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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Pouler, E. R. c/ Estado Nac. Ministerio de Justicia s/ daños y perjuicios

Responsabilidad del Estado. Error judicial. Prisión preventiva. Absolución posterior del procesado. Alcance de la doctrina. Rechazo de la demanda.

Responsabilidad del Estado. Error judicial. Prisión preventiva. Absolución posterior del procesado. Alcance de la doctrina. Rechazo de la demanda.

P. 890. XLII. "Pouler, E. R. c/ Estado Nac. Ministerio de Justicia s/ daños y perjuicios".

Buenos Aires, 8 de mayo de 2007.

Vistos los autos: "Pouler, E. R. c/ Estado Nac. Ministerio de Justicia s/ daños y perjuicios".

Considerando:

1°) Que contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (fs. 306/310), que al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 289 revocó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Eduardo Roberto Pouler contra el Estado Nacional por daños y perjuicios, condenando a este último a pagar al primero la suma de pesos cien mil ($ 100.000) en concepto de daño moral, la parte actora dedujo recurso extraordinario (fs. 323/331 vta.) que fue concedido a fs. 340/340 vta., en el cual plantea, fundamentalmente, que el Artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone el derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial.

2°) Que para así argumentar el recurrente sostuvo que el fallo de revisión de casación (fs. 325 y sgtes.) debe ser entendido como un acto jurisdiccional posterior que reconoce la existencia, en el caso sub examine de error judicial, al declarar ilegítima y sin efecto por falta de acusación válida la sentencia impugnada ordenando remitir las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza para que dicte un nuevo fallo, luego del cual fue absuelto. Agrega que la facultad del Poder Judicial para ordenar detenciones no es absoluta y reconoce límites y condiciones, "el primero de ellos de raigambre constitucional lo constituye la presunción de inocencia" (fs. 327). Concluyendo que "la prisión preventiva no solo debe ser legal sino además necesaria y razonable" (fs. 328), dando por sentado que no es este el supuesto ocurrido en autos.

Por último, y con fundamento en que el recurso de apelación del Estado debió haber sido rechazado por ausencia de fundamentación, entiende que la alzada excedió los límites establecidos por el principio iuria novit curia.

3°) Que, en tales condiciones, los agravios invocados suscitan cuestión federal para su consideración por la vía intentada, pues ponen en tela de juicio la inteligencia que cabe atribuir a determinada cláusula contenida en un tratado internacional parte integrante del bloque de constitucionalidad federal y la decisión del tribunal superior de la causa ha sido contraria a la validez del derecho invocado con base directa en dicha norma (Artículo 14, inc. 3° de la Ley Nº 48).

4°) Que, tal como ha sido resuelta la cuestión por el tribunal a quo en remisión directa a la pacífica doctrina jurisprudencial de esta Corte en la materia controvertida en autos (ver. fs. 308 vta. y 309), corresponde estar a lo decidido en el pronunciamiento apelado.

En efecto, como principio general, la absolución posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva dispuesta en el curso de un proceso, pues sólo debe significarse como error judicial aquella sentencia que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso. Es pues desde esta comprensión que la privación de la libertad durante el proceso no debe ser automáticamente reconocida a consecuencia de la absolución, sino, cuando el auto de prisión preventiva se encuentre infundado o se revele irracional.

En tal sentido, y en sintonía con la extensa tradición jurisprudencial de este Tribunal en la materia, cabe afirmar que en tanto el auto de prisión preventiva puesto en crisis encuentra sustento lógico suficiente en las constancias de la causa, no procede la pretensión de reparación esgrimida por el recurrente.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Notifíquese y devuélvase.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay (en disidencia).

Disidencia de la Señora Ministra doctora Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se declara improcedente el recurso extraordinario, con costas. Notifíquese y devuélvase.

Carmen M. Argibay.



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