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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Ilka Construcciones S.R.L. - Cons. Nor. S.A. - UTE c/ Municipalidad de Intendente Alvear s/ demanda contencioso administrativa

Sentencia Arbitraria. Paralización de una causa judicial por falta de pago de un tributo liquidado sobre un contrato acompañado como prueba documental. Autocontradicción. Descalificación del fallo.

Sentencia Arbitraria.  Paralización de una causa judicial por falta de pago de un tributo liquidado sobre un contrato acompañado como prueba documental. Autocontradicción.  Descalificación del fallo.

I.14.XXXIX. ?Ilka Construcciones S.R.L. - Cons. Nor. S.A. - UTE c/ Municipalidad de Intendente Alvear s/ demanda contencioso administrativa?.


Suprema Corte:

     -I-

A fs.  663/665, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa ordenó paralizar el trámite de la demanda contencioso administrativa impetrada por Ilka Construcciones S.R.L. - Cons. Nor. S.A. - UTE  contra la Municipalidad de Intendente Alvear, hasta tanto la actora diera cumplimiento al pago del impuesto de sellos, liquidado a fs. 644 por la Dirección General de Rentas Provincial, sobre un contrato acompañado como prueba documental.
Para así decidir, arguyó que el Código Fiscal local dispone que todos los contribuyentes que revistan la calidad de parte interviniente en actos, contratos y operaciones de carácter oneroso, por el sólo hecho de su instrumentación y con abstracción de su validez o eficacia jurídica, están obligados a tributar o a responder de manera solidaria por el total del impuesto y que cualquier instrumento sujeto a gravámenes que se acompañe a un escrito, debe hallarse debidamente repuesto, ya que, a su juicio, en caso de incumplimiento, el citado cuerpo legal exige la paralización del trámite judicial (Artículos 218; 222; 296 y 297).
Por ello, toda vez que la actora ha acompañado contratos onerosos suscriptos en instrumentos privados y gravados con el impuesto de sellos, es responsable por el pago del tributo, cuyo cumplimiento no se puede soslayar, máxime cuando no ha planteado la inconstitucionalidad de las citadas normas. 


     -II-

Disconforme, la accionante interpuso el recurso extraordinario de fs. 690/711, concedido por el a quo a fs. 729/735.
Sus agravios pueden resumirse del siguiente modo:
 (i) la sentencia analiza erróneamente los artículos 296 y 297 del Código Fiscal  y, como consecuencia de ello, dispone aplicar una sanción que obstaculiza el ejercicio efectivo de sus derechos;
 (ii) el decisorio resulta arbitrario, puesto que adolece de severos defectos de fundamentación, en tanto se sustenta en afirmaciones dogmáticas, se aparta de manera inequívoca de la solución normativa prevista para el caso y omite pronunciarse sobre la inconstitucionalidad alegada;
 (iii) los preceptos que se analizan no resultan aplicables al proceso judicial sino al procedimiento administrativo;
 (iv) la sentencia apelada resulta violatoria del derecho de defensa garantizado en la Constitución Nacional y obstruye el acceso a la justicia consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica;
 (v) lo resuelto lesiona el derecho de igualdad ya que, en caso de no contar con la posibilidad material de hacer efectivo el pago de $ 36.404,77 que se le reclama, se vería imposibilitada de acceder a la justicia;
 (vi) la sanción aplicada por el a quo  impide continuar con la acción principal y obtener un pronunciamiento judicial que determine la procedencia de sus pretensiones.

     -III-

Cabe señalar que si bien el debate involucra cuestiones de derecho local - como es en el caso la interpretación de las previsiones efectuadas en el Código Fiscal de la Provincia de La Pampa-, en principio ajenas a la vía del Artículo 14 de la Ley N° 48 y propias de los jueces de la causa, según jurisprudencia unánime y reiterada de VE (Fallos: 308:1078; 312:184, entre otros), ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 297:222; 308:1337; 314:1358, entre otros) y que provean un análisis razonado de los planteos introducidos oportunamente y conducentes para la correcta dilucidación del pleito (cfr. Fallos: 308:980; 310:1707; 308:2077; 317:39; 324:1528; entre otros).
Por otra parte, pienso que la exigencia a cumplir con lo dispuesto por los Artículos 296 y 297 del Código Fiscal, a cuya aplicación en el sub lite la demandada se opone, tiene -sin duda- carácter definitivo e irreparable, por cuanto no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo aquí resuelto (Fallos: 186:531 y sus citas).
Sobre la base de tales premisas, a mi modo de ver, el remedio federal intentado resulta procedente. Ello es así, pues si bien la actora sostuvo que la aplicación de los Artículos 296 y 297 del Código Fiscal implicaba una grave violación al derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional y al de acceder a la justicia consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, tal como reconoce el a quo en el tercer párrafo de los considerandos de su sentencia de fs. 663/665, dicho agravio no fue tratado por el Superior Tribunal, al entender  -en el último considerando del decisorio- que la recurrente no había planteado la inconstitucionalidad de aquellos.
En tal sentido, si bien es cierto -como ha señalado VE de manera reiterada- que la omisión de tratamiento de cuestiones oportunamente sometidas a consideración del tribunal en la expresión de agravios, no constituye por sí el vicio que afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio, en tanto los jueces no están obligados a expedirse sino sobre los argumentos que estimen decisivos para la solución del caso, ello no autoriza, desde mi óptica, a incurrir en una autocontradicción  sobre las ofrecidas (cfr. Fallos: 301:338; 324:132 y sus citas).
En tales condiciones, pienso que dicho vicio es suficiente para descalificar lo decidido en los términos de la jurisprudencia del Tribunal sobre arbitrariedad (Fallos: 302:264, 1372; 306:1700, entre otros).

     -IV-

Por ello, opino que corresponde dejar sin efecto el fallo de fs. 663/665 en cuanto fue materia de recurso extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia para que se dicte uno nuevo ajustado a derecho.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2005.

Ricardo O. Bausset.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.

Vistos los autos: "Ilka Construcciones S.R.L. - Cons. Nor. S.A. - UTE c/ Municipalidad de Intendente Alvear s/ demanda contencioso administrativa".

Considerando:
Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante ante esta Corte, a los que cabe remitir en razón de brevedad.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado a fs. 741/742, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, y se revoca la sentencia impugnada en cuanto fue materia de agravios. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay (en disidencia).

Disidencia de la Señora Ministra Doctora Doña Carmen M. Argibay

Considerando:
Que el recurso extraordinario es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, se declara improcedente el recurso planteado. Con costas. Notifíquese y devuélvase.

Carmen M. Argibay.




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