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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Figueroa, Jorge A. c/ EN -M° del Interior- PFA s/ daños y perjuicios

Responsabilidad del Estado. Lesión sufrida por integrante de las fuerzas de seguridad con arma de fuego. Precedentes "Lupia" y "Mengual". Procedencia del otorgamiento de una indemnización con base en normas de derecho común.

Responsabilidad del Estado. Lesión sufrida por integrante de las fuerzas de seguridad con arma de fuego. Precedentes "Lupia" y "Mengual". Procedencia del otorgamiento de una indemnización con base en normas de derecho común.

F. 650. XXXVII. "Figueroa, Jorge A. c/ EN -M° del Interior- PFA s/ daños y perjuicios."

Suprema Corte:

I

A fs. 270/277, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó el fallo de la instancia anterior e hizo lugar a la demanda promovida por el sargento retirado Jorge Alberto Figueroa contra el Estado Nacional, Ministerio del Interior y Policía Federal Argentina, a fin de que se lo indemnice por las afecciones que sufre en su pierna derecha, motivadas en la herida de bala recibida accidentalmente de otro agente policial, a quien se le escapó un tiro del arma reglamentaria cuando se hallaban en un vestuario de la Comisaría Seccional 41a. Dicha herida, considerada "en servicio" determinó su retiro obligatorio, con una incapacidad laborativa civil del diez por ciento.

Para así resolver, sostuvo -en lo que aquí interesa- que V.E. se expidió en el sentido de que no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas del derecho común, cuando las leyes específicas -como en el caso la ley 21.965, para el personal de la Policía Federal Argentina- no prevén un régimen autónomo de resarcimiento para los supuestos de lesiones sufridas por los integrantes de la fuerza, originados en hechos como el sub júdice (Fallo "Lupia, Mario Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina").

Destacó asimismo que, en atención a los elementos obrantes en autos, correspondía atribuir responsabilidad al Estado Nacional por el daño que tuvo lugar ante el irregular comportamiento de uno de sus agentes. No se trata de una responsabilidad indirecta -dijo- toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas. La conclusión que antecede, acotó, no se ve alterada por la circunstancia de que la víctima de autos fuera, también, dependiente de la institución policial, pues cabe señalar que pueden ser titulares de la acción de reparación tanto los terceros extraños a la relación de empleo como también cualquier otro agente público que resulte afectado por el comportamiento del funcionario que actuó irregularmente en el ejercicio de sus funciones (doctrina de Fallos: 317:1008).

II

Disconforme con este pronunciamiento, la demandada dedujo el recurso extraordinario de fs. 280/284, que -concedido por el a quo (fs.291)- trae el asunto a conocimiento del Tribunal.

III

En mi opinión, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible en tanto se ha puesto en tela de juicio la inteligencia de normas de carácter federal -Ley Nº 21.965, Ley Orgánica de la Policía Federal- y la decisión definitiva es contraria al derecho que en ellas funda la recurrente (Artículo 14, inc 3º,de la Ley Nº 48).

IV

En cuanto al fondo del asunto, a mi modo de ver, asiste razón a la actora.

Estimo -en efecto- que, tal como señaló la Cámara, las cuestiones debatidas en el sub examen son substancialmente análogas a las resueltas por V.E. in re, "Lupia, Mario Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina s/ accidente de trabajo, Artículo 113 C.C.", fallo del 15 de octubre de 1996, donde el Tribunal ha resuelto que, "al examinar una situación que guarda en lo pertinente analogía con la planteada en autos, esta Corte ha establecido que no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad -ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio- cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro de naturaleza previsional (cfr. causa M.41 y M.29.XXVII, "Mengual, Juan y otra c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) -EMGE-) s/ cobro de australes", sentencia del 19 de octubre de 1995) [...] Que en el presente caso resulta claramente aplicable la doctrina del fallo citado, toda vez que la Ley Nº 21.965, para el personal de la Policía Federal Argentina, no prevé un régimen autónomo de resarcimiento (o "indemnización") para los supuestos de lesiones sufridas por los integrantes de la fuerza que se hayan originado en casos como el de autos [...] Por el contrario, la mencionada normativa establece para esos supuestos el pago de un haber de retiro, lo que, de conformidad con la doctrina del citado caso `Mengual´, es perfectamente compatible con la percepción de una indemnización fundada en normas del derecho común."

V

Respecto de los demás agravios planteados por la demandada -plazo de prescripción y quantum de la indemnización-, cabe señalar que, en mi concepto, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias del tribunal de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- al remedio del Artículo 14 de la Ley Nº 48. Máxime cuando la decisión se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad invocada (Fallos: 323:2870 y 322:2914, entre otros muchos).

VI

Por lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia en cuanto fue motivo del remedio federal deducido.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2003

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 29 de abril de 2004.

Vistos los autos: "Figueroa, Jorge A. c/ EN -M° del Interior- PFA s/ daños y perjuicios".

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el señor Procurador General en su dictamen, al que cabe remitirse en razón de brevedad.

Que el juez Vázquez remite a su disidencia de Fallos: 319:1505 y en la causa L.264.XXXVIII. "Lupia, Mario Alberto c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- Policía Federal Argentina s/ accidente de trabajo Artículo 1113 C.C.", fallada el 15 de octubre de 1996.

Por ello, por mayoría, y de conformidad con lo dictaminado por aquél, se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda.



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