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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Banco de la Nación Argentina c/ Martín, Miguel Ángel y otra s/ ejecución hipotecaria

Inembargabilidad de bienes. Constitución provincial. Normas reglamentarias. Materia de legislación común. Prerrogativa del Congreso Nacional. Aplicación directa de una nueva norma provincial por la Alzada sin conferir traslado. Descalificación de la sentencia.

Inembargabilidad de bienes. Constitución provincial. Normas reglamentarias. Materia de legislación común. Prerrogativa del Congreso Nacional. Aplicación directa de una nueva norma provincial por la Alzada sin conferir traslado. Descalificación de la sentencia.

B. 3949. XVIII. "Banco de la Nación Argentina c/ Martín, Miguel Ángel y otra s/ ejecución hipotecaria".

Suprema Corte:

-I-

La Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba, Sala A, modificó la decisión de grado (fs. 11/14) e hizo lugar al incidente de levantamiento de embargo e inejecutabilidad del inmueble. Para así decidir, consideró que: a) la pretensora no arguyó la invalidez constitucional del Artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Córdoba ni de su norma reglamentaria, Ley N° 8.067; b) el planteo de inconstitucionalidad del Artículo 3, inciso 2, de la Ley N° 8.067, formulado por la accionada, devino abstracto en razón de haber sido derogado aquél por la Ley N° 8.998; c) el inmueble embargado -amén de única propiedad de los requeridos- es el lugar de residencia familiar; y, d) la renuncia al beneficio de inembargabilidad carece de valor a la luz de lo dispuesto por los Artículos 3 y 7 de la Ley N° 8.998 (fs. 48/50).

Contra dicha resolución, el Banco de la Nación Argentina interpuso recurso extraordinario (fs. 54/62), el que fue concedido, con apoyo tanto en lo establecido por el Artículo 14, inciso 2°, de la Ley N° 48, como en la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencias (fs. 71/72).

-II-

En síntesis, la recurrente aduce la arbitrariedad de la sentencia con fundamento en que: a) la excepción prevista por el Artículo 3°, inciso 2°, de la Ley N° 8.067 -vigente al tiempo de la constitución de la hipoteca- constituye un derecho adquirido para la demandada; b) la Ley N° 8.998, posterior tanto al contrato de mutuo hipotecario, como a la promoción del incidente de inembargabilidad, fue aplicada por la alzada sin conferir a la accionada la posibilidad de ejercer su defensa y de agraviarse en orden a la irregularidad constitucional de la norma; y, c) el fallo soslayó la disposición que traduce -por parte de la deudora hipotecaria- la renuncia al beneficio de inembargabilidad habilitada por el Artículo 4° de la Ley N° 8.067; así como la orientación jurisprudencial expuesta en el antecedente de Fallos: 325:428. Dejó planteada, por último, la inconstitucionalidad de los Artículos 2, 3 y 6 de la Ley N° 8.998, argumentado que la instancia de excepción constituye la primera oportunidad para objetar la validez de tales disposiciones, de cuya aplicación retroactiva se agravia especialmente. Invoca la preceptiva de los Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

-III-

El Artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Córdoba dispone en uno de sus párrafos que: "La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley." A su turno, el Artículo 3, inciso 2°, de la Ley N° 8.067, en su redacción originaria, excluye del beneficio a las medidas cautelares trabadas en procesos en que se persigue el pago de obligaciones originadas en: hipotecas pactadas sobre inmuebles embargados con arreglo a las disposiciones de fondo; autorizando, por su parte, el Artículo 4° -también del texto original- la renuncia al citado derecho sujeta a determinadas formalidades (v. Ley N° 8.067).

En ese marco legal, las partes concertaron un préstamo hipotecario dirigido a financiar la adquisición de un camión, convenio que incluyó la renuncia expresa al beneficio de inembargabilidad contemplado en la normativa reseñada anteriormente (v. fs. 49 vta.).

