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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Allo, Diego Hernán s/ falsificación de documentos

Procedimiento penal. Competencia. Estafa en concurso ideal con uso de documento público falso -de carácter nacional- y presunto delito de sustitución de las patentes del rodado. Competencia del juez federal. Encubrimiento. Competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción. Precedentes.

Procedimiento penal. Competencia. Estafa en concurso ideal con uso de documento público falso -de carácter nacional- y presunto delito de sustitución de las patentes del rodado. Competencia del juez federal. Encubrimiento. Competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción. Precedentes.

Competencia N° 590. XLI. "Allo, Diego Hernán s/ falsificación de documentos".

Suprema Corte:

Entre el Juzgado de Garantías Nº 3 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, ambos de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se suscitó la presente contienda negativa de competencia referida a la causa instruida por los delitos de uso de documento público falso, encubrimiento y estafa.

De las constancias agregadas al legajo, surge que a raíz de un procedimiento policial llevado a cabo en la localidad bonaerense de Villa Centenario, el 29 de junio de 2004, se secuestró en poder de Diego Hernan Allo, un vehículo marca "Ford Ka", con dominio colocado DIW-261, y que veinte días antes le habría sido sustraído en esta ciudad, a Romina Lorena Yañez (vid. fs. 33).

Surge también del incidente, que a ese automóvil se le habrían cambiado sus chapas patentes originales -CTR-889- y además su documentación resultaría falsa.

Por otra parte, consta que el nombrado Allo lo habría recibido de Juan Carlos Maj -al que entregó otro automóvil como parte de pago y una suma de dinero- quien a su vez, lo habría adquirido a Jorge Raúl Rodríguez Flores (fs. 5 y 10).

El titular del Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora, declinó su competencia a favor de la justicia federal, con base en que ese fuero debía investigar tanto la falsedad de la documentación del rodado, cuanto los delitos de encubrimiento y estafa que se desprendían del contexto del sumario (ver fs. 71, 77 y 97).

Ésta, por su parte -si bien aceptó la competencia con relación a la supuesta falsedad de la documentación del vehículo- rechazó tal atribución respecto del presunto encubrimiento -por entender que debía intervenir el juez que investigaba su sustracción- y también en orden a la posible estafa, por considerar que resultaba escindible del uso de los instrumentos públicos apócrifos (fs. 99/100).

Con la insistencia del tribunal de origen, quedó formalmente trabada esta contienda (fs. 113).

En primer lugar, no debe perderse de vista, que es doctrina del Tribunal que los conflictos de competencia en materia penal deben decidirse de acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se ha perpetrado, según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que le atribuyan, en iguales condiciones, los jueces en conflicto (Fallos: 310:2755).

En ese orden de ideas, en relación con la infracción al Artículo 33 del Decreto Ley Nº 6.582/58 -Artículo 289, inciso 3º, del Código Penal, según reforma de la Ley Nº 24.721 -que no se menciona expresamente en las resoluciones de ambos magistrados- opino que corresponde declarar la competencia del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, por aplicación del criterio establecido en la Competencia Nº 1569; L.XL, "Comisaría San Julián s/ investigación presunta infracción", resuelta el 5 de abril de 2005, habida cuenta de la coincidencia que se observa entre la numeración de la chapa patente colocada en el vehículo y la consignada en la documentación (ver fs. 5, 6, 28, 29, 30, 33, 40, 41 y 43/45), cuya presunta falsedad investiga ese tribunal (fs. 99/100).

En segundo término, creo oportuno recordar que VE tiene establecido a través de numerosos precedentes que el encubrimiento de un delito cometido en la Capital de la República afecta a la administración de justicia nacional (Fallos: 308:1677 y 2522, entre otros) razón por la cual resultaría en principio competente para su conocimiento, la justicia federal con jurisdicción territorial donde aquél se hubiese llevado a cabo, siempre y cuando surja, con absoluta nitidez, que el imputado por este delito no ha tenido participación alguna en la sustracción (Fallos: 318:182 y Competencia Nº 1213, L. XXXVII in re "Fernández, Jorge Saúl s/ encubrimiento", resuelta el 4 de septiembre de 2001).

