligro en la demora, siempre le asiste la posibilidad de decretar la medida cautelar solicitada, según lo previsto en el Artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2006.

Laura M. Monti

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2006.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 58/87 se presenta por medio de apoderada la curadora definitiva de Mariela del Carmen Hormazábal Neira e inicia acción de amparo -con fundamento en el Artículo 43

de la Constitución Nacional, en la Ley Nº 24.901, y en el Decreto reglamentario Nº 1.193/1998, Artículos 1º y 6º, anexo 1, y Artículos 1º y 5º, anexo A-, contra la Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza, la Provincia de Mendoza -Poder Ejecutivo provincial (Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social)-, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, y contra el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad.

Por medio de esta acción persigue que se le reconozca a su curada el derecho a la cobertura total de las prestaciones que en atención a su discapacidad le resultan indispensables, tales como la concurrencia a un centro de día -al que identifica en el escrito inicial- con jornada doble de lunes a viernes, el transporte especial desde su domicilio hasta el lugar de rehabilitación, y la vuelta correspondiente.

Todo ello sin limitaciones temporales y garantizándosele la continuidad de las prestaciones, por ser insustituibles para su rehabilitación.

2°) Que la representante legal relata que su curada, de 35 años de edad, tiene un diagnóstico de retraso mental moderado, epilepsia, trastornos en el lenguaje, y dificultades de deglución y respiración bucal, como así también delgadez e inseguridad motriz.

Como consecuencia de ello, según afirma, concurre al Instituto Naranjito -sito en el departamento de Guaymallén de la Provincia de Mendoza-, y allí recibe prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, que le resultan indispensables para el desarrollo de las funciones cerebrales superiores, para su estímulo y para el refuerzo de hábitos que influyen en su motricidad.

Las erogaciones correspondientes las afrontaba la Obra Social de Empleados Públicos de la Provincia de Mendoza, pero en septiembre de 2005 el instituto referido rescindió el contrato que los vinculaba, en virtud de que los aranceles correspondientes eran muy bajos. Como consecuencia de ello, y frente a la situación generada, en virtud de un pedido efectuado ante la obra social, se le otorgó un subsidio por todo concepto que alcanza a la suma de $ 970. Según sostiene, esa suma no le permite afrontar el costo de las prestaciones necesarias, ya que ascienden a la cantidad de $ 1.611,80.

Señala, que los aranceles en cuestión tampoco son afrontados por los organismos nacionales, a pesar de que la normativa aplicable le reconoce al discapacitado la cobertura integral de las prestaciones.

Pone en conocimiento del Tribunal que a pesar de las gestiones realizadas, tanto ante la administración provincial como nacional, no tiene otra alternativa que recurrir a este proceso de amparo, dado que al no haber obtenido un resultado favorable se presenta una situación de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que torna inevitable el planteo.

3°) Que la cuestión que se debate en estas actuaciones guarda sustancial analogía -en lo pertinente- con lo resuelto en los autos R.764.XLII. "Rebull, Gustavo Prion c/ Misiones, Provincia de y otro s/ amparo", sentencia del 18 de julio de 2006, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Declarar que la presente causa no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Notifíquese, comuníquese al señor Procurador General, agréguese copia del pronunciamiento al que se remite y archívese.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti.



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