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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Tucumán, Provincia de c/ Imperatrice, Héctor Tomás y otra s/ cobro de sumas de dinero

Competencia originaria. Jurisdicción en razón de las personas. Admisión de la prórroga de competencia efectuada por las partes de un contrato de préstamo.

Competencia originaria. Jurisdicción en razón de las personas. Admisión de la prórroga de competencia efectuada por las partes de un contrato de préstamo.

T. 68. XLI. "Tucumán, Provincia de c/ Imperatrice, Héctor Tomás y otra s/ cobro de sumas de dinero".

Suprema Corte:

- I -

La Provincia de Tucumán interpone demanda contra Héctor Tomás Imperatrice y contra Cecilia Cánepa de Imperatrice, quienes -según dice- tienen su domicilio en la Capital Federal, a fin de obtener el pago de una suma de dinero, con motivo de varios préstamos personales otorgados por el Ex-Banco de la Provincia de Tucumán (v. fs. 3, 7, 11, 15, 19 y 23).

Indica que dicho organismo era una entidad autárquica local que luego fue transformada por las Leyes Nros. 6.622 y 6.763 en Sociedad Anónima, asumiendo la Provincia todos los activos y pasivos que no fueron transferidos a la estructura patrimonial del Banco del Tucumán S.A., con la facultad de obtener la recuperación judicial de dicha cartera de créditos, según lo establece el Decreto Nº 1.521.

A fs. 41, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

- II -

La competencia originaria de la Corte, prevista en el Artículo 117 de la Constitución Nacional y reglamentada por el Artículo 24, inc. 1º, del Decreto Ley Nº 1.285/58, procede en los juicios en que una provincia es parte si, a la distinta vecindad de la contraria se une el carácter civil de la materia en debate (Fallos: 310:1074; 313:548; 323:1202, 843 y 690, entre muchos otros).

En el sub lite, de los términos de la demanda -a cuya exposición de los hechos se debe estar de modo principal para determinar la competencia, según el Artículo 4º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- se desprende que la Provincia es acreedora de una suma de dinero originada en varios contratos bancarios de préstamo, cuestión que se rige por normas de derecho común (cfr. dictámenes de este Ministerio Público in re Competencia Nº 748, XXXVIII, "Viejo Roble S.A. c/ Bank Boston N.A. s/ acción meramente declarativa" y Competencia Nº 1344, XXXIX, "Rodríguez, Atilana c/ PEN - Ley Nº 25.561 - Decretos Nros. 1.570/01, 214/02 (Boston) s/ proceso de conocimiento - Ley Nº 25.561", del 4 de marzo y del 9 de diciembre de 2003, respectivamente, a cuyos fundamentos VE se remitió en sus sentencias del 30 de septiembre de 2003, publicada en Fallos: 326:4019, y 6 de febrero de 2004), por lo cual considero que cabe asignar carácter civil a la materia del pleito.

En tales condiciones, opino que, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión bajo examen, de probar el Estado local la distinta vecindad que invoca respecto de los demandados (v. fs. 3, 7, 11, 15, 19 y 23, vta.), el proceso debe tramitar ante la instancia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2005

Ricardo O. Bausset

Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 34/35 se presenta la Provincia de Tucumán e inicia demanda contra Héctor Tomás Imperatrice y Cecilia Cánepa de Imperatrice, a fin de obtener el pago de 95.200 pesos, que encontrarían su origen, según se sostiene, en los préstamos personales otorgados por el ex Banco de la Provincia de Tucumán a favor de los demandados.

2°) Que la actora intenta radicar las actuaciones en la jurisdicción originaria de este Tribunal en virtud de la distinta vecindad de las partes.

3°) Que cabe señalar que este Tribunal ha reconocido, en reiterados precedentes, la validez de la prórroga de su competencia originaria, en tanto tal jurisdicción únicamente surja en razón de las personas. Es así que en Fallos: 298:665 -con remisión a precedentes que datan desde sus orígenes- ha dicho "que el artículo 12 de la ley 48 cuando prevé excepciones a la jurisdicción privativa de la justicia federal es comprensivo tanto de los tribunales inferiores como de esta Corte", excepciones que se justifican, en definitiva, porque "la competencia federal en razón de las personas ha sido instituida en favor de los particulares quienes pueden, en consecuencia, renunciar a dicho privilegio" (Fallos: 300: 1213; 311:1812; 315:2157; 319:1397; autos G.1541.XXXII "Gutiérrez, Héctor Leonard c/ Catamarca, Provincia de y otro s/ acción reivindicatoria", pronunciamiento del 25 de septiembre de 1997, y S.1487.XLI "Samudio, Claudia Teresita y otros c/ Neuquén, Provincia del s/ daños y perjuicios", del 28 de febrero de 2006, respectivamente, entre otros).

4°) Que frente a ello no es posible admitir la radicación de este expediente en la instancia prevista en el Artículo 117 de la Constitución Nacional. En efecto, tal como surge del "documento para pago íntegro de capital e intereses" -individualizado entre los instrumentos acompañados con el escrito inicial como ¿n° 268¿"-, las partes han convenido someter sus diferencias a los "Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción" que pudiera corresponderles. Ese compromiso excluye claramente la competencia constitucional que se intenta hacer valer.

5°) Que no es un óbice a lo expuesto, que las partes no hayan llenado los claros correspondientes de todos los contratos de préstamo sobre la base de los cuales se demanda, ya que el antedicho demuestra claramente la voluntad de radicar cualquier actuación, consecuencia de la relación jurídica que los habría vinculado, ante los tribunales ordinarios de la Capital Federal.

6°) Que, por lo demás, y en lo que se refiere específicamente a la jurisdicción originaria de esta Corte, es parte integrante del material impreso de esos instrumentos "la renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción" que pudiese corresponderles a los demandados, lo que disipa toda duda que se pudiese abrigar con respecto a la competencia federal.

Por ello y oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se resuelve: Declarar la incompetencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para entender en estas actuaciones por la vía intentada. Notifíquese.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Carmen M. Argibay.



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