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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

"Lacuadra, Víctor Horacio s/ daños y perjuicios"

Fiscalía de Estado. Nulidad de notificación de demanda. Notificación al Fiscal de Estado con sede en La Plata. Artículo 9º ap. 4º CCA. Improcedencia de notificación en el domicilio de la delegación fiscal departamental. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín

Fiscalía de Estado. Nulidad de notificación de demanda. Notificación al Fiscal de Estado con sede en La Plata. Artículo 9º ap. 4º CCA. Improcedencia de notificación en el domicilio de la delegación fiscal departamental.

"Lacuadra, Víctor Horacio s/ daños y perjuicios"

Gral. San Martín, 7 de septiembre de 2004

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 75/81 el Sr. Juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de Zárate-Campana rechazó el planteo de nulidad de la notificación de la demanda interpuesta por el representante de la Fiscalía de Estado y dispuso que el plazo de 45 días para su contestación debía reiniciarse una vez notificada tal decisión.

Para así resolver, consideró que: la demanda fue notificada a un órgano de la Fiscalía de Estado consagrado legalmente (Artículo 43, 3er. párrafo de la Ley Nº 7.543/69); el poder otorgado al Delegado era de la misma amplitud y alcance que el que fue conferido al Fiscal de Estado; el domicilio de la notificación era el legal de la delegación; el Fiscal de Estado podía no patrocinar al representante fiscal por tratarse de un departamento judicial diferente al de La Plata por lo que la totalidad del juicio se llevaría adelante con la representación de la Delegación local (Artículo 9 de la Ley Nº 7.543/69); y el Fiscal de Estado dentro del organismo disponía de mecanismos de control, conocimiento y organización respecto de las tareas y en relación a toda su estructura funcional, máxime cuando los canales de comunicación internos podían ser inmediatos.

II-Que a fs. 107/110 apela el delegado fiscal de la Provincia de Buenos Aires y expresa agravios. El memorial fue contestado por la parte actora a fs. 116/117.

Se agravia el recurrente por la falta de aplicación de la legislación vigente en la materia. Señala que el Artículo 9 ap. 4º del CCA dispone que al Fiscal de Estado debe notificarse la demanda en su despacho, esto es en la ciudad de La Plata, y que en el caso la notificación se efectuó en el domicilio de la delegación local. Dice que el a quo no ha tenido en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la ley de Fiscalía de Estado los delegados deben ajustarse en todos los casos a las instrucciones impartidas por el Fiscal. Asimismo, recuerda que según la Constitución provincial en cualquier controversia en que se comprometa los intereses patrimoniales de la Provincia debe darse intervención al Sr. Fiscal de Estado y que la falta de cumplimiento de la notificación a que alude el Artículo 28 de la Ley Nº 7.543/69 es causal de nulidad. Cita jurisprudencia del Alto Tribunal provincial.

III- Que la notificación de la demanda tiene especial trascendencia en el proceso porque de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad; razón por la cual la ley la reviste de formalidades específicas que tienden al debido resguardo de la garantía constitucional de defensa en juicio (Artículos 18 de la Const. Nac., 33 de la Ley Nº 12.008, 135. inc. 1º del CPCyC; en este sentido Cam.Civ. Quilmes, I 11-7-2000 "Jiménez Tizzado c/ Soto Claudia Marisa y otros s/daños y perjuicios).

IV- Que en el caso de autos, el Sr. Víctor Horacio Lacuadra interpuso demanda de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires, con fecha 23 de abril de 2.004 (cfr. fs. 21/35), cuyo traslado fue notificado en la delegación Zárate ?Campana de la Fiscalía de Estado (cfr. fs.44)

V- Que la Constitución Provincial le atribuye al Fiscal de Estado la defensa del patrimonio del Fisco, asignándole el rol de parte legítima en todos aquellos juicios en que se controvierten intereses del Estado (cfr. Artículos 155 Const. Prov. y 1º, 19 y sigs. del decreto Ley Nº 7.543/69).

