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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Pérez, Gustavo Horacio y otros s/defraudación por administración fraudulenta

Procedimiento penal. Contienda de competencia. Delito de defraudación por administración fraudulenta. Sociedad de hecho que funciona como estudio jurídico. Rendición de una cuenta falsa o su omisión. Competencia el lugar en que debía cumplirse la obligación. Proceso de más de diez años. Competencia del juez que previno.

Procedimiento penal. Contienda de competencia. Delito de defraudación por administración fraudulenta. Sociedad de hecho que funciona como estudio jurídico. Rendición de una cuenta falsa o su omisión. Competencia el lugar en que debía cumplirse la obligación. Proceso de más de diez años. Competencia del juez que previno.

Comp. 460. XLI. "Pérez, Gustavo Horacio y otros s/defraudación por administración fraudulenta".

Suprema Corte:

La presente contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 38, y del Juzgado de Garantías Nº 5 del departamento judicial de Lomas de Zamora, se refiere a la causa donde se investiga la denuncia formulada por Enrique Erusalimsky contra los abogados Gustavo Horacio Pérez, Gabriel Horacio Figueroa y Enrique Ruben Pérez -entre otros- por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta.

Se desprende de las constancias anejadas al incidente que los imputados juntamente con el denunciante constituyeron una sociedad de hecho que se dedicaba a brindar asistencia jurídica en el campo del derecho del trabajo, y que funcionaba en cuatro estudios, tres de ellos ubicados en las localidades bonaerenses de Lanús y San Justo, y uno en la Capital Federal.

Surge a su vez que esas personas, habrían tenido a su cargo el manejo de distintas sumas de dinero, provenientes del cobro de honorarios en distintos expedientes y que, en lugar de ingresarlas en el ámbito societario, las habrían aprovechado en beneficio propio, sin rendir cuentas a su consocio.

El tribunal nacional, se declaró parcialmente incompetente para conocer en la causa, con base en que los hechos denunciados -que calificó como constitutivos de la figura prevista en el Artículo 173, inciso 7º, del Código Penal- debían ser investigados por la justicia provincial, en razón de que los actos infieles perjudiciales se habrían cometido en la localidad de Lanús (fs. 52/62). Dicha resolución fue confirmada por la Cámara a fs. 89.

El magistrado local, por su parte, rechazó tal atribución con fundamento en los argumentos expuestos en el dictamen fiscal de fs. 98/103, relativos a la multiplicidad de hechos materia de investigación y a la circunstancia de que no se encontraba determinado el lugar donde tenía asiento la administración societaria (fs. 104/105).

A fs. 110/112 el tribunal de origen insistió en su criterio y elevó el incidente a la Corte.

Tiene establecido el Tribunal que, tal como ocurrió en el caso, si la cámara de apelaciones confirmó la resolución del juez que declinó la competencia (fs. 89), rechazada la atribución es dicha alzada y no el juez quien debe mantener la resolución para que la contienda se encuentre correctamente trabada (Fallos: 311:1388 y 312:1624).

Si bien razones de economía procesal autorizarían a prescindir de ese reparo formal (Fallos: 311:1965), considero que los elementos incorporados al incidente, no resultan suficientes para discernir la competencia en el sentido que pretende el magistrado declinante, con el grado de certeza que el caso exige.

Al respecto creo oportuno recordar que el Tribunal tiene establecido que cuando el acto perjudicial en violación del deber constitutivo del delito de administración fraudulenta, consiste en la rendición de una cuenta falsa o incluso su omisión, resulta relevante para establecer la competencia el lugar en que debía cumplirse la obligación (Fallos: 318:2034, 321:151 y 322:1146).

En lo relativo a ese aspecto, cabe destacar que pese a lo sostenido por la juez nacional a fs. 60 en cuanto a que la administración de la sociedad se hallaba ubicada en la localidad de Lanús; las manifestaciones vertidas por el denunciante a fs. 12/16, no contribuyen a determinar en forma fehaciente esa afirmación -de modo que permita la aplicación del criterio de Fallos: 308:213 y 1786 entre otros- máxime, cuando no surge con claridad de las constancias del incidente, la forma en que debían realizarse las rendiciones de cuentas por parte de los socios, y no obra agregada documentación alguna que ilustre al respecto.

Por otra parte, en mi opinión, las escasas constancias que se han anejado, impiden dilucidar el verdadero alcance de los hechos materia del proceso los que, según mi parecer, no pueden ser apreciados in extenso, a fin de formar fundado criterio acerca del lugar de su comisión, y determinar finalmente el tribunal al que corresponde investigarlos (Fallos: 303: 634; 304:949 y 308:275), más aún teniendo en cuenta que -como lo sostiene la fiscalía provincial a fs. 98/103- podrían haberse cometido otras conductas delictivas que, por la multiplicidad de circunstancias que comprenden, podrían dar lugar a más de una calificación posible (competencia Nº 132 L. XXXVIII "Goettig, Leticia del Carmen s/su denuncia", resuelta el 22 de agosto de 2002).

En tales condiciones, atento que el proceso lleva más de diez años de trámite en jurisdicción nacional, opino que corresponde al juzgado de instrucción, que previno, y al que acudió el denunciante a hacer valer sus derechos (Fallos: 291:272; 293:405; 306:1272; 311:528; 317:486 y 311:487; 315:2864; y Competencias Nº 416, L.XXXV in re "Gonzalez, Luis Osvaldo y otros s/ violación", y Nº 373, L.XXXVIII in re "Gutiérrez, Francisco s/denuncia", resueltas el 15 de febrero de 2000 y 16 de octubre de 2002, respectivamente), continuar conociendo en la causa, sin perjuicio de lo que resulte ulteriormente.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2005.

Eduardo Ezequiel Casal

Buenos Aires, 2 de agosto de 2005.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 38, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Elena I. Highton de Nolasco.



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Comentarios Publicados

Fecha : 04/12/2013
Nombre: Rodolfo
Mensaje: Deberian Borrar este articulo ya que aparece en google y no hace mas que ensuciar la buena labor como profesional del Dr Perez! o en su defecto publicar el fallo cuya resolucion dicta la absolucion manteniendo el buen nombre y honor.


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