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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Cuesta, Lucrecia Silvia c/ M° J y DD.HH. - Artículo 3 Ley Nº 24.043 (Resolución Nº 550/01)

Responsabilidad del Estado. Indemnizaciones previstas en la Ley Nº 24.043, modificada por la Ley Nº 24.906. Situación de asilados o refugiados políticos. Aplicación del precedente "Yofre de Vaca Narvaja". Procedencia del recurso.

Responsabilidad del Estado. Indemnizaciones previstas en la Ley Nº 24.043, modificada por la Ley Nº 24.906. Situación de asilados o refugiados políticos. Aplicación del precedente "Yofre de Vaca Narvaja". Procedencia del recurso.

C. 3431. XXXVIII. "Cuesta, Lucrecia Silvia c/ M° J y DD.HH. - Artículo 3 Ley Nº 24.043 (Resolución Nº 550/01)".

Suprema Corte:

- I -

A fs. 110/111, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III) desestimó el recurso de apelación interpuesto por Lucrecia Silvia Cuesta -en los términos del Artículo 3º de la Ley Nº 24.043, modificada por la Ley Nº 24.906- contra la resolución Nº 550/01 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que le denegó el beneficio previsto en esa ley, por la situación de persecución política y, posteriormente, de exiliada que invocó.

Para así resolver, consideró que la pretensión excede el marco indemnizatorio instituido por las leyes citadas, desde que ellas están dirigidas a reparar a aquellos que sufrieron detenciones ilegítimas emanadas de tribunales militares o de quienes ejercían el Poder Ejecutivo de la Nación durante el último gobierno de facto, situación que no puede equipararse -sostuvo- con la de aquellos que optaron por el exilio por la propia valoración que de la situación imperante realizaron.

Observó que -a diferencia de los casos "Quiroga", "Geuna" y "Bufano", en que el exilio fue considerado como continuidad de una detención ilegítima previa- en el sub lite la actora estuvo detenida entre el 9 de abril de 1972 y el 24 de enero de 1973, optó luego por salir del país, retornó posteriormente y fue entonces, aseveró, que, tras haber sido perseguida políticamente, volvió a exiliarse, sin que esta decisión hubiera estado precedida de una nueva detención.

- II -

Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 120/132, que, concedido por el a quo (fs. 145), trae el asunto a conocimiento de VE.

- III -

Tengo para mí que el remedio extraordinario es formalmente admisible, pues se encuentra en discusión el alcance e interpretación de normas federales -Leyes Nros. 24.043 y 24.906- y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que la apelante funda en ellas (Artículo 14, inc. 3º, de la Ley Nº 48).

Además, es dable recordar que, por discutirse el contenido y alcance de una norma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (doctrina de Fallos: 308:647, entre otros).

- IV -

Cabe señalar que no están controvertidos los hechos que involucran a la actora, sino que la cuestión -como señala el tribunal- es que ella "[...] pretende, en definitiva, que se asimile la situación de asilados o refugiados políticos a la de quienes estuvieron a disposición de autoridades militares durante el último gobierno de facto." (cfr. fs. 110/111, punto II).

Así las cosas, pienso que el reclamo puede dividirse en dos partes.

La primera, relacionada con su detención entre el 9 de abril de 1972 y el 24 de enero de 1973 y posterior exilio en México, concedida que le fue la opción de abandonar el país, ostracismo que finalizó de manera voluntaria una vez reinstaurado el orden democrático en la Argentina, lapso sobre el cual oportunamente recayó resolución de la Autoridad de Aplicación (ver Resolución Mº del Interior Nº 2.767 del 23 de octubre de 1996), que se encuentra firme.

La segunda, que corresponde al período de su nuevo exilio, al que llega luego de recibir amenazas, del secuestro y muerte de uno de los socios del estudio de su marido en el que trabajaba, del secuestro de su madre en el año 1976 -la que es interrogada sobre su paradero- y la profanación de la sepulturas de su padre y hermano en Villa Constitución -fallecidos en un accidente- en busca de armas. Este exilio es corroborado por el certificado que luce a fs. 45, expedido por la Asesora Jurídica Regional del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, del que surge que fue reconocida como refugiada por la Oficina con sede en Francia, desde el 19 de enero de 1977 hasta el 18 de enero de 1980.

A mi modo de ver, la cuestión debatida en el sub lite -en lo que a esta parte se refiere- es sustancialmente análoga a la que tuvo oportunidad de examinar este Ministerio Público en el dictamen del 11 de marzo de 2004, in re, Y. 43, L. XXXVIII, "Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/ Ministerio del Interior Resolución MJDDHH Nº 221/00 (expte. 443459/98)", a cuyos términos y conclusiones se remitió VE en sentencia del 14 de octubre ppdo.

En virtud de los fundamentos allí expuestos, en lo que fueren aplicables al presente, pienso que corresponde revocar la sentencia de fs. 110/111, con el alcance expresado.

Buenos Aires, 22 de agosto de 2005

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.

Vistos los autos: "Cuesta, Lucrecia Silvia c/ M° J y DD.HH. - Artículo 3 Ley Nº 24.043 (Resolución Nº 550/01)".

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, cuyos términos se dan por reproducidos en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por aquél, se revoca la sentencia de fs. 110/111, con los alcances señalados en el mencionado dictamen. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a este pronunciamiento. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay.



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