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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Facciuto, Omar Alberto y otros c/ EN - M° de Justicia s/ empleo público

Empleo público. Pretensión de equiparación de haberes de los jueces nacionales en lo correccional con relación a los magistrados de los tribunales orales. Poder jurisdiccional. Diferente situación de revista. Garantía de igualdad. Alcance. Rechazo.

Empleo público. Pretensión de equiparación de haberes de los jueces nacionales en lo correccional con relación a los magistrados de los tribunales orales. Poder jurisdiccional. Diferente situación de revista. Garantía de igualdad. Alcance. Rechazo.

F. 528. XXXVI. "Facciuto, Omar Alberto y otros c/ EN - M° de Justicia s/ empleo público".

Suprema Corte:

- I -

A fs. 132/134, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó la sentencia de la instancia anterior que rechazó la demanda promovida por distintos jueces nacionales en lo correccional contra el Estado Nacional (Ministerio de Justicia), tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución Nº 1.593/97 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les denegó la equiparación de sus haberes a los que perciben los magistrados de los tribunales orales.

Para así resolver, sus integrantes consideraron que, si bien pueden resultar similares las tareas llevadas a cabo por los jueces correccionales y la de los tribunales orales, existen importantes distinciones de competencia y de jerarquía reconocidas en el ordenamiento jurídico que impiden calificar de arbitraria la diferencia de trato establecida legislativamente.

- II -

Disconforme con este pronunciamiento, los actores interpusieron el recurso extraordinario obrante a fs. 138/144, que fue concedido por el a quo a fs. 155.

Sostienen, en lo sustancial, que la decisión lesiona su derecho reconocido en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto establece que debe existir igual remuneración por igual tarea, principio que constituye una derivación de la garantía de igualdad del Artículo 16 de la Ley Fundamental.

Afirman que la sentencia sólo examina cuestiones de índole formal, sin realizar un análisis profundo en cuanto a las funciones cumplidas por uno y otro grupo de magistrados y destacan que son similares a las asignadas a los jueces de los tribunales orales, más aún cuando tienen a su cargo la etapa de instrucción (Artículo 23 de la Ley Nº 24.050). Sin embargo, la remuneración es sustancialmente mayor en un caso que en el otro, circunstancia que deviene arbitraria, ilegítima y violatoria de los principios reconocidos en la Constitución Nacional.

Finalmente, señalan que si bien el legislador ha establecido distinciones con relación a ciertos aspectos derivados de la distinta competencia que existe entre los magistrados, esa circunstancia no puede constituir un obstáculo para advertir que las labores que cada uno de ellos realiza son materialmente similares y, en consecuencia, no parece razonable que se perciba una remuneración sustancialmente mayor en un caso que en el otro, porque ante situaciones prácticamente iguales no debería haber una desigualdad de trato, tal como acontece en el caso.

- III -

A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues los agravios guardan relación directa e inmediata con la interpretación de preceptos constitucionales y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a la pretensiones de los apelantes (Fallos: 326:2880).

- IV -

Respecto a la cuestión de fondo, cabe retener que los actores no ponen en duda que entre los jueces correccionales y los que integran los tribunales orales existen diferencias (v. manifestaciones de fs. 141 vta., último párrafo), como también lo puso de resalto el a quo, aunque señalan que éstas -a las que califican de colaterales- carecen de aptitud para dejar de lado preceptos constitucionales.

En tales condiciones, es oportuno dejar en claro que todos los jueces, cualquiera sea la instancia en la que desarrollen sus funciones, cumplen tareas similares, en tanto todos ejercen el poder jurisdiccional que es propio de la magistratura judicial, esto es, juzgar los casos que le son sometidos a su conocimiento y, en general, ejercer las atribuciones que correspondan a su cargo, pero de ello no deriva que todos los jueces deban percibir igual remuneración. De ahí que lo determinante en este caso es verificar si las diferencias que existen entre los jueces correccionales y los que integran un tribunal oral justifica un trato distinto en materia de remuneraciones.

Sobre ello, pienso que la decisión del a quo se ajusta a derecho, pues aunque los apelantes pretenden demostrar que desarrollan funciones similares a los jueces de los tribunales orales, entre ellos existen sustanciales diferencias de jerarquía y competencia.

En primer lugar, se presenta una situación de desigualdad con relación a las categorías de revista, pues mientras unos están equiparados a los jueces de cámara los otros son jueces de primera instancia. Esto que, como se indicó, fue admitido incluso por los actores, se desprende tanto de los Artículos 2° y 51 de la Ley Nº 24.050, en cuanto prevén que los jueces de los tribunales orales serán tratados de igual manera que los titulares de las Cámaras Nacionales de Apelación y de Casación (en lo que se refiere a los requisitos para su designación, obligación de concurrir al tribunal etc.), como de la doctrina que deriva del precedente de VE publicado en Fallos: 316:1524.

Por lo tanto, resulta claro que la voluntad del legislador fue establecer un rango diferente entre ambas clases de jueces.

En segundo lugar, porque también difiere la competencia asignada por la citada ley, que indica que los primeros conocerán en los supuestos del Artículo 25 del Código Procesal Penal y los segundos juzgarán los casos previstos en el Artículo 27 de ese cuerpo normativo (cfr. Artículos 23 y 12 de la Ley Nº 24.050, respectivamente).

Habida cuenta de lo expuesto, es mi parecer que en el sub lite no se advierte que los distintos salarios que corresponden a unos y otros magistrados sean contrarios a la garantía reconocida en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque se trata de situaciones diferentes que no pueden ser valoradas como irrazonables o arbitrarias. En este sentido, es dable recordar que VE tiene dicho que el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea" es entendido como aquel opuesto a situaciones que implican discriminaciones arbitrarias, como serían las basadas en razones de sexo, religión o raza (Fallos: 265:242) y que el derecho a una remuneración justa no significa el derecho a un escalafón pétreo, a la existencia de adicionales invariables o a un porcentaje fijo de bonificaciones, siempre que se respeten los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea y que tales variaciones no importen una disminución de haberes (Fallos: 319:1201).

Por último, considero que tampoco se encuentra lesionada la garantía de igualdad del Artículo 16 de la Constitución Nacional, porque para que ello ocurra es necesario que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se conceden a otros en idénticas circunstancias, mas no impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes. De ahí que se atribuya a la prudencia del legislador una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de su reglamentación (Fallos: 320:1166), en la medida en que dichas distinciones se basen en motivos razonables y no en un propósito de hostilidad contra un determinado individuo o grupo de personas (Fallos: 302:457; 306:195 y 1560), pues nada obsta a que se trate de modo diferente a aquellos que se encuentran en situaciones distintas por sus actividades específicas, sin que se advierta en la especie que dicho tratamiento sea discriminatorio.

- V -

Por ello, opino que debe ser confirmada la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario.

Buenos Aires, 31 de mayo de 2005.

Esteban Righi

Buenos Aires, 28 de febrero de 2006.

Vistos los autos: "Facciuto, Omar Alberto y otros c/ EN - M° de Justicia s/ empleo público".

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyas las razones expuestas por el señor Procurador General de la Nación en su dictamen, a las que cabe remitirse en razón de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por aquél, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, archívese.

Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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