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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Dellagiovanna, Jorge Alberto s/ recurso Ley Nº 9671 - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

Colegio profesional. Sanción del Tribunal de disciplina. Pronunciamiento de una Sala Especial de la justicia provincial. Irrecurribilidad de sus decisiones ante el Máximo Tribunal local. Arbitrariedad. Agravio de naturaleza constitucional. Doctrina de la zona de reserva jurisdiccional de las provincias y principio de supremacía de la Constitución Nacional. Derecho de defensa. Descalificación del fallo.

Colegio profesional. Sanción del Tribunal de disciplina. Pronunciamiento de una Sala Especial de la justicia provincial. Irrecurribilidad de sus decisiones ante el Máximo Tribunal local. Arbitrariedad. Agravio de naturaleza constitucional. Doctrina de la zona de reserva jurisdiccional de las provincias y principio de supremacía de la Constitución Nacional. Derecho de defensa. Descalificación del fallo.

D. 84. XXXVII. "Dellagiovanna, Jorge Alberto s/ recurso Ley Nº 9671 - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires"

Suprema Corte:

-I-

La Sala Especial de las Cámaras Primera y Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la resolución dictada por el Tribunal Superior de Disciplina del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, redujo la sanción impuesta al doctor Jorge Dellagiovanna a un mes de suspensión en el ejercicio profesional, más la inhabilitación para desempeñar cargos en el Colegio.

Apelada la decisión, dicho tribunal desestimó los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y de nulidad, con fundamento en que ellos no proceden cuando se trata de decisiones dictadas por la Sala Especial (Artículo 4 del Decreto Ley Nº 9.398/79, modificado por el Nº 9.671/81).

A su turno, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió que dichos recursos fueron bien denegados, al considerar que en autos se debate una cuestión ajena al derecho civil, lo que torna inaplicables las reglas del Código Procesal y que no cabe efectuar una interpretación extensiva de los Artículos 278 y 296. Añadió que no basta con introducir una alegación de carácter constitucional para habilitar la competencia del tribunal "fuera de los límites establecidos en las normas constitucionales y procesales, creando recursos inexistentes con derogación de la ley respectiva".

-II-

Disconforme, el actor interpuso recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la presente queja.

Sostiene, en lo sustancial, que la sentencia apelada es arbitraria, pues contiene afirmaciones dogmáticas que se apartan de las constancias de la causa y afecta el principio de control judicial suficiente, y las garantías de debido proceso, defensa en juicio, propiedad, igualdad y otros derechos protegidos por la Constitución Nacional. Destaca que la decisión es contraria a la doctrina sentada por el Alto Tribunal en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" en relación a las limitaciones provenientes de normas locales de procedimiento para que el órgano judicial superior de la Provincia entienda en causas que involucran cuestiones federales y que, al reconocer que la materia es de índole administrativa, resulta absurda y contradictoria la solución adoptada. De aceptarse este criterio restrictivo -continúa- no existiría recurso alguno tendiente al control de legalidad, constitucionalidad y demás competencias emergentes del ordenamiento jurídico, en desmedro del control jurisdiccional que se garantiza en toda organización judicial.

-III-

Si bien las resoluciones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales local no son, en principio, revisables mediante la vía extraordinaria, por vincularse con cuestiones de naturaleza común y procesal, procede hacer excepción a dicha regla cuando media alguna causal de arbitrariedad que descalifique el pronunciamiento, circunstancia que, a mi modo de ver, se configura en la especie.

En efecto, estimo que resulta acertada la alegación del recurrente en cuanto a que la denegatoria del recurso de queja, fundada en que el pronunciamiento de la Sala Especial no es recurrible ante a Corte local por encontrarse en debate una cuestión ajena al derecho civil, desconoce garantías conferidas por el Artículo 18 de la Constitución Nacional y efectúa una interpretación errónea de los principios que emanan del Artículo 31.

Ello es así, toda vez que el apelante adujo en los remedios extraordinarios locales agravios de naturaleza constitucional, pues se refieren a que la sentencia dictada por el tribunal especial habría vulnerado el principio de división de poderes, la garantía de debido proceso y los derechos de igualdad, defensa en juicio, propiedad y otras normas que garantizan el principio de congruencia, al haberse arrogado la competencia del Tribunal de Disciplina del Colegio de Médicos e imponerle una sanción por un hecho ajeno a lo debatido en el sumario instruido por presuntas irregularidades en el trámite de la autorización para el uso del título de especialista en hemoterapia. Tales cuestiones, oportunamente propuestas, son potencialmente aptas para ser sometidas a la instancia federal, una vez que se hubiese obtenido el pronunciamiento final por parte del superior tribunal provincial, sin perjuicio de lo que, en definitiva, corresponda resolver.

Al respecto, cabe recordar que, según doctrina del Alto Tribunal, no compatibiliza con el régimen federal de gobierno la zona de reserva jurisdiccional de las provincias y el principio de la supremacía constitucional consagrado en el Artículo 31 de la Constitución Nacional, el hecho de que un tema en el que se encuentra planteada una cuestión federal no merezca el conocimiento del órgano máximo de una provincia y que, en cambio, sea propio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si, como resulta de las constancias de la causa, el perjudicado ha dado cumplimiento a la exigencia del debido agotamiento de las instancias provinciales con explícita invocación de la cuestión federal (v. Fallos: 323:3501, consid. 5º y sus citas). Asimismo, sostuvo que, si bien las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional (Fallos: 324:2177 y sus citas).

Toda vez que el pronunciamiento apelado no se ajusta a las pautas emergentes de la citada doctrina, presupuesto de ineludible cumplimiento para que sean eventualmente tratadas por VE las cuestiones federales involucradas -que no pueden considerarse como una mera alegación de carácter constitucional- corresponde dejarla sin efecto.

En tales condiciones, entiendo que lo resuelto por el a quo lesiona de manera directa e inmediata el derecho de defensa (Artículo 18 de la Constitución Nacional) y, en consecuencia, habilita a descalificar el fallo impugnado como acto judicial válido, según conocida jurisprudencia del Tribunal sobre arbitrariedad de sentencias.

-IV-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver las actuaciones, a fin de que se dicte una nueva conforme a derecho.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2003

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 8 de junio de 2004.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Jorge Alberto Dellagiovanna en la causa Dellagiovanna, Jorge Alberto s/ recurso Ley Nº 9.671 - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que los agravios del apelante han sido objeto de examen adecuado en los fundamentos del dictamen del señor Procurador General, que el Tribunal comparte y hace suyos en razón de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt (en disidencia)- Antonio Boggiano (en disidencia)- Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda (en disidencia)- E. Raúl Zaffaroni - Jorge Ferro - Ricardo Gustavo Recondo.

Disidencia de los señores Ministros doctores Don Carlos S. Fayt, Don Antonio Boggiano y Don Juan Carlos Maqueda

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito. Notifíquese y archívese, previa devolución de los autos principales.

Carlos S. Fayt - Antonio Boggiano - Juan Carlos Maqueda.



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