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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Mir, Miguel Cristian Alberto y otros s/ Causa N° 670.

Acción penal. Prescripción. Omisión de tratamiento. Inexistencia de causales de interrupción. Doctrina de la arbitrariedad. Descalificación de la sentencia.

Acción penal. Prescripción. Omisión de tratamiento. Inexistencia de causales de interrupción. Doctrina de la arbitrariedad. Descalificación de la sentencia.

M. 650. XXXVII. "Mir, Miguel Cristian Alberto y otros s/ Causa N° 670."

Suprema Corte:

I

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió, en lo que aquí interesa, declarar mal concedido el recurso de casación deducido por la defensa de Sergio Basilio Tocayuk contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 11, en la que se lo condenó como autor del delito de encubrimiento (Artículo 277, inciso 1º, del Código Penal), a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por igual tiempo (fs. 27/47 y 59/60).

Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo a fojas 80, dio lugar a la articulación de la presente queja.

II

En su presentación de fojas 62/77, el recurrente tacha de arbitrario el pronunciamiento impugnado, pues sostiene que se incurrió en un excesivo ritualismo al impedir la revisión de la sentencia condenatoria por considerar infundada la crítica sustentada sobre la presunta violación del principio de congruencia, con menoscabo del derecho de defensa consagrado en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, y por pactos internacionales expresamente incorporados a ella.

Contrariamente a lo sostenido por el a quo, considera suficientemente demostrado con las constancias oportunamente invocadas que Tocayuk fue condenado por un hecho -encubrimiento- distinto de aquél por el que fue intimado en su indagatoria y luego acusado -homicidio y lesiones en riña- vicio que, en su opinión, acarrearía la nulidad absoluta de la condena impuesta.

Asimismo, la defensa también se agravia por no haber considerado que la acción penal se encontraba prescripta si se tenía en cuenta la pena máxima prevista para el delito por el que se condenó al encausado.

III

Encuentro respecto de esta última cuestión, sustancial analogía con la invocada y resuelta por VE, el 29 de agosto pasado, en los autos R. 798, XXXVI in re "Ríos, Norberto Calixto; Gaffuri, Omar Roberto y Girardi, Eduardo s/ contrabando", en los que hizo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen emitido por esta Procuración General.

En efecto, tal como se sostuvo en dicha oportunidad, también aquí asiste razón al recurrente, aunque con mayor razón aún si se tiene en cuenta que el agravio dirigido a obtener la prescripción de la acción penal fue sometido a consideración del a quo al ser introducido en el recurso de casación (fs. 48/53) y, luego, reiterado en el remedio federal por haberse omitido su tratamiento, a pesar de lo sostenido reiteradamente por la Corte, en el sentido que aquélla se produce por el mero transcurso del tiempo y debe ser declarada aún de oficio en cualquier instancia del proceso, atento su carácter de orden público (Fallos: 305:990; 313:1224; 322:717 y 323:1785, entre otros).

Por lo tanto, toda vez que en el sub judice, en atención a la calificación adoptada en la sentencia condenatoria, se habría operado la prescripción de la acción penal respecto del procesado, en virtud de haber transcurrido un plazo superior al máximo de pena previsto para ese delito entre la fecha de su comisión -21 de noviembre de 1992- y la recepción de la declaración indagatoria que consta a fojas 1007/1012 del principal que corre por cuerda -28 de octubre de 1998- cabe descalificar el fallo con base en la alegada doctrina de la arbitrariedad, en la medida que se omitió resolver sobre una cuestión cuyo análisis pudo incidir en el resultado del proceso y su preterición se traduce en un menoscabo de la garantía constitucional invocada por el recurrente (Fallos: 313: 1222 y doctrina de Fallos: 323:1250).

Lo expuesto adquiere mayor relevancia, si se aprecia que el propio tribunal oral ha reconocido la inexistencia de alguna causal de interrupción en dicho lapso (Artículo 67 CP), al sobreseer a Tocayuk por considerar extinguida la acción penal respecto del delito de lesiones en riña por el que fue oportunamente indagado (fs. 1360/1361 del principal).

Debo concluir, tal como se sostuvo en el precedente mencionado, que el pronunciamiento objeto de recurso presenta vicios que lo descalifican como acto jurisdiccional válido, frente a lo cual resulta inoficioso expedirme respecto del restante agravio invocado en el recurso extraordinario.

IV

En consecuencia, soy de la opinión que VE debe hacer lugar a la presente queja y dejar sin efecto el fallo recurrido para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho.

Buenos Aires, 15 de julio de 2003.

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 29 de abril de 2004.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de Sergio Basilio Tokayuk en la causa Mir, Miguel Cristian Alberto y otros s/ causa N° 670", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de fs. 103/104, que se dan por reproducidos en razón de brevedad.

Por ello, se resuelve hacer lugar a la queja, declarar procedente el recuso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber, agréguese y vuelvan los autos al a quo a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo aquí resuelto.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda.

 

 



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