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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Amarante, Juan José c/ Estado Nacional Minist. de Defensa Estado Mayor del Ejer. s/ accidente en el ámbito militar y f. de seguridad

Responsabilidad del Estado. Accidente ocurrido en una unidad militar en actos de servicio. Indemnización basada en normas de derecho común. Procedencia. Precedentes "Arbini" y "Llell".

Responsabilidad del Estado.  Accidente ocurrido en una unidad militar en actos de servicio.  Indemnización basada en normas de derecho común.  Procedencia.  Precedentes "Arbini" y "Llell".

A.638.XXXIX. "Amarante, Juan José c/ Estado Nacional Minist. de Defensa Estado Mayor del Ejer. s/ accidente en el ámbito militar y f. de seguridad".

Suprema Corte:

- I -

Contra la sentencia de los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que modificó la de la anterior instancia, elevando el monto indemnizatorio estipulado por el inferior, la demandada, Estado Nacional - Ministerio de Defensa -Estado Mayor General del Ejército-, interpuso recurso extraordinario que fue concedido a fojas 191.

Explica el recurrente, que la actora inició demanda contra su parte, en virtud de los daños y perjuicios sufridos en ocasión de un accidente ocurrido en una unidad militar, en oportunidad del cumplimiento de órdenes de servicio, lo que derivaría posteriormente en su baja, con una incapacidad del 70% parcial y permanente.

Dice que la sentencia atacada dispone el otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios, de acuerdo a lo estipulado por normas de derecho común, circunstancia que pone en tela de juicio la interpretación e inteligencia de leyes de carácter federal, como ser la Nº 19.101, reformada por la Ley Nº 22.511 y sus decretos reglamentarios.

Asevera que la aplicación de la Ley Nº 19.101, en la cual encuadra legalmente el actor por ser un miembro permanente de la Fuerza, excluye cualquier indemnización sobre la base del derecho común, toda vez que dicha normativa específica debe regir sus relaciones con el Estado de modo exclusivo.

Afirma que el sistema implementado por las normas federales citadas es cerrado y el haber que otorga para casos como el de autos tiene carácter resarcitorio siendo, en esencia, omnicomprensivo de los rubros reclamados por el actor, tales como la incapacidad, el daño moral, gastos, etcétera. Aduce que sostener lo contrario llevaría a aceptar una doble indemnización a favor de quienes se encuentran alcanzados por el régimen militar, en desmedro de los ciudadanos que no lo están, acumulando dos beneficios que responden a una misa finalidad, situación que es inadmisible en el esquema de un adecuado sistema de reparación de daños.

Por último, se agravia por considerar que la decisión en crisis viola su derecho de propiedad, consagrado por el Artículo 17 de la Constitución Nacional, toda vez que se le ordena pagar sumas no debidas legítimamente, como así también el principio de legalidad dado que se le están imponiendo obligaciones no fundadas en ley. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso.

- II -

En principio, cabe precisar que VE tiene reiteradamente dicho, que el recurso extraordinario es admisible si se ha opuesto en tela de juicio la inteligencia y aplicación de leyes de naturaleza federal, y la decisión ha sido contraria a las pretensiones que el recurrente funda en ellas, extremo que acontece en autos.

En cuanto al fondo de la cuestión, estimo que no le asiste razón al recurrente. Así lo pienso, toda vez que no existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad - ya sea que su incorporación haya sido voluntaria o consecuencia de las disposiciones sobre el servicio militar obligatorio - cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino solo un haber de retiro de naturaleza previsional (ver, entre otros, Fallos: 318: 1959; 319: 1505, 1361 y dictamen de esta Procuración General de fecha 29 de marzo del corriente, en la causa S.C.A.325, L.XXXIX "Harbin Carlos Antonio c/ Estado Nacional -Gobierno de la Nación- Ministerio de Defensa s/ Cobro de Pesos", como así también en el dictamen de fecha 21 de abril de 2003 en la causa S.C.L.1706, L.XXXVIII "Llell José Alberto c/ Estado Mayor Gral. del Ejercito s/ Personal Militar y Civil de la FFAA y de Seg", fallado, de conformidad, por VE el día 26 de agosto del mismo año.)

Considero que la doctrina citada es de plena aplicación al sub-lite por cuanto, según surge de los actuados, el actor fue dado de baja por las secuelas incapacitantes que padeció a raíz de una accidente que fuera reconocido por la propia demanda como acto de servicio -destaco que este punto no se encuentra controvertido- y se le ha asignado una pensión de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 76 inciso 2 apartado b) de la Ley Nº 19.101, modificada por la Ley Nº 22.511, que excluye a cualquier otra suma en concepto de resarcimiento. Máxime cuando el recurrente no trae argumento alguno que permita sostener lo contrario.

Por tanto, opino que cabe declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 7 de abril de 2004.

Felipe Daniel Obarrio

Suprema Corte:

Estése a lo dictaminado a fs. 198/9 dejando esclarecido que, al sostenerse en el último párrafo, que el Artículo 76, inc. 2º, apartado b) de la Ley Nº 19.101, "excluye" cualquier otra suma en concepto de resarcimiento, se pretendió sostener que la aludida norma no contempla tal circunstancia, mas no que la prohíbe, pues en tal caso habría sido menester declarar su invalidez.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2006.

Felipe Daniel Obarrio

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2006.

Vistos los autos: "Amarante, Juan José c/ Estado Nacional Minist. de Defensa Estado Mayor del Ejer. s/ accidente en el ámbito militar y f. de seguridad".

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el señor Procurador General Sustituto en su dictamen de fs. 198/199, al que cabe remitirse en razón de brevedad.

Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco (según su voto) - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.

Voto de la Señora Vicepresidenta doctora Doña Elena I. Highton de Nolasco.

Considerando:

Que la cuestión planteada resulta sustancialmente análoga a la debatida y resuelta en el precedente publicado en Fallos: 318:1959 (considerandos 11 a 13 de la mayoría), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General Sustituto, se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

Elena I. Highton de Nolasco.



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