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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Moyano, Agustín Fernando s/ infr. Artículo 170 del C.P.

Competencia. Procedimiento penal. Secuestro extorsivo. Unidad investigativa en delitos de la misma naturaleza. Teleología de las normas recientemente sancionadas por el Congreso de la Nación. Competencia de la Justicia federal.

Competencia. Procedimiento penal. Secuestro extorsivo. Unidad investigativa en delitos de la misma naturaleza. Teleología de las normas recientemente sancionadas por el Congreso de la Nación. Competencia de la Justicia federal.

Competencia N° 1252. XLI. "Moyano, Agustín Fernando s/ infr. Artículo 170 del C.P."

Suprema Corte:

Entre los titulares del Juzgado Federal Nº 1 con asiento en La Plata y del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ambos de la provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente contienda negativa de competencia en la causa instruida a raíz del secuestro extorsivo del que resultara víctima Aurora Mirta González.

De los antecedentes agregados surge que cuando la nombrada llegaba a su domicilio, situado en la localidad de Wilde, fue sorprendida por dos personas que la obligaron a ascender a su automóvil y tomando el control iniciaron la marcha hacia un pasaje, en el que se detuvieron para que ascendiera un tercero y luego reiniciarla. Así, privada de su libertad, le sustrajeron joyas, dinero y el celular, desde el que comenzaron a llamar a su hijo exigiendo la suma de diez mil pesos para su liberación, la que finalmente se produjo en el Parque Dominico, dos horas más tarde, con la entrega de cinco mil pesos y doscientos dólares.

La justicia federal, después de practicar numerosas diligencias, aprehender a uno de los imputados y dictar su procesamiento y prisión preventiva por los delitos de secuestro extorsivo agravado, robo agravado y lesiones en concurso real (fs. 142/145), se declaró incompetente para seguir conociendo en la causa.

Para así resolver, consideró que las pruebas colectadas durante la instrucción permitirían afirmar que el secuestro extorsivo obedeció a estrictas motivaciones particulares, las que en modo alguno afectaron directa o indirectamente la seguridad del Estado nacional o alguna de sus instituciones (fs. 380/382).

A su turno, la magistrada local rechazó el planteo, entre otras razones, por considerarlo prematuro. Al respecto, sostuvo que al identificarse a uno solo de los posibles autores, existiría un estado de incertidumbre sobre el resto de los coautores del delito y la organización criminal que conformarían.

Por otra parte, entendió que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, mediante la sanción de las Leyes Nros. 25.742, 25.760, 25.764, 25.765 y 25.770 y la suscripción de convenios de cooperación, entre fuerzas nacionales y provinciales para la investigación de este tipo de delitos, habrían manifestado la voluntad expresa de que la competencia sobre los hechos como el de autos recaiga en el fuero de excepción.

Por fin, luego de invocar en apoyo de su criterio los argumentos expuestos por esta Procuración General en la Competencia Nº 959, XXXIX in re "Perdiechizi, Antonio Sebastián s/denuncia secuestro extorsivo", resuelta el 2 de diciembre de 2003, concluyó que los delitos normados en los artículos 142 bis y 170 del Código Penal afectan la seguridad de la Nación, por lo que el legislador, interpretando la voluntad popular, los incluyó expresamente entre los de competencia federal (fs. 400/407).

Vueltas las actuaciones al juzgado de origen, el titular dio por trabada la contienda y dispuso la elevación del incidente a la Corte (fs. 419/420, sin numerar).

Más allá de las consideraciones de carácter general expuestas en el dictamen citado, entiendo que las particularidades del caso aconsejan que sea la justicia de excepción la que continúe conociendo en la causa.

En primer lugar, y atento a que el imputado estaría siendo investigado con relación a otros secuestros extorsivos, que tramitan ante la misma fiscalía federal (ver fs. 95 y 161 vta.), estimo que la declaración de incompetencia vulnera el criterio que propende a la unidad investigativa en delitos de esta naturaleza y que priva en la concepción legislativa, posibilitado tanto merced a las atribuciones que se han conferido al Ministerio Público Fiscal por la Ley Nº 25.742, cuanto por la decisión política de facilitar los medios materiales necesarios en el funcionamiento de las unidades fiscales para la investigación del delito de secuestro extorsivo -decisión en la que han confluido los esfuerzos de los intendentes de los partidos vecinos a la Capital Federal- que la Procuración General ha creado (Dictamen de esta Procuración General en la Competencia Nº 690, XLI in re "Ramaro, Cristian Luis s/secuestro extorsivo", del 20 de mayo del corriente año).

Por lo demás, como lo expresa la magistrada provincial, la teleología de las normas recientemente sancionadas por el Congreso de la Nación -en cuanto adjudican el conocimiento de este tipo de delitos al fuero de excepción- no es otra sino la de preservar la seguridad pública. Finalidad, por cierto, distinta a la que motivara la sanción de la Ley Nº 20.661, con la que se buscaba tutelar la seguridad del Estado y sus instituciones ante el accionar de las organizaciones revolucionarias y de los grupos parapoliciales, con lo cual, el mero interés particular en la comisión de estos delitos, al contrario de constituir una excepción a la competencia federal, constituye su fundamento (Dictamen de esta Procuración General en la Competencia Nº 947, XLI in re "Amarilla, Carlos Bernabé y otros s/secuestro extorsivo", del 29 de julio del corriente año).

Por último, considero que dado el estado de las actuaciones, en las que aún quedan diligencias instructorias a realizar para arribar a la verdad real, su remisión a jurisdicción provincial obraría en desmedro de una "más expedita y uniforme administración de justicia" (Fallos: 310:2755, disidencia del Dr. Petracchi, considerando 16) e implicaría un menoscabo al principio constitucional del debido proceso para el imputado que guarda prisión preventiva.

En mérito a todo lo expuesto, opino que corresponde declarar la competencia del juzgado federal para seguir conociendo en la causa.

Buenos Aires, 22 de agosto de 2005

Luis Santiago González Warcalde

Buenos Aires, 14 de febrero de 2006.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora con asiento en la provincia mencionada.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.



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