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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Rodríguez, Atilana c/ P.E.N. - Ley Nº 25.561 - Decretos Nº 1.570/01, 214/02 (Boston) s/ proceso de conocimiento - Ley Nº 25.561

Competencia. Corralito. Diferencias resultantes de la pesificación forzosa. Contrato bancario. Competencia civil y comercial federal.

Competencia. Corralito. Diferencias resultantes de la pesificación forzosa. Contrato bancario. Competencia civil y comercial federal.

Competencia N° 1344. XXXIX. "Rodríguez, Atilana c/ P.E.N. - Ley Nº 25.561 - Decretos Nº 1.570/01, 214/02 (Boston) s/ proceso de conocimiento - Ley Nº 25.561".

Suprema Corte:

-I-

La presente contienda negativa de competencia se origina en la demanda promovida por Atilana Rodríguez contra el Bank Boston NA, a fin de obtener que cumpla íntegramente el contrato que celebró con esa entidad financiera y así poder cobrar, en dólares estadounidenses, el saldo de la suma devuelta en menos debido a la "pesificación" forzosa. Se funda en diversas normas de la Constitución Nacional, de los Códigos Civil y de Comercio y en la Ley Nº 25.587 y concordantes.

-II-

A fs. 19/20, el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 16 se declaró incompetente, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 6° de la Ley Nº 25.587 y decidió remitir las actuaciones a la justicia nacional en lo civil y comercial federal, que también se inhibió de entender en la causa, con fundamento en que la relación jurídica que vincula a las partes es de naturaleza comercial, a lo cual añadió que la competencia federal es restrictiva y de excepción.

A su turno, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala C) resolvió que el fuero competente es el contencioso administrativo federal, al considerar que por razones de distribución de tareas -acordada 11/2002 de la Corte Suprema de Justicia y Artículo 32 del Decreto-Ley Nº 1285/58- es razonable unificar la decisión de estas causas en el fuero mencionado (v. fs. 41/42).

Por su parte, el titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, decidió elevar las actuaciones a la Corte Suprema, en la inteligencia de que este Tribunal es el único que puede atribuir competencia a un tercer magistrado que no intervino en la contienda (v. fs. 46).

-III-

En tales condiciones, sin perjuicio de las limitaciones a las facultades que otorga el Artículo 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58 a la cámara del juez que previno, entiendo que se ha suscitado una contienda de competencia que corresponde dirimir a V.E., en virtud de las consideraciones efectuadas en la sentencia del 12 de diciembre de 2002, in re Competencia N° 523.XXXVIII. "Cabrera Castilla de Olazábal, Patricia c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo".

-IV-

Creo oportuno recordar que, si bien para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda, y después, sólo en la medida que se adecue a ello, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (Fallos: 323:470 y 2342; 325:483, entre otros).

A mi modo de ver, de dicha exposición se desprende que, en el sub lite, la actora no pretende recuperar los fondos depositados en la entidad bancaria -indisponibles por aplicación del Decreto Nº 1570/01 y sus normas concordantes-, porque ya pudo percibirlos, sino que reclama la diferencia entre las sumas resultantes de la "pesificación" forzosa y las que surgen de los términos de los contratos que pactó con el banco. En tales condiciones, considero que la adecuada solución del pleito requiere la interpretación y aplicación de normas del derecho privado, así como también la intervención de los tribunales especializados en temas contractuales y bancarios, los que deberán evaluar de qué modo las normas impugnadas inciden en el contrato que los vincula.

Al respecto cabe señalar que, en el dictamen de este Ministerio Público del 4 de marzo de 2003, in re Competencia N° 748.XXXVIII. "Viejo Roble S.A. c/ Bank Boston NA s/ acción meramente declarativa" (que fue compartido por la Corte en su sentencia del 30 de septiembre de este año), se sostuvo que la emergencia, así como las normas dictadas en su consecuencia, deben ser examinadas en cada caso mediante la aplicación de los preceptos y principios de la rama del derecho que rija la relación que vincula a las partes en conflicto y por los jueces que, por su especial idoneidad en la materia, se encuentran en mejores condiciones para resolver la cuestión de fondo.

En virtud de las consideraciones allí expuestas, opino que en el presente proceso se configura la segunda de las hipótesis reseñadas en el acápite VII del aludido dictamen y, por lo tanto, que corresponde devolver las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N° 2, a fin de que continúe con el trámite de las actuaciones.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2003

Nicolas Eduardo Becerra.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2004.

Autos y Vistos:

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara que resulta competente para seguir conociendo en las actuaciones el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 2, al que se le remitirán.

Enrique Santiago Petracchi - Augusto Cesar Belluscio - Antonio Boggiano - Adolfo Roberto Vázquez - Juan Carlos Maqueda.



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