A mi modo de ver, esa exigencia no ha sido satisfecha en el sub judice, de modo que resulta conveniente que entienda el juez que intervino en las actuaciones por la sustracción del vehículo, en razón de la relación de alternatividad existente entre ambas infracciones (Fallos: 312:1624; 315:1617 y 320:2016, y Competencias Nº 1107; L.XXXVIII, "Ayala, Juan Carlos s/adulteración de documento público y robo y/o hurto" y Nº 1233; L.XXXIX, "Garcette, Gustavo Alberto y Carro, Guillermo Raúl s/ robo", resueltas el 8 de julio y el 18 de diciembre de 2003, respectivamente, entre otras) y que impone la necesidad de contar con una adecuada investigación y un auto de mérito que defina la situación jurídica de quienes resultarían involucrados (Fallos: 317:499; 325:950 y Competencia Nº 1612, L.XXXVII in re "Ayra, Christian Adrián s/robo, resuelta el 16 de octubre de 2001"), tanto más si se repara en la relación que existiría entre el último tenedor del vehículo y su propietaria (fs.8 y 7 del agregado).

Finalmente, y sin perjuicio de lo que resulte del curso de la investigación, cabe tener presente que el imputado de encubrimiento no puede de manera simultánea y respecto del mismo bien ser víctima de estafa, toda vez que la existencia de esta última excluye la comisión del primero, razón por la cual no puede escindirse la investigación (conf. Fallos: 323:1800).

Por lo tanto, sobre la base de estas consideraciones, estimo que corresponde al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24 (vid. fs. 33), profundizar la pesquisa respecto de la presunta sustracción del vehículo a partir de los elementos recabados con motivo de su incautación en sede provincial (Competencias Nº 1634, L.XXXVI in re "Viano, Norma Beatríz s/encubrimiento" y Nº 2094, L.XXXVII in re "Saira, Roberto Juan s/ encubrimiento calificado, etc.", resueltas el 10 de abril y el 19 de marzo de 2002, respectivamente), aunque no haya sido parte en la contienda (Fallos: 317:929; 318:182 y 323:2032), y sin perjuicio de lo que ulteriormente resulte.

Buenos Aires, 30 de mayo de 2005.

Eduardo Ezequiel Casal

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2005.

Autos y Vistos:

Los elementos probatorios reunidos en este incidente indican prima facie que el uso de los instrumentos espurios habría formado parte del ardid que indujera a error al denunciante Allo y motivara su acto de disposición patrimonial perjudicial. Sin embargo, conforme surja del curso de la investigación, también es factible que Juan Carlos Maj haya sido damnificado previamente al adquirir el rodado que luego vendiera a Allo.

Ya sea de una u otra forma, calificándose al hecho como estafa en concurso ideal con uso de documento público falso -de carácter nacional- y teniendo en cuenta que el delito se habría consumado en el Partido de Lomas de Zamora y que el señor juez federal ya ha asumido su competencia respecto del uso del documento, el cual es inescindible de la presunta estafa, corresponde que la investigación sea llevada a cabo por el magistrado mencionado (confr. Competencia N° 1634.XXXIX. "Sica, Jorge Claudio s/ denuncia por infr. Artículo 292 del Código Penal", resuelta el 19 de agosto de 2004).

En relación a los presuntos delitos de sustitución de las patentes del rodado (Artículo 289, inc. 3°, Ley Nº 24.721) y encubrimiento, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, corresponde que intervengan el juzgado federal en cuestión y el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, respectivamente.

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se declara que deberá entender en la causa el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, al que se le remitirá. A su vez, el señor magistrado a cargo de dicha sede deberá enviar los testimonios pertinentes al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, a sus efectos. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay.



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