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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro c/ Ente Regulador de Juegos de Azar s/ medida cautelar autónoma

Competencia federal. Juegos de Azar. Sociedad autorizada por la autoridad nacional. Propósito provincial de ejercer el poder de policía. Medida cautelar autónoma. Ordenamiento de competencias entre las provincias y la Nación. Causa especialmente regida por la Constitución. Precedentes. Competencia de la justicia federal.

Competencia federal. Juegos de Azar. Sociedad autorizada por la autoridad nacional. Propósito provincial de ejercer el poder de policía. Medida cautelar autónoma. Ordenamiento de competencias entre las provincias y la Nación. Causa especialmente regida por la Constitución. Precedentes. Competencia de la justicia federal.

C. 2480. XL. "Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro c/ Ente Regulador de Juegos de Azar s/ medida cautelar autónoma".

Suprema Corte:

- I -

La Cámara Federal de Salta resolvió declarar la incompetencia de la justicia federal de dicha provincia para intervenir en las presentes actuaciones (fs. 123/124vta).

Para así decidir, el tribunal entendió que la causa traída a su conocimiento versaba sobre cuestiones vinculadas al derecho público local y relativas al examen de actos administrativos emanados de un organismo provincial, aspectos éstos que obstaban a su radicación en el fuero de excepción.

Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario, el que fue concedido a fs. 149/150.

- II -

Sostiene la recurrente que el pronunciamiento apelado resulta violatorio del principio de congruencia y del derecho de defensa en juicio por cuanto en ningún momento se formuló en la instancia anterior planteo alguno respecto de la competencia ni tuvo su parte oportunidad procesal de expresarse al respecto.

Se agravia de que el decisorio en crisis desconoce -sin brindar fundamentos al respecto- legislación nacional y doctrina de la Corte conforme a la cual las sociedades de capitalización y ahorro se encuentran bajo control de la Inspección General de Justicia de la Nación. Aduce que existe cuestión federal suficiente en tanto se ha objetado la inteligencia de normas federales y la autoridad del ente de contralor establecido en nombre del Estado Nacional, siendo la decisión adoptada contraria al derecho invocado y a la validez de ésta última.

- III -

VE tiene reiteradamente dicho que el recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la Ley Nº 48, no resulta procedente en aquellos casos donde se han resuelto cuestiones de competencia, por no constituir tales pronunciamientos sentencia definitiva o equiparable a ella, naturaleza atribuible a las resoluciones que ponen fin al pleito, impiden su prosecución o causan un agravio de imposible o insuficiente reparación (Fallos: 314:848; 316:2410; 320:2193). No obstante ello, dicho principio reconoce excepción en aquellos supuestos en los que ha mediado denegatoria del fuero federal (Fallos: 303:802; 311:2093 y 2701; 324:533, entre otros), extremo éste que se verifica en el sub lite.

En primer lugar, cabe señalar que la objeción de competencia debe tener lugar en las oportunidades legales previstas al efecto por el ordenamiento jurídico vigente (Artículos 4, 10 y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), a fin de resguardar los principios de seguridad jurídica y economía procesal (Fallos: 307:569; 308:607; 311:2308, entre otros), recaudo que no se ha cumplido en estas actuaciones. Dicha doctrina adquiere particular significación en el presente caso donde los sentenciantes, al declarar su incompetencia de oficio, excedieron el ámbito de su jurisdicción apelada, pues el régimen de los artículos 271 in fine y 277 del código de rito sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos ante ella, limitación que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 313:528, 983, entre otros).

Por otra parte, no puedo dejar de advertir que la cuestión planteada versa sobre la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el gobierno federal, lo cual torna competente a la justicia federal (Fallos: 310:877).

Por lo expuesto, soy de opinión que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y remitir los actuados al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo con arreglo a derecho.

Buenos Aires, 7 de junio de 2005.

Marta A. Beiró de Gonçalvez

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2006.

Vistos los autos: "Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro c/ Ente Regulador de Juegos de Azar s/ medida cautelar autónoma".

Considerando:

1°) Que la empresa Club San Jorge S.A. de Capitalización y Ahorro solicitó una medida cautelar autónoma para que se decrete la suspensión de los efectos de las Resoluciones Nros. 093/02 y 001/04 dictadas por el Ente Regulador del Juego de Azar de la provincia de Salta. En la primera de esas resoluciones, el ente provincial consideró que la actividad que realiza la actora queda comprendida dentro de la denominada "juego de azar", y que por lo tanto, resultan aplicables las Leyes provinciales Nros. 7.020 y 7.133 y sus reglamentaciones. En consecuencia, dispuso suspender toda comercialización que realice la actora dentro de su jurisdicción. Y en la segunda resolución el ente provincial rechazó el recurso administrativo interpuesto por la actora contra la primera resolución.

2°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al conocer del recurso de apelación deducido por la actora contra la sentencia dictada por el juez de primera instancia que rechazó la medida solicitada, declaró de oficio la incompetencia del fuero, sin pronunciarse sobre el recurso (fs. 123/124). Contra esta decisión, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 134/147, que fue concedido a fs. 149/150.

3°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que el a quo denegó el fuero federal oportunamente invocado por la actora (Fallos: 306:190; 311:1232; 316:3093; entre muchos otros).

4°) Que en su presentación de fs. 78/88 la actora manifiesta que es una sociedad de objeto único, consistente en la administración de planes de capitalización y señala que fue autorizada por la Inspección General de Justicia de la Nación (Resoluciones IGJ Nros. 1.250 del año 1996 y 1.080 de 2001). Destaca que las facultades de contralor de su actividad le corresponden, de manera exclusiva y excluyente, a la ya mencionada Inspección General de Justicia de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6° de la ley nacional 11.672 y en los Artículos 3°, 8° y concordantes de la Ley nacional Nº 22.315, como así también en los aplicables del Decreto Nº 144.273/43, que reglamenta la actividad de la capitalización en la República Argentina (fs. 79).

5°) Que la demandante expresa que las Resoluciones Nros. 93/02 y 01/04, dictadas por la demandada (Ente Regulador de Juegos de Azar de la Provincia de Salta) -en las que se considera a la actividad de la actora como "juegos de azar" sujetos a las Leyes provinciales Nros. 7.020 y 7.133 y se la intima a cesar en aquélla- son nulas por invadir una competencia reservada a las autoridades nacionales, únicas a las que competería el otorgamiento de la autorización o su revocación (fs. 80).

6°) Que así planteado el sub lite no difiere, en lo sustancial, del precedente registrado en Fallos: 310:877 (caso "Lavalle"), en la que también los actores alegaban -como en estos autos- que la lesión había sido consecuencia del propósito provincial de ejercer un poder de policía dirigido a vedar una actividad comercial expresamente autorizada por la Nación en un ámbito que a ésta le sería propio y exclusivo (fallo cit., considerando 3°).

7°) Que, en consecuencia, corresponde señalar -como lo hizo este Tribunal en la sentencia antes citada- que la presente causa se cuenta entre las especialmente regidas por la Constitución, a las que alude el Artículo 2°, inc. 1° de la Ley Nº 48 y versa sobre la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas y el gobierno federal que determina nuestra Carta Magna, lo que hace competente a la justicia federal para entender en ella (cons. cit.). En el mismo sentido, Fallos: 307:2249 (caso "Marresse").

Por ello y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal subrogante, se revoca la sentencia apelada y se declara que la justicia federal es la competente para entender en la presente causa. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme al presente fallo. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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