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Buenos Aires, 06/06/2002
Revista: Ediciones Especiales
 

"Negociación en corralito" por Ester Riesel

?Negociación en corralito?

 Por Ester Riesel

La Ley N° 25.561 de emergencia pública, promulgada por el PEN el 6 de enero de 2002, dispone en su Artículo 11 que las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha de promulgación originadas en contratos celebrados entre particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares o en otra moneda extranjera o en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en dólares u otra moneda extranjera, serán canceladas a la relación U$S 1 = $1, en concepto de pago a cuenta de la suma que en definitiva se establezca. 

Autoriza fundamentalmente a las partes a negociar la reestructuración de sus obligaciones recíprocas, procurando compartir de modo equitativo, reza la norma, los efectos de la modificación de la nueva relación de cambio.  De no mediar acuerdo, se faculta a las partes para seguir  los procedimientos de mediación vigentes en las respectivas jurisdicciones, además de las acciones judiciales.

Las normativas dictadas en su consecuencia proponen hacer uso de los métodos de resolución de conflictos complementarios al judicial. Por medio de ellos se intenta un acercamiento de las posiciones de todos los sectores involucrados en la muy controvertida, por estas horas, realidad económica y social del país.

En igual sentido encontramos, más allá de lo dispuesto en materia económica cuyo comentario no es objeto del presente trabajo, con agradable sorpresa, que la nueva Ley N° 5.303, de la Provincia de San Luis, prevé una instancia de conciliación de los particulares con las entidades financieras respecto de la modalidad de devolución de los depósitos (Artículo 3°). 

Así también, la reglamentación de dicha ley, el Decreto N° 1.810 del Poder Ejecutivo de esa Provincia, establece que para el supuesto que se llegara a un acuerdo posterior a la imposición de la multa a la entidad financiera que incumpliera la regulación de la materia, ésta se puede dejar sin efecto o, incluso, se podría disponer la devolución de las multas ya aplicadas (Artículo 6°).

En ese marco, bienvenido sea, la negociación y la mediación constituyen herramientas más que adecuadas para la solución de esas controversias.   En ellas, la comunicación es el medio idóneo para permitir el entendimiento. La buena experiencia indica en ese sentido, que siempre facilita la posibilidad de un acuerdo ?ponerse en los zapatos del otro?, actitud que favorece la realización del ?torbellino de ideas?,  transformando en colaborativa la búsqueda de convenios creativos.

A su vez, la inseguridad ciudadana y jurídica; las diversas medidas de gobierno que  pretenden satisfacer necesidades de distintos sectores pero que de manera insoslayable aumentan la conflictividad,  afortunadamente obligan a recurrir a esos otros métodos de resolución de conflictos complementarios al judicial, como única alternativa de convivencia.

Muestra de ello resultan las cada vez más numerosas asambleas barriales que reflejan, por una parte, la carencia de liderazgo por parte de las autoridades gubernamentales y, por otro, la falta del debido resguardo por parte de los responsables, de los intereses de esos segmentos comunitarios.

En tiempos de una sociedad tan alterada conviene poner en práctica, cuanto antes, todo tipo de mecanismo popular que conlleve un objetivo pacificador y sobre todo, encierren la cultura de la aceptación de la diversidad, como conducta de vida.

Así, la llamada ?autocomposición? de cada protagonista, asegura que la solución de las diferencias se concentren en, como aconseja el profesor Ury, el ataque duro del problema y no en la agresión hacia las personas involucradas.

Finalmente, sin que ello importe que el análisis de la cuestión se encuentra agotado, cabe señalar que seria de esperar, por las razones expuestas, que la reglamentación del recientemente publicado Decreto N° 762/02, que establece el reemplazo en la aplicación del CER (coeficiente de estabilización de referencia) en materia de prestamos hipotecarios, prendarios y alquileres de particulares para vivienda única, a los cuales deberá aplicarse el coeficiente de variación de salarios (C.V.S.),  incluya la previsión de la instancia de negociación que fue omitida en la redacción del referido decreto. 



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