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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Tedesco, Juan Carlos y otros s/ robo calificado

Derecho penal. Delito de robo con armas de fuego. Acreditación de la idoneidad del arma. Precedente "Villarruel". Modificación del Artículo 166 inc. 2º CP por la Ley Nº 25.882. Alcance.

Derecho penal. Delito de robo con armas de fuego. Acreditación de la idoneidad del arma. Precedente "Villarruel". Modificación del Artículo 166 inc. 2º CP por la Ley Nº 25.882. Alcance.

T. 348. XXXIX. "Tedesco, Juan Carlos y otros s/ robo calificado".

Suprema Corte:

- I -

El Juzgado en lo Criminal Nº 1 del departamento judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, resolvió -en lo que aquí interesa- condenar a Ramón Alcides Sosa a la pena de un año y seis meses de prisión por ser autor del delito de robo simple y lo declaró reincidente (fs. 172/181). El señor agente fiscal interpuso a fojas 182 vta. recurso de apelación por entender que el hecho encuadraba en la figura agravada de robo con armas (Artículo 166, inciso 2º, del Código Penal) y la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de esa jurisdicción confirmó, por mayoría, lo resuelto (fs. 222/29). Contra esa sentencia, el fiscal de cámaras dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (fs. 233/43) el cual, por mayoría, fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (fs. 285/321). Esa decisión del a quo fue impugnada por el representante del Ministerio Público mediante recurso extraordinario (fs. 374/89), que fue concedido (fs. 466).

Los agravios del apelante cuestionan lo resuelto bajo la doctrina de la arbitrariedad, con sustento en los precedentes de VE que se registran, entre otros, en Fallos: 311:2548 y 319:209, por considerar que aun cuando no fue secuestrada el arma de fuego empleada por los autores durante el robo, existen pruebas que acreditan esa circunstancia sin margen de duda y, en tales condiciones, no pesa sobre la acusación la carga de probar su idoneidad para el disparo, pues ello constituiría una exigencia irrazonable que frustra la aplicación de la ley correspondiente al caso.

- II -

Tal como se desprende del breve relato que antecede, lo planteado en el sub júdice guarda sustancial analogía con los precedentes invocados por el apelante, a los que cabe agregar los de Fallos: 313:558 y 325:2516 y sus citas y, más recientemente, el del expediente Letra V, Nº 121, Libro XXXIX, caratulado "Villarruel, Diego Jesús s/ p.s.a. robo calificado", resuelto por VE el 27 de mayo de 2004 con remisión a los fundamentos y conclusiones del dictamen de esta Procuración General.

En efecto, al igual que en esos casos, también aquí se encuentra acreditado -tal como lo sostuvo el agente fiscal en la acusación de fojas 133/37 y, en segunda instancia, el voto en disidencia de fojas 225/28- el empleo del arma de fuego durante el robo. Ello surge de los testimonios de los damnificados Gino D'Amato e Irma Rosa Fabbiano (fs. 20 y 21, ratificados en los reconocimientos de fs. 66 y 67 y al declarar a fs. 69 y 70), del secuestro en el domicilio que Sosa compartía con Jorge Palomero, otro de los acusados, de quince proyectiles calibre 22 intactos y de una caja con una cavidad para el alojamiento de un arma de fuego (ver acta de fs. 9/10 e informe pericial de fs. 28), y de la confesión de último de los nombrados, que en su indagatoria hizo expresa referencia al uso de un revólver durante el robo, sin que haya aludido a deficiencia alguna (fs. 41/42).

En tales condiciones, lo resuelto por la mayoría del a quo importa pretender que la parte acusadora demuestre la aptitud para el disparo del arma de fuego no incautada, cuando ello no fue cuestionado en el proceso. Este temperamento ha sido descalificado expresamente por VE a partir de Fallos: 311:2548, ya citado, pues conduce a que la agravante sólo pueda ser aplicada en los casos de flagrancia o cuando se hubiesen efectuado disparos, lo cual desvirtúa el sentido de la figura del Artículo 166, inciso 2º, del Código Penal.

Asimismo, al haberse desconocido en la sentencia apelada la entidad de aquellas pruebas relevantes, es posible concluir, con base en la doctrina de la arbitrariedad, que no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias fácticas comprobadas en el proceso (Fallos: 311:2402 y 2547; 312:2507; 318:1103, entre otros).

- III -

Si bien considero que lo hasta aquí desarrollado es suficiente para afirmar que la impugnación debe prosperar, aun a riesgo de exceder el marco del recurso por tratarse de una norma de derecho común y más allá del alcance que a ello pudieran asignarle los jueces de la causa (cfr. Artículo 2º del Código Penal), resulta ilustrativo señalar que la cuestión ventilada en el sub lite también ha sido recientemente analizada por el Congreso al sancionar la Ley Nº 25.882 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de abril de 2004), que introdujo modificaciones al inciso 2º del Artículo 166 del citado cuerpo legal.

Precisamente la intención del legislador ha sido, siguiendo los criterios de VE antes evocados, que hechos como el de autos sean juzgados como robo con arma de fuego. Así surge con claridad de la discusión parlamentaria del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, cuando el senador Jorge Alfredo Agúndez (miembro informante de la respectiva Comisión de Justicia y Asuntos Penales) sostuvo -en lo que aquí interesa- que "la modificación del Artículo 166, inciso 2º, cubre un vacío legal vinculado con el uso de las armas de fuego de idoneidad no acreditada, incorporando al respecto un tercer párrafo a la norma citada, que sigue la moderna interpretación de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el uso de un arma de fuego idónea se puede probar no solamente con la realidad fáctica del arma en sí, sino también por elementos de juicio, indicios y derivaciones lógicas de pura sana crítica [¿]" (ver "Antecedentes Parlamentarios - Mayo 2004, Nº 4", Editorial La Ley, Buenos Aires, página 876, parágrafo 10).

Tal ha sido, como quedó dicho, la circunstancia expresamente verificada en el sub exámine.

- IV -

Por ello y los demás fundamentos expuestos por el magistrado recurrente, opino que VE debe revocar la sentencia apelada.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2004.

Eduardo Ezequiel Casal

Buenos Aires, 9 de mayo de 2006.

Vistos los autos: "Tedesco, Juan Carlos y otros s/ robo calificado".

Considerando:

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos y conclusiones del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario, dejándose sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda dicte una nueva (Artículo 16 de la Ley Nº 48). Hágase saber y remítase.

Enrique Santiago Petracchi (en disidencia) - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni (en disidencia) - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay (en disidencia) - Juan Carlos Rodriguez Basavilbaso.

Disidencia del Señor Presidente doctor Don Enrique Santiago Petracchi, y de los Señores Ministros doctores Don E. Raúl Zaffaroni y Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Que el recurso extraordinario concedido a fs. 466/466 vta., es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello y habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se lo declara improcedente. Hágase saber y devuélvase.

Enrique Santiago Petracchi - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay.



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