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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Cresto, Juan José c/ Estado Nacional - Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación

Empelo público. Acción de amparo tendiente a impedir la separación del cargo de Director del Museo Histórico Nacional. Régimen del Decreto Nº 993/91. Duración del cargo. Plazo expirado. Cuestión inoficiosa. Revocación de la sentencia.

Empelo público. Acción de amparo tendiente a impedir la separación del cargo de Director del Museo Histórico Nacional. Régimen del Decreto Nº 993/91. Duración del cargo. Plazo expirado. Cuestión inoficiosa. Revocación de la sentencia.

C. 1968. XL. Recurso de hecho. "Cresto, Juan José c/ Estado Nacional - Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación".

Suprema Corte:

-I-

A fs. 417/420 de los autos principales (a los que me referiré en adelante), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala V) confirmó lo resuelto en la instancia anterior en cuanto hizo lugar al amparo deducido por el actor contra el Estado Nacional (Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación) a fin de obtener que se impida cualquier intento de separarlo de su cargo y su función de director del Museo Histórico Nacional, ya sea mediante la intimación a iniciar los trámites jubilatorios o por cualquier otro motivo.

Para así decidir, consideró que al actor no le resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley Nº 25.237, ya que fue designado en su cargo en el marco de un régimen especial (Decreto Nº 993/91) que fija sus propias causales de remoción y, por lo tanto, ello impide extender las previstas por el Artículo 42 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional a los efectos de extinguir la relación. Asimismo, puso de resalto que la conducta llevada a cabo por la Administración traduce un menoscabo a los derechos adquiridos del actor, quien se sometió a un proceso de selección para ser designado por cinco años prorrogables por dos más cuando contaba con la edad de sesenta y ocho años y luego se lo intimó, súbita y arbitrariamente, a iniciar los trámites jubilatorios.

-II-

Disconforme, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 423/435 que, denegado, dio origen a la presente queja.

Sostiene, en lo sustancial, que el pronunciamiento afecta los derechos de igualdad, propiedad y defensa en juicio (Artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional), así como también el principio de división de poderes y se aparta de los procedimientos fijados por la Ley Nº 19.549 y sus reglamentaciones. Alega que el Artículo 16 de la Ley Nº 25.237 no distingue entre cargos y/o funciones desempeñadas, sino que contempla una causa de "remoción" que impone como obligatoria, sin dejarla librada a la discrecionalidad de la Administración. Añade que la sentencia se apartó de la letra de la ley sin exponer un argumento que justifique eludirla y tampoco declaró su inconstitucionalidad, lo cual la torna arbitraria.

-III-

Ante todo, cabe recordar que las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 313:1081; 320:1875, entre muchos otros), lo cual resulta aplicable también a las decisiones en los juicios de amparo (Fallos: 300:844). Al respecto, el Tribunal también ha señalado en reiterada doctrina que si lo demandado carece de objeto actual, su decisión es inoficiosa (Fallos: 253:346), puesto que la desaparición de los requisitos jurisdiccionales que habilitan su actuación importa la de poder juzgar, circunstancia comprobable aun de oficio (Fallos: 307:188; 311:787).

En virtud de tales principios, estimo que resulta inoficioso que V.E. se expida sobre el recurso extraordinario interpuesto, toda vez que el plazo originario de cinco años por el que fue designado el actor en el cargo de director del Museo Histórico Nacional ha expirado (v. Resolución Nº 3.533 del 27 de septiembre de 1999, obrante a fs. 25/26). Pienso que ello es así pese a que en el escrito de inicio invocó su derecho a permanecer en el cargo por dos años más en los términos del Artículo 54 del Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), pues no consta en autos que haya alegado y, por ende, menos demostrado el cumplimiento de las condiciones que se exigen para acceder a dicha prórroga, la cual se encontraba supeditada a las calificaciones que obtuviera en las dos últimas evaluaciones durante el primer período.

Sin perjuicio de ello, considero que también corresponde dejar sin efecto la sentencia recurrida, pues su subsistencia podría causar al apelante un gravamen no justificado, en la medida en que no cabe descartar que alguna consecuencia gravosa para él pudiera ser extraída de una sentencia declarativa de una nulidad que no pudo ser revisada (Fallos: 307:2061; 315:123 y C. 880, L. XXXIX, "Campbell, María Enriqueta vda. de Trufiño y su hijo Alfredo José Trufiño c/ P.E.N. Banco de Salta S.A. Grupo Macro s/ amparo - medida cautelar", sentencia del 14 de septiembre de 2004).

-IV-

Opino, por tanto, que debe declararse inoficioso el pronunciamiento del Tribunal en la causa, sin perjuicio de lo cual corresponde revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2006.

Ricardo O. Bausset.

Buenos Aires, 11 de julio de 2007.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Estado Nacional - Secretaría de Cultura de la Nación en la causa Cresto, Juan José c/ Estado Nacional - Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante ante esta Corte, al que cabe remitir en razón de brevedad.

Que en orden a lo expuesto por el actor en la presentación de fs. 147/148, la nueva actuación administrativa que lo intima a jubilarse, no equivale a un desistimiento del recurso de queja deducido en estos autos, ni la admisión de la invalidez declarada por el a quo de la anterior intimación, puesto que para ello debió ser clara e inequívoca la voluntad de la administración, y ello no se desprende en modo alguno de la resolución de fs. 132 de esta queja.

Por ello, y concordantemente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara inoficioso el pronunciamiento del Tribunal sobre las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario, y se revoca la sentencia apelada. Reintégrese el depósito de fs. 84. Notifíquese, agréguese la queja al principal, y devuélvase.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda (en disidencia parcial) - E. Raúl Zaffaroni (en disidencia parcial) - Carmen M. Argibay.

Disidencia parcial de los Señores Ministros doctores Don Juan Carlos Maqueda y Don E. Raúl Zaffaroni.

Considerando:

Que el Tribunal comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, a cuyos términos corresponde remitirse por razones de brevedad, con excepción de lo señalado en el tercer párrafo del punto III.

Que en orden a lo expuesto por el actor en la presentación de fs. 147/148, la nueva actuación administrativa que lo intima a jubilarse, no equivale a un desistimiento del recurso de queja deducido en estos autos, ni la admisión de la invalidez declarada por el a quo de la anterior intimación, puesto que para ello debió ser clara e inequívoca la voluntad de la administración, y ello no se desprende en modo alguno de la resolución de fs. 132 de esta queja.

Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara inoficioso un pronunciamiento del Tribunal sobre las cuestiones propuestas en el recurso extraordinario. Reintégrese el depósito de fs. 84. Notifíquese, agréguese la queja al principal y devuélvase.

Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni.



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