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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires

Fuero Contencioso Administrativo provincial. Acción de amparo. Demora injustificada en su puesta en funciones. Condena. Manifestación de la recurrente. Implementación paulatina del fuero. Cuestión abstracta e inoficiosa.

Fuero Contencioso Administrativo provincial. Acción de amparo. Demora injustificada en su puesta en funciones. Condena. Manifestación de la recurrente. Implementación paulatina del fuero. Cuestión abstracta e inoficiosa.

C. 972. XXXIX. Recurso de Hecho. "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires".

Suprema Corte:

- I -

A fs. 68/109 de los autos principales (a los que me remitiré en adelante), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -por los fundamentos de la mayoría- hizo lugar, parcialmente, a la acción de amparo que el Colegio de Abogados local promovió contra ese Estado Provincial, al entender, sus magistrados, que resultaba manifiestamente arbitraria la demora de la Provincia en poner en funciones al fuero contencioso administrativo previsto por la Ley Suprema local (Artículos 15; 20, inc. 2º; 166, párrafo final; 175; 215; 217) y la Ley Nº 7.166 -t.o. por Decreto Nº 1.067/95- (Artículos 1, 15 y concordantes).

En ese orden de ideas, condenaron a la demandada a poner en funcionamiento dicho fuero antes del 1º de septiembre de 2003 -incluyendo el financiamiento que demandara- y ordenaron, con tal objeto, al Poder Ejecutivo para que, en el plazo de 30 días, escogiera el candidato dentro de las ternas vinculantes elevadas por el Consejo de la Magistratura y remitiera al H. Senado los pliegos correspondientes a los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata y San Martín y al H. Senado para que se expidiera sobre dichos pliegos y, en caso de darse los acuerdos, que el Poder Ejecutivo se pronunciara en el plazo de 15 días.

- II -

Disconforme, la Provincia de Buenos Aires interpuso el recurso extraordinario de fs. 119/135, que, denegado por el a quo a fs. 155/156, da origen a la presente queja.

Aduce que la sentencia es arbitraria, ya que se aparta de la pretensión de la actora al desviar, indebidamente, el objeto de la demanda hacia los Poderes Ejecutivo y Legislativo cuando, en rigor, se había cuestionado la conducta omisiva de la Suprema Corte de Justicia. Además, alega que viola el principio de congruencia, pues la actora no había solicitado en la demanda que se condenara al Poder Ejecutivo ni al Legislativo a realizar acto concreto alguno tendiente a poner en funcionamiento el nuevo fuero contencioso administrativo, como por ejemplo, que se obligara al Ejecutivo a elegir a los aspirantes a integrar las Cámaras de Apelaciones dentro de las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, como tampoco que el Legislativo se pronunciara sobre los respectivos pliegos, y menos aún que el Ejecutivo hiciera lo propio sobre las designaciones.

Sostiene que es arbitraria, también, por avanzar sobre facultades privativas de otros poderes, al obligar al último de los nombrados que eligiera, en un término perentorio, los aspirantes de las Cámaras de Apelaciones dentro de las ternas que le había remitido el Consejo de la Magistratura.

Considera, asimismo, que la sentencia desatiende la precaria situación económico financiera de la Provincia y los datos que revelaban la dificultad para afrontar los compromisos financieros contraídos con anterioridad a la crisis económica que afectó al país en el 2001. Por ello, en su concepto, el a quo no podía razonablemente sostener que no se ha acreditado la imposibilidad financiera de poner en funcionamiento el nuevo fuero, cuando los ingresos genuinos de la Provincia no alcanzaban siquiera para cubrir las erogaciones corrientes destinadas a dar satisfacción a las necesidades básicas.

- III -

A fs. 262, la apelante manifiesta que han devenido abstractas las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario y en la queja, toda vez que el fuero contencioso administrativo se ha ido implementando paulatinamente en el ámbito de la Provincia, al ponerse en posesión de sus cargos a los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones.

A fs. 268/270, la Suprema Corte local expresa que, luego de pronunciada la sentencia, la Provincia dictó leyes que guardan relación directa con lo resuelto (Ley Nº 13.101 que modificó a sus similares 12.008 y 12.074, esta última modificada, a su vez, por la Ley Nº 13.118) y que, en cuanto a su implementación, se dispuso, por las leyes citadas que, en una primera etapa, el fuero comenzara a funcionar el 15 de diciembre de 2003 fijándose, como fecha límite para su funcionamiento pleno, el 31 de marzo de 2004.

Por otra parte, agrega que se estableció, para el período en que el fuero no estuviera totalmente integrado, que la Suprema Corte determinaría las correspondientes subrogancias, tanto de los juzgados como de las cámaras y que, a raíz de ello, el 15 de diciembre de 2003, el 3 de marzo, el 7 de julio y el 19 de octubre de 2004 se puso en posesión del cargo a diversos jueces del fuero y el Máximo Tribunal local, por medio de las Resoluciones Nros. 3.034/03 y 1.559/04, estableció las subrogancias respectivas.

Por último, informa que al momento de expedirse, aunque no habían comenzado a funcionar las Cámaras de Apelación con asiento en las ciudades de Dolores y de San Nicolás y los juzgados de primera instancia en los departamentos judiciales de Azul -con sede en Tandil-, Junín, La Matanza, San Martín y Trenque Lauquen, se habían realizado o se estaban realizando respecto de alguno de ellos los procedimientos de selección a cargo del Consejo de la Magistratura de la Provincia.

- IV -

Ante todo, cabe recordar que las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 322:2953 y sus citas, entre muchos otros), al igual que la existencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (Fallos: 308:1489 y 325:2982) y que, entre tales extremos, se halla el de inexistencia de gravamen cuando de hecho ha desaparecido por falta de interés económico o jurídico del apelante, circunstancia que cancela la competencia extraordinaria de la Corte (cfr. doctrina de Fallos: 316:310).

Desde esa perspectiva, opino que la manifestación de la recurrente para que se declare abstracta la cuestión, en razón de estar implementando el fuero contencioso administrativo provincial, objeto de la condena de la sentencia que impugna, hace aplicable la doctrina de Fallos: 319:1141, con arreglo a la cual la ausencia de interés exteriorizada por la apelante convierte en inoficioso el pronunciamiento requerido al Tribunal.

- V -

Opino, por tanto que, al haber devenido abstractas las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario y en la queja, corresponde declarar inoficioso el pronunciamiento de la Corte en el sub examine.

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2005

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2006.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el fiscal de Estado adjunto de la Provincia de Buenos Aires en la causa Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que este Tribunal comparte las consideraciones expuestas por el señor Procurador Fiscal subrogante en el dictamen de fs. 272/273, a las que cabe remitir por razones de brevedad.

Por todo lo expuesto, se declara inoficioso emitir pronunciamiento en la presente causa. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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