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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

López, Marcela Griselda y otro s/ robo agravado

Contienda de competencia. Pedido de unificación de penas. Aplicación del segundo apartado del Artículo 58 Código Penal. Competencia del tribunal que impuso la pena mayor. Precedentes.

Contienda de competencia. Pedido de unificación de penas. Aplicación del segundo apartado del Artículo 58 Código Penal. Competencia del tribunal que impuso la pena mayor. Precedentes.

Competencia N° 553, XL. "López, Marcela Griselda y otro s/ robo agravado".

Suprema Corte:

VE ha corrido vista en la presente contienda suscitada entre el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de esta ciudad, y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Surge de las constancias agregadas al incidente que el 14 de abril de 2003, el tribunal nacional condenó a Marcela Griselda López, como coautora de los delitos de robo simple en concurso real con robo simple, en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con robo en grado de tentativa, imponiéndole la pena de cinco años y seis meses de prisión (vid. fs. 1/15).

Consta asimismo que la nombrada había sido condenada con anterioridad -el 30 de octubre de 2000- por el tribunal oral de provincia, a la pena de seis años y ocho meses de la misma especie (fs. 16/20, 31 y 35).

Finalmente, se advierte que tanto el fiscal general como el defensor, en el primer proceso citado, solicitaron la unificación de las penas impuestas a la condenada (fs. 27 y 31), y que frente a esa circunstancia, los magistrados nacionales, resolvieron anotar a la detenida a disposición de la justicia provincial y remitirle testimonios a fin de que en dicha sede se diera cumplimiento a las previsiones del Artículo 58 del Código Penal (vid. fs. 29/30 y 33).

El juez de ejecución penal local -integrante del mencionado tribunal oral- rechazó ese criterio al entender que tal atribución correspondía al tribunal capitalino, y que además la pena impuesta en su jurisdicción se encontraba agotada, mientras que la sentencia dictada por los jueces nacionales no se hallaba firme (vid. fojas citadas en el párrafo anterior).

El tribunal nacional, por su parte, insistió en su postura y elevó estas actuaciones a la Corte a fin de que resolviera la cuestión planteada (fs. 35/37).

Tal como ha quedado trabado el conflicto, entiendo que, sin perjuicio de las demás objeciones manifestadas por el magistrado provincial, el thema decidendum se encuentra circunscripto a determinar qué jurisdicción deba ser la que resuelva acerca de la unificación de penas solicitada por las partes.

Al respecto VE tiene establecido que cuando se deba juzgar a una persona que está cumpliendo pena impuesta por sentencia firme en razón de un delito distinto, corresponde al juez que dicte la última sentencia proceder de acuerdo a lo establecido por el Artículo 58 del Código Penal (Fallos: 202:222; 237:537 y Competencia N° 198.XXXVII. in re "López, Carlos Ramón s/ unificación de condenas", resuelta el 7 de diciembre de 2001).

Sin embargo, al no haber procedido el tribunal nacional de acuerdo a la regla del Artículo 58, primera parte, del Código Penal, se impone la aplicación de la disposición contenida en el segundo apartado de la misma norma, razón por la cual corresponde ahora a la justicia provincial -por haber impuesto la pena mayor- expedirse respecto de la unificación de ambas condenas (vid. Fallos: 311:1168; 313:244; sentencia del 4 de febrero de 1992 en la Competencia N° 999.XXIII. in re "González, Raúl Francisco", cuyo sumario fue publicado en Fallos: 315:28 y Competencia N° 1012.XXXVII. in re "Herrera, Luciano Cristián s/ robo en grado de tentativa", resuelta el 19 de febrero de 2002) sin que, a mi modo de ver, pueda realizarse respecto de los jueces de esta capital similar observación a la propuesta en Fallos: 324:4245 y Competencia N° 419.XXXVIII. "Sanabria Figueredo, José Luis y otros por robo agravado", resuelta el 28 de agosto de 2002, atento que de las constancias de autos no surge que al momento de dictar sentencia les constara la sanción impuesta en sede provincial.

Sólo cabe añadir, que la circunstancia de que una de las penas se encuentre agotada no es óbice para la unificación, toda vez que ésta ha sido requerida por las partes interesadas (fs. 27 y 31), como tampoco lo es el reparo relativo al cómputo de la otra condena, atento que puede ser suplido mediante su oportuno requerimiento al tribunal nacional.

En consecuencia, estimo que debe ser la justicia provincial la que se expida acerca de la aplicación de lo preceptuado en el Artículo 58 del Código Penal.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2004.

Eduardo Ezequiel Casal

Buenos Aires, 10 de agosto de 2004.

Autos y Vistos:

Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, al que se le remitirá. Hágase saber al Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de esta ciudad.

Enrique Santiago Petracchi - Carlos S. Fayt - Adolfo Roberto Vázquez - E. Raúl Zaffaroni - Elena I. Highton de Nolasco.



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