Frente a la falta de pago de las cuotas respectivas, la parte actora promovió la correspondiente ejecución hipotecaria, en cuyo ámbito se suscitó el incidente de inembargabilidad e inejecutabilidad desestimado por el juez de primera instancia, con apoyo sustantivo en la falta de solidez argumental del planteo fincado en la invalidez del Artículo 3, inc. 2°, de la Ley N° 8.067 y en la tardía introducción del reproche a ese respecto (fs. 11/14).

Apelado el fallo y encontrándose la causa ante la alzada, se dictó la Ley Provincial N° 8.998 (B.O. 27.02.02), que derogó y sustituyó numerosos preceptos de la Nº 8.067; entre ellos los de los Artículos 3 y 4 (v. Artículo 7, Ley N° 8.998), suprimiendo así, tanto la excepción a la inembargabilidad establecida en el segundo inciso de la primera norma, como la prerrogativa de renunciar al beneficio incluida en la segunda (Artículos 2 y 3 de la Ley N° 8.998).

Dicha modificación legislativa, atendiendo a su propio tenor (v. Artículos 3, 5 y 6 de la Ley N° 8.998), fue aplicada sin más por el tribunal de alzada, dando lugar a la sentencia en crisis, favorable al planteo deducido por la deudora hipotecaria ejecutada (v. fs. 48/50).

-IV-

Estimo menester comenzar señalando que, la propia alzada federal, como lo reconoce a fs. 48 vta., al menos en dos oportunidades se pronunció en contra de la validez constitucional de la cláusula del Artículo 58 de la Constitución de la Provincia de Córdoba relativa a la vivienda única inembargable y de su Ley reglamentaria Nº 8.067, en línea con el temperamento convalidado, más tarde, por el Máximo Tribunal en el decisorio registrado en Fallos: 325:428.

Vale recordar que en esta última ocasión VE, para así decidir, hizo hincapié en que determinar qué bienes del deudor se hallan sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde a las provincias incursionar en tal ámbito, delegado al sancionarse la Ley Suprema.

Frente a ello -y puesto que, en definitiva, la Ley N° 8.998 no vino sino a profundizar los lineamientos generales del anterior espectro normativo, que tanto la ad quem como VE, en otros precedentes, estimaron contrarios a la Constitución Nacional- estimo que asiste razón a la quejosa cuando afirma irrazonable el proceder de la alzada que, pese a lo anterior, aplica la nueva preceptiva sin, cuanto menos, conferir traslado de sus términos a la ejecutante -dada la índole sobreviniente de su sanción y el estado de la causa a fallo- o, en su caso, conteste con la tesitura expuesta en el precedente de Fallos: 324:3219, incursionar en el estudio de la regularidad constitucional del nuevo precepto (v. fs. 59 vta.).

Encarece el anterior parecer, la obvia circunstancia de que la falta de un planteo inicial en torno a la invalidez del dispositivo constitucional de la provincia -que, finalmente, tanto la Ley N° 8.067, como su correctiva Nº 8.998, se limitan meramente a reglamentar- sólo se explica en el marco de lo previsto originariamente por los Artículos 3, inciso 2°, y 4 de la Ley N° 8.067 -derogados, según se observó, con posterioridad tanto a la concertación del mutuo hipotecario como a la proposición del incidente que nos convoca- que dejaban al ejecutante al margen de la posibilidad de resultar alcanzado por el aludido privilegio del deudor, obstando, por ende, a la proposición de un acápite federal, en esas condiciones, a todas luces conjetural o hipotético.

-V-

Por lo expresado, considero que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario federal, dejar sin efecto la sentencia apelada y restituir la causa al tribunal de origen a fin de que, por quien proceda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo indicado.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2003.

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.

Vistos los autos: "Banco de la Nación Argentina c/ Martín, Miguel Ángel y otra s/ ejecución hipotecaria".

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación, a los cuales se remite por razones de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia recurrida, con costas. Notifíquese, y vuelvan los autos al tribunal de origen a fin

de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo con lo resuelto.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - E. Raúl Zaffaroni.

 



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