En tal sentido, el Artículo 9, inc. 1º del CCA ?Ley Nº 12.008- dispone, en lo que aquí interesa, "[...] El Fiscal de Estado intervendrá en los procesos contencioso administrativos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 de la Constitución Provincial y las disposiciones legales correspondientes" y en el inc. 4º) establece: "[...] Los representantes o letrados de los entes previstos en el artículo 1 tendrán los mismos derechos y obligaciones de los demás que intervengan en el proceso. Se exceptúa de esa regla, al fiscal de Estado y al Asesor General de Gobierno, quienes deberán ser notificados en sus despachos oficiales". Por su parte, el Artículo 33 ?Notificación- del citado cuerpo legal dice: "La demanda se notificará: 1. Al Fiscal de Estado, cuando la pretensión fuere dirigida contra la Provincia o un ente provincial cuya representación legal le correspondiere".

Por su parte, el decreto Ley Nº 7.543/69 ?Fiscalía de Estado- determina en lo que se refiere a la cuestión de autos: a) en los juicios que tramiten en el departamento judicial de La Plata, el Fiscal de Estado será notificado en su despacho oficial del traslado de la demanda (cfr. Artículo 27, ap.1º); b) en los restantes departamentos las providencias deberán ser notificadas a los representantes del Fiscal de Estado en los domicilios por ellos constituidos, con excepción del traslado de la demanda, la acusación de negligencia y solicitud de caducidad de instancia (cfr. Artículo 28), y c) cuando se promuevan acciones contra la Provincia o sus organismos autárquicos o descentralizados la demanda, reconvención o citación de terceros se notificará, bajo pena de nulidad, por cédula en el despacho del señor Fiscal de Estado (cfr. Artículo 31).

VI- Que la ley Orgánica de Fiscalía resulta un régimen de excepción y tal prorrogativa viene dada en función de la particular naturaleza de la persona accionada y no de la estructura del proceso en el que va a intervenir (cfr. Cam. Civil. 2º, Sala 1º La Plata S. 29-3-2001 in re: "Munich. de Avellaneda c/Fisco de la Pcia. s/apremio").

Al respecto, cabe recodar que la Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que la igualdad fundamental que debe reconocerse al Estado, en carácter de litigante, no importa una equiparación rigurosa con los particulares (Fallos: 246:194, 253:406) y que la garantía de igualdad no impide la existencia de una legislación distinta respecto de soluciones que el legislador estima diferentes, en tanto no exista arbitrariedad ni hostilidad o indebido favor o privilegio hacia personas o grupos de personas (Fallos: 246:45, 247: 216, 302:192; voto del Dr. Rodríguez Villar, Ac. 43.934, 27-X-1992).

VII- Que de la reseña normativa citada y en una interpretación armónica de sus términos, este Tribunal entiende que asiste razón al recurrente en el sentido de que el traslado de la demanda debió notificarse en el despacho oficial del Fiscal de Estado en la ciudad de La Plata.

Ello así toda vez que el Decreto Ley Nº 7.543/69 es un sistema legal especial y las normas generales no pueden disponer la derogación de normas especiales anteriores, salvo el supuesto de derogaciones expresas o de manifiesta incompatibilidad, situaciones que no se advierte que se cumplan en el caso (cfr. voto del Dr. Salas en Ac. 43.934, 27-X-1992). Por el contrario, de las disposiciones procesales aplicables en autos ?Ley Nº 12.008- surge claramente que la notificación del traslado de la demanda debió cursarse en el despacho oficial del Fiscal de Estado.

Y si bien el Fiscal de Estado se encuentra habilitado para sustituir la representación de la Provincia en funcionarios del organismo, con título habilitante, que se encuentran y distribuidos en los distintos departamentos judiciales, ellos deben actuar de conformidad con las instrucciones que aquél les imparta (cfr. Artículo 43 del Decreto Ley Nº 7.543/69).

Cabe agregar que siendo clara la normativa vigente, no resulta admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal (Fallos: 285:353, entre muchos otros).

Por ello, corresponde admitir el recurso interpuesto.

VI- Que en cuanto a las costas de la presente incidencia, deben imponerse por su orden en ambas instancias (cfr. Artículo 51 del CCA-Ley Nº 12.008).

Por las razones que anteceden, este Tribunal Resuelve: Hacer lugar a la apelación interpuesta y revocar la decisión del a quo en cuanto fue materia de recurso. En consecuencia, se declara la nulidad de la notificación del traslado de la demanda efectuado en el domicilio de la delegación fiscal departamental, la que deberá cursarse en el despacho oficial del Fiscal de Estado. Costas de ambas instancias por su orden (Artículo 51 del CCA ?Ley Nº 12.008).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Jorge Augusto Saulquin - Ana María Bezzi - Laura Mercedes Monti



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