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Buenos Aires, 08/06/2004
Revista: Ediciones Especiales
 

Columna de Opinión

La Corte Suprema de EE.UU. y el derecho de los discapacitados a tener accesos adecuados a los edificios públicos - Claudia Caputi

La Corte Suprema de EE.UU. y el derecho de los discapacitados a tener accesos adecuados a los edificios públicos

En una sentencia emitida hace unos 10 días, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, por 5 votos contra 4, decidió que los discapacitados motrices están habilitados a reclamar la instalación de accesos adecuados a los edificios públicos. La mayoría estuvo integrada por los jueces Stevens (autor del primer voto, de 23 páginas), Ginsburg, Souter, Breyer, y O?Connor; y en disidencia votaron el Chief Justice Rehnquist, y los jueces Scalia, Thomas, y Kennedy. Se trata del caso Tennessee v. Lane, identificado bajo el n° 02-1667, que se extiende por 63 páginas, y puede ser consultado en el sitio oficial de la Corte norteamericana.

Los actores eran personas que, por padecer paraplejía, deben movilizarse en sillas de ruedas, y demandaron no sólo que se reconociera su derecho a los accesos adecuados, sino también que se les abonara la reparación de los daños y perjuicios derivados de la omisión en que habían incurrido tanto el Estado de Tennesse como varios de sus condados en la construcción de tales facilidades. En concreto, se trataba de George Lane y Beverly Jones: el primero había sido citado a comparecer ante un juzgado penal ubicado en un segundo piso, y como en el edificio sólo había escaleras, en una ocasión tuvo que arrastrarse hasta llegar a la sala de audiencias. En una segunda citación, se negó a intentar semejante esfuerzo, y consiguientemente fue detenido y arrestado por desacato al tribunal. En el caso de Jones, se trataba de una periodista que, por su situación, se veía impedida de realizar la cobertura de juicios, y llegó a perder su empleo.

La norma invocada por los demandantes era una sección de la American with Disabilities Act, una ley federal sancionada en 1990 para la tutela de personas con necesidades especiales, en virtud de la cual nadie que sufra de discapacidad puede ser excluido de participar o recibir beneficios de servicios, programas o actividades de una entidad pública. Así las cosas, la solución del caso parecería relativamente simple pues el sentido y alcance de la norma eran realmente claros.

Ahora bien: la demanda presentaba un obstáculo, dado por la Enmienda 11° de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En virtud de esta norma, se otorga inmunidad a los Estados de la Unión contra los juicios planteados por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos o sujetos extranjeros. Sin embargo, y si bien es una cuestión no exenta de complejidades, cabe acotar que la interpretación jurisprudencial ha llegado a extender esta inmunidad a los juicios iniciados contra un estado por sus propios ciudadanos. Como se advierte, se configuraba una problemática propia del derecho constitucional norteamericano -que no se verifica, afortunadamente, en el sistema argentino- que se erigía como obstáculo procesal a la procedencia de los reclamos de los actores.

Es preciso destacar que, en el derecho norteamericano, se reconoce al Congreso Nacional, bajo ciertas condiciones, la facultad de dejar sin efecto la inmunidad que se ha comentado, cosa que de hecho se había efectuado en la Americans with Disabilities Act. La cuestión, en el caso en cuestión, consistía en verificar si era válido hacer caer la inmunidad que firmemente venía invocando el Estado de Tennessee. Al respecto, la Corte Suprema invocó una decisión adoptada en 1976, por la cual se consideró que era posible superar el obstáculo de la inmunidad jurisdiccional de los Estados, cuando el Congreso despliegue un ejercicio válido de las potestades previstas por la sección n° 5 de la Enmienda 14° de la Constitución norteamericana, cláusula que tiende a hacer operativa la llamada equal protection, o garantía de igualdad.

En el pronunciamiento, es interesante apreciar el agudo análisis de diversas decisiones que perfilaron el exacto sentido y alcances de la mencionada Sección n° 5, a lo que siguió una detallada descripción de las copiosas pruebas que revelaban la actitud hostil y descuidada del Estado de Tennesse ante las personas con necesidades especiales.

De hecho, se ha apreciado como positivo que no se repitió la doctrina establecida en un caso con varios matices análogos al comentado ("Garret", 531 U.S. 356, de 2001) en el cual se había declarado la inconstitucionalidad de una porción de la Americans with Disabilities Act, por interpretarse que contrariaba la Enmienda 11°. Incluso, en los meses o semanas previos al dictado del fallo que comentamos, varias ONGs dedicadas a la tutela de los derechos humanos y la defensa de los discapacitados venían especulando con que la Corte Suprema estadounidense emitiría un fallo contrario a Lane.

En definitiva, la sentencia de la cámara de apelaciones, adversa al demandado, fue confirmada, rechazándose el recurso interpuesto por éste. En verdad, se trata de un fallo valioso y destacable, que deja una sensación de que se hizo Justicia, esa Justicia con mayúsculas que no se deja enredar en los vericuetos de los argumentos formalistas, que muchas veces pueden ser sorteados en aras de valores de jerarquía superior.

Ciertamente, el ejercicio de las potestades públicas conlleva la mayoría de las veces una interacción entre el órgano público y los sujetos privados. Y dado que ese contacto, en muchas ocasiones, se desenvuelve cara a cara -en el consabido "trámite", que ya integra una parte importante de nuestro tiempo- debe ser realizado en un contexto físico tal que posibilite ese encuentro. Además de muy poco ético resulta paradójico, entonces, que se cite a alguien a comparecer ante un organismo público para imposibilitarle, en la práctica, el acceso a la oficina respectiva.

El elemento que emparenta al caso Tennesse v. Lane con nuestro vernáculo y recordado Labatón, Ester A. c/ Poder Judicial de la Nación (L.L., 1998-F, págs. 345 y ss., sentencia de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que mandó a adoptar medidas concretas y en un plazo razonable para garantizar la accesibilidad a los edificios tribunalicios), reside en que en ambos casos alguien con discapacidad motriz reclamó la adopción de medidas efectivas -v.gr., la construcción de rampas, o accesos especiales adaptados a sillas de ruedas- para poder realizar trámites ante un organismo público. La nota que agravaba los casos estaba dada por el especial menoscabo que implica no poder acceder a los tribunales, pues ello se traducía en un obstáculo a la tutela judicial efectiva (ingrediente aún más agravado en "Labatón", por tratarse de una abogada en ejercicio de su profesión).

Por último, a partir de ahora no sólo recordaremos a la ciudad de Nashville (capital de Tennesse) por cuestiones vinculadas al mundo de la música, sino que significará también el sitio en el cual se ha dado un triunfo de los derechos humanos, al sentarse las bases para un trato digno de las personas con movilidad reducida en sus relaciones con los organismos públicos de todo tipo.



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