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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Soibelson, Héctor Eduardo s/ denuncia

Procedimiento penal. Competencia. Contienda negativa. Pluralidad de delitos. Separación de juzgamiento de los delitos de naturaleza federal de los de índole común. Ejercicio ilegal de la medicina. Suministro de estupefacientes.

Procedimiento penal. Competencia. Contienda negativa. Pluralidad de delitos. Separación de juzgamiento de los delitos de naturaleza federal de los de índole común. Ejercicio ilegal de la medicina. Suministro de estupefacientes.

Competencia N° 949. XXXIX. "Soibelson, Héctor Eduardo s/ denuncia".

Suprema Corte:

Entre el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 y el Juzgado de Transición Nº 4, ambos del departamento judicial de La Plata, provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente contienda negativa de competencia en la causa instruida por denuncia de Juan Akimenco, en su carácter de apoderado del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.

En ella relata que, a través de una investigación realizada por la institución que representa, se habría comprobado que Héctor Eduardo Soibelzón, mediante la utilización de una matrícula que no le pertenece, estaría efectuando consultas y prescripciones médicas, sin poseer título habilitante.

Asimismo, surge de las constancias agregadas al legajo, que aquél suministraba a sus pacientes pastillas que contenían sustancias estupefacientes.

El titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 6 de La Plata, provincia de Buenos Aires, con base en que los hechos configurarían la infracción prevista y reprimida en el Artículo 5º, inciso e), de la Ley Nº 23.737, declaró su incompetencia a favor de la justicia federal (fs. 45/46).

Remitidas las actuaciones al fuero de excepción, y luego de diversos conflictos fundados en cuestiones de turnos judiciales que insumieron más de un año, la Cámara Federal de La Plata resolvió atribuir el conocimiento de la actuaciones al Juzgado Federal Nº 3, de esa ciudad. En esa oportunidad, los camaristas sostuvieron que no se encontraba acreditada, hasta el momento, la afectación del bien jurídico tutelado por aquella norma legal (fs. 66/67).

El magistrado de sección, en virtud de esas consideraciones, realizó numerosas medidas de prueba y luego de seis meses, entendió que los hechos investigados, más allá de la presencia de sustancias estupefacientes, configuraban el delito previsto y reprimido en el Artículo 208, inciso 1º, del Código Penal y rechazó aquella atribución (fs. 93/94).

Devuelta la causa, la titular del Juzgado de Transición Nº 4 de La Plata en donde quedó radicada, insistió en la declinatoria y elevó este incidente a fin de que la Corte resolviera la cuestión planteada (fs. 95/96).

Sin perjuicio de advertir el excesivo tiempo que demandó la cuestión de turnos judiciales y su resolución ante el fuero federal, y que la realización de medidas instructorias, con posterioridad al inicio de la contienda, importa asumir la competencia que fuera atribuida (Fallos: 323:1802; 324:891), estimo que, razones de economía procesal y para evitar una mayor demora a la ya producida, autorizan a dejar de lado esos reparos y decidir sobre el fondo del asunto (Fallos: 311:1965).

Al respecto, cabe advertir que la posible infracción prevista en la Ley Nº 23.737 aparece, a mi modo de ver, claramente distinguible del ejercicio ilegal de la medicina que se le imputa a Soibelzón.

Entiendo que ello es así, pues no se aprecia que entre ambas figuras exista una total coincidencia de sus elementos objetivos y subjetivos, sino que, por el contrario, el suministro de sustancias estupefacientes constituye una nueva resolución delictiva adoptada en ocasión del ejercicio ilegal de la medicina (doctrina de Fallos: 236:604 y 282:58) que implica, además, una afectación más intensa del bien jurídico tutelado, en razón de la mayor peligrosidad que aquéllas revisten para la salud pública.

En este sentido, creo oportuno señalar que esta última infracción se habría consumado -más allá de las otras acciones típicas previstas en el Artículo 208, inciso 1º, del Código Penal en que pudo haber incurrido el imputado- aún cuando el compuesto administrado hubiese sido inofensivo directamente para la salud, por cuanto mediante esa norma se trata de evitar también que se deje "avanzar las enfermedades mediante el empleo de medios completamente pueriles e inocuos" (ver en este sentido la Exposición de Motivos de la Reforma al Código Penal de 1906, citada por Sebastián Soler en su Tratado de Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 6ª reimpresión total, Tomo IV, p. 583, 1973).

Descartada entonces la existencia de un hecho único, pienso que resulta de aplicación al caso el criterio de V.E. según el cual, cuando se investiga una pluralidad de delitos corresponde separar el juzgamiento de aquéllos de naturaleza federal, de los de índole común, aunque mediare entre ellos una relación de conexidad (Fallos: 318:2675; 321:2451 y 323:772).

En tales condiciones, y habida cuenta que el magistrado federal ha afirmado la existencia de sustancias psicotrópicas en la medicación suministrada por el imputado a los pacientes, opino que corresponde declarar su competencia para conocer de la posible infracción al Artículo 5º, inciso e), de la Ley Nº 23.737, mientras que el juzgado local, por su parte, deberá continuar entendiendo del delito de ejercicio ilegal de la medicina, de carácter común (Fallos: 306:1387).

Buenos Aires, 27 de agosto de 2003.

Eduardo Ezequiel Casal

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2003.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender respecto al ejercicio ilegal de la medicina, el Juzgado de Transición Nº 4 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá el presente incidente. Asimismo, el mencionado tribunal deberá remitir copia de las actuaciones pertinentes al Juzgado Federal Nº 3 de la mencionada localidad para que investigue la posible infracción al Artículo 5°, inc. e, de la Ley Nº 23.737.

Augusto Cesar Belluscio - Enrique Santiago Petracchi - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vazquez - Juan Carlos Maqueda - E. Raul Zaffaroni.

 



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