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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Moreno, Carlos Omar y otro s/ su denuncia

Procedimiento penal. Competencia. Denuncia contra funcionarios provinciales por informe sobre impacto ambiental derivado de la ampliación de una planta de aluminio. Falta de obstrucción al normal desenvolvimiento de un organismo del Estado Nacional. Competencia de la justicia local.

Procedimiento penal. Competencia. Denuncia contra funcionarios provinciales por informe sobre impacto ambiental derivado de la ampliación de una planta de aluminio. Falta de obstrucción al normal desenvolvimiento de un organismo del Estado Nacional. Competencia de la justicia local.

Competencia N° 38. XL. "Moreno, Carlos Omar y otro s/ su denuncia".

Suprema Corte:

Entre los titulares del Juzgado Federal del Chubut, con asiento en Rawson y del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, misma provincia, se suscitó la presente contienda negativa de competencia en la causa que se inició con una presentación de los representantes de la Fundación Maydai (fs. 3/5) ante la justicia provincial, quienes solicitan la suspensión de una audiencia pública y la rectificación del trámite otorgado por la Dirección de Protección Ambiental de la provincia del Chubut a un proyecto de la empresa "Aluar S.A." para la ampliación de su planta de aluminio.

Esa misma presentación contiene un relato sobre las implicancias ambientales que traería aparejada dicha ampliación y las denuncias que habría provocado una anterior, por presunta infracción a la Ley Nº 24.051, ante la justicia federal. Por otra parte, se hace mención a la supuesta connivencia de funcionarios públicos para avalar los resultados de un estudio de impacto ambiental que constituiría una burda maniobra -criterios técnicos mediante- para justificar su adecuación reglamentaria.

Con fundamento en la distribución de competencia prevista por la Ley Nº 24.051, que estimó vigente por la observación del Decreto Nº 1.343/02, y al considerar que el hecho resulta conexo con otro que tramita ante el juzgado federal, el juez local declinó su competencia, al mismo tiempo que reputó inadmisible la acción de amparo instaurada -Ley Nº 4.572 de la provincia- (fs. 6/vta.).

Tras realizar una serie de diligencias y sobre la base de los dichos de los denunciantes, el juez nacional resolvió, a instancias del fiscal, inhibirse para seguir conociendo de los hechos en cuanto involucran la actuación de funcionarios públicos municipales y provinciales en los resultados del informe sobre impacto ambiental. Consideró, además, que la materia se encuentra regida por la Ley provincial Nº 4.032 -de impacto ambiental-. Por lo demás, dispuso la acumulación de lo actuado a otro expediente ya existente por tratarse de los mismos hechos (fs. 85/86 vta.).

Recibido nuevamente el legajo en la justicia local, ésta resolvió, con remisión a los argumentos vertidos en su primigenia intervención, rechazar la competencia y dar por trabada la cuestión.

En esas condiciones se elevó el legajo a la Corte (fs. 91/vta.).

A modo de consideración preliminar advierto, desde el punto de vista formal, que el conflicto no se hallaría correctamente trabado toda vez que el juez nacional no tuvo oportunidad de insistir o desistir de la cuestión planteada (Fallos: 236:126; 306:728, 2000; 317:1022 y 324:1474 y 1677, entre otros). En efecto, la realización de medidas de instrucción con posterioridad al inicio de la contienda, importó la asunción de competencia por el magistrado federal y la declinatoria efectuada con posterioridad, dio inicio a un nuevo conflicto (Fallos: 324:891, Competencia Nº 562, XXXVIII, resuelta el 6 de febrero de 2003 in re "Barrientos, Carlos Ariel s/ su denuncia"), cuyo rechazo debió haber sido puesto en su conocimiento y, sólo en el supuesto de una posterior insistencia, se habría suscitado una contienda que deba resolverse de acuerdo a lo normado en el Artículo 24, inciso 7º, del Decreto Ley Nº 1.285/58.

No obstante ello, para el supuesto de que VE, por razones de economía procesal y atendiendo a la necesidad de dar pronto fin a la cuestión, decidiera prescindir de ese reparo formal me pronunciaré sobre el fondo de la misma (Fallos: 312:1839; 315:1940; 321:602; 323:1731 y 2035).

En mi opinión, ceñida la controversia a la imputación efectuada contra los profesionales que habrían elaborado el estudio ambiental en cuestión y los funcionarios del orden local que lo habrían avalado, estimo que lleva razón el magistrado nacional al considerar que, al menos en principio, la investigación escapa al ámbito de su competencia.

Ello por cuanto, según las manifestaciones de los denunciantes (fs. 17/18 y 19/vta.), a cuyos dichos cabe atenerse en la medida que resultan verosímiles y no controvertidos por otras constancias del legajo, la maniobra que denuncian -sin perjuicio de la relevancia penal que en definitiva quepa asignarle- habría estado dirigida a eludir la reglamentación provincial en la materia, corrompiendo, en todo caso, el buen servicio de los empleados de la administración local, sin que se advierta obstrucción al normal desenvolvimiento de un organismo perteneciente al Estado Nacional (Fallos: 312:1228; 316:339; 317:912; 323:2213).

Por todo lo expuesto, opino que corresponde asignar la competencia al Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, que además previno, para proseguir la investigación.

Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.

Luis Santiago González Warcalde

 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General subrogante a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado de Instrucción N° 5 de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Federal de Rawson.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda.



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