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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Herrera, Juan Antonio s/ Artículo 189 bis del Código Penal -causa 4750/06-

Recurso Extraordinario Federal. Sentencia que revoca la declaración de extinción de la acción penal y el sobreseimiento por portación de arma de fuego de uso civil. Rechazo del recurso local interpuesto ante el TSJ de la CABA. Sentencia equiparable a definitiva. Apartamiento de la doctrina de la CSJN. Criterio más riguroso. Procedencia de la queja.

Recurso Extraordinario Federal. Sentencia que revoca la declaración de extinción de la acción penal y el sobreseimiento por portación de arma de fuego de uso civil. Rechazo del recurso local interpuesto ante el TSJ de la CABA. Sentencia equiparable a definitiva. Apartamiento de la doctrina de la CSJN. Criterio más riguroso. Procedencia de la queja. 

S.C. H. 14 L. XLIII. "Herrera, Juan Antonio s/ Artículo 189 bis del Código Penal -causa 4750/06-".

Suprema Corte:

-I-

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó la queja interpuesta contra el auto por el cual se desestimó el recurso de inconstitucionalidad planteado contra la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de esa ciudad, por la que se revocó la declaración de extinción de la acción penal y el sobreseimiento de Juan Antonio Herrera en orden al delito de portación de arma de fuego de uso civil (Artículo 189 bis del Código Penal).

Contra ese pronunciamiento, su defensa interpuso recurso extraordinario que, al ser denegado, motivó esta presentación directa.

-II-

En el escrito del recurso extraordinario la apelante sostuvo que la decisión revocatoria de la declaración de extinción de la acción penal a tenor del Artículo 76 ter, cuatro párrafo, del Código Penal, es equiparable a definitiva, con base en las consideraciones expuestas por V. E. en el precedente publicado en Fallos: 320:2451, desde que restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena, cuya tutela no podría hacerse efectiva en una oportunidad procesal posterior.

Por otra parte, alegó la afectación de la garantía del debido proceso y de los principios de preclusión y progresividad, con base en que se dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba a pesar de que ésta se encontraba agotada, a partir de la constatación de un antecedente que habría obstado la concesión de ese beneficio y que no fue advertido de manera oportuna por deficiencias que no resultan atribuibles a Herrera.

Expresó, asimismo, que en el marco de la suspensión del juicio se aplicó a su defendido una reacción estatal con fin de resocialización, por lo que, de continuarse el proceso, se generaría el peligro de que se le impusiera una sanción por el mismo hecho y con idénticos fines, con afectación de los principios constitucionales de non bis in idem, de culpabilidad y de proporcionalidad de la pena.

Agregó que tal proceder vulneraría también el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Finalmente, dijo que la decisión de la cámara de apelaciones se fundó en una interpretación extensiva del Artículo 76 ter del Código Penal, con afectación del principio de legalidad, por cuanto -según su parecer- los supuestos de revocación previstos en esa norma sólo pueden ser aplicados mientras se encuentre vigente el plazo de suspensión, mas no una vez fenecido.

-III-

Tiene establecido V. E. que las cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos locales no son, en principio, revisables en esta instancia extraordinaria, ya que por su índole no exceden el marco de las facultades propias de los jueces de la causa (Fallos: 302:1134; 308:1253; 311:519 y 926, entre otros).

Sin embargo, tal criterio admite excepción cuando la sentencia impugnada conduce, como a mi modo de ver ocurre en el caso, sin fundamentos adecuados a una restricción sustancial de la vía utilizada por el justiciable, y afecta irremediablemente el derecho de defensa en juicio (Fallos: 320:2089, considerando 3º y sus citas; 323:1449; 324:3612; 327:4432).

-IV-

En tal sentido, advierto que en el recurso de inconstitucionalidad y en la queja subsiguiente, la defensa alegó que la sentencia recurrida resulta equiparable a definitiva, por cuanto dispone la continuación del proceso a pesar de que la acción penal se extinguió al haberse agotado el plazo por el que se suspendió el juicio a prueba, durante el cual Herrera cumplió con todas las normas de conducta que le fueron impuestas.

Agregó en ese orden, que durante el período de suspensión Herrera estuvo sujeto a medidas con evidentes fines de resocialización (entre ellas, realizar los estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional, y realizar trabajos no remunerados a favor del Estado) por lo que, de reanudarse el proceso, se vería expuesto al riesgo de soportar una pena por el mismo hecho y con idénticos fines, pese a que la omisión de determinar la existencia del antecedente que habría obstado la concesión de aquel beneficio, no resulta atribuible a su defendido.

No obstante, el a quo rechazó la vía recursiva con base en que la decisión impugnada no es definitiva, a tenor del Artículo 27 de la Ley Nº 402 de esta ciudad (fs. 68/77), y soslayó aquella sustancial cuestión, dejándola sin respuesta, lo que adquiere especial relevancia frente a la incidencia que, en el caso, el principio de non bis in idem tiene sobre el requisito de definitividad del fallo (cfr. Fallos: 328:374; sentencia del 9 de mayo de 2006 dictada en los autos T. 19, L. XL, "Torres, Justo Santiago s/ excepción", entre otros).

Al respecto, considero pertinente señalar que los tres votos que integraron la decisión mayoritaria coincidieron únicamente acerca del alcance del recurso de inconstitucionalidad limitado a los supuestos en que existe sentencia definitiva, entendida como aquélla que pone fin al pleito. A mi modo de ver, tal hermenéutica importó determinar un criterio para la procedencia de dicha vía de impugnación más riguroso que el establecido por V. E. para el remedio extraordinario federal (cfr. Fallos: 328:1108, considerando 12º), y de esa manera imposibilitó el tratamiento de la cuestión indicada, apartándose del criterio expuesto por el Tribunal en Fallos: 308:490 y 311:2478.

-V-

En consecuencia, sin que el criterio que propondré importe adoptar una posición sobre el fondo de la cuestión invocada, soy de la opinión que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, a fin de que se dicte un nuevo fallo de acuerdo a derecho.

Buenos Aires, 10 de julio de 2007.

Eduardo Ezequiel Casal.

Buenos Aires, 5 de febrero de 2008.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensora oficial de Herrera, Juan Antonio en la causa Herrera, Juan Antonio s/ Artículo 189 bis del Código Penal -causa N° 4750/06-", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos vertidos por el señor Procurador General en su dictamen de fs. 139/140 vta., a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de brevedad.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento por intermedio de quien corresponda. Hágase saber, acumúlese la queja al principal y remítase.

Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt - Enrique Santiago Petracchi - Juan Carlos Maqueda - E. Raú Zaffaroni - Carmen M. Argibay (en disidencia).

Disidencia de la Señora Ministra doctora Doña Carmen M. Argibay.

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, es inadmisible (Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a que dentro del quinto día acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone el Artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese.

Carmen M. Argibay.



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