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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Bogliano, Verónica y Eloy, Nilda s/ av. presunta desaparición de Julio López y amenazas

Competencia. Desaparición de Jorge Julio López. Contienda positiva. Hipótesis delictiva. Presunta obstaculización de la actividad jurisdiccional que lleva adelante la justicia federal en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Investigación de intimidaciones a testigos. Competencia de la justicia federal.

Competencia. Desaparición de Jorge Julio López. Contienda positiva. Hipótesis delictiva. Presunta obstaculización de la actividad jurisdiccional que lleva adelante la justicia federal en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Investigación de intimidaciones a testigos. Competencia de la justicia federal.

Competencia N° 1385. XLII. Incidente de inhibitoria entre el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de La Plata y el Juzgado Federal N° 3 de La Plata en autos: "Bogliano, Verónica y Eloy, Nilda s/ av. presunta desaparición de Julio López y amenazas".

Suprema Corte:

La presente contienda positiva de competencia suscitada entre los titulares del Juzgado de Garantías Nº 4 y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3, ambos de La Plata, provincia de Buenos Aires, se refiere a la causa en la que se investiga la desaparición de Jorge Julio López.

Reconoce como antecedente el pedido de inhibitoria que la titular del juzgado local formuló al magistrado federal, a fin de que resigne el conocimiento de la causa caratulada: "Bogliano, Verónica, Eloy, Nilda s/ averiguación presunta desaparición de Jorge Julio López y amenazas".

Sostuvo, a tal fin, que no advierte cuestión federal en el proceso en trámite ante la justicia nacional, destacando que la competencia de ese fuero es limitada y de excepción.

Afirma, que al llevarse a cabo dos investigaciones con el mismo objeto se atenta contra el principio de economía procesal y se configura un dispendio jurisdiccional que entorpece la buena administración de justicia (fs. 2/3).

El magistrado nacional, por su parte, rechazó el planteo. Más allá de considerarlo prematuro, ponderó en apoyo de su tesitura, las circunstancias que rodearon la desaparición de López, quien era testigo, víctima y querellante particular en la causa que tramitó por ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata -en la que se condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz, por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar-. Así, concluyó que no podía descartarse una posible afectación a la seguridad nacional (fs. 11/12).

Vueltas la actuaciones al juzgado de origen, su titular insistió en su requerimiento argumentando que, sin perjuicio de la notoria difusión periodística del caso investigado, no advierte que éste encuadre en algunas de las previsiones de la Ley Nº 48 (fs. 386/387 de la causa en tramite ante la justicia local que en fotocopias corre por cuerda al presente).

Así quedó trabada la contienda.

En mi opinión el pedido inhibitorio efectuado por la juez provincial debe tener acogida favorable.

Ello es así, en tanto de los testimonios de las causas que tramitan en ambas jurisdicciones no surgen, hasta el presente, elementos que permitan tener por probable la comisión de delitos que susciten la intervención del fuero de excepción.

En efecto, las probanzas reunidas no permiten afirmar de modo fehaciente que López se encuentre privado de su libertad, o resultare víctima de un secuestro extorsivo.

Por el contrario, existen numerosos testimonios de personas que manifiestan haberlo visto con posterioridad a su desaparición (ver fs. 33, 49, 56, 99, 100, 150, 256, 263, 265, 276, 279 y 407 de los agregados mencionados), así como distintas hipótesis en relación a su paradero (fs. 311 ibidem y 55, 61, 62, 73/74, 163, 197, 200, 253/254, y 261 del expediente que tramita en el fuero federal).

A este respecto la Corte tiene decido que la justicia federal es un fuero de excepción y no dándose causal específica que lo haga surgir en el caso, su conocimiento queda librado al derecho común, en orden a la competencia, es decir, a la jurisdicción local (Fallos: 296: 432; 302: 1209 y 307: 1739, entre muchos otros).

En consecuencia, el hecho cuyo conocimiento se disputan los jueces no sería de aquéllos, por el momento, que tienen la virtualidad de afectar la seguridad del Estado nacional, conforme lo ha establecido VE en las Competencias N° 1252, L. XLI, in re "Moyano, Agustín Fernando s/ infracción al Artículo 170 del C.P." y N° 1024, L. XLI, in re "Cárdenas, Ariel Eduardo y otros s/ Artículo 170 del CP", resueltas el 14 de febrero y 25 de abril de este año, respectivamente.

En tales condiciones, y atento a lo avanzado de la investigación ante el Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata, que conoció primigeniamente en el hecho, y en pos de que la investigación quede bajo la órbita de un solo magistrado a fin de evitar la posibilidad de que las investigaciones se superpongan, o en el futuro, se dicten pronunciamiento contradictorios (Fallos: 325:1955 y 328:3315), opino que corresponde declarar su competencia para conocer en la causa que dio origen a este incidente, sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2006.

Esteban A. Righi

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2006.

Autos y Vistos; Considerando:

Que los antecedentes del conflicto de competencia trabado entre el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de La Plata y el Juzgado de Garantías N° 4 del departamento judicial de esa ciudad, se encuentran adecuadamente reseñados por el señor Procurador General de la Nación en el dictamen que luce a fs. 27/28, de modo que por razones de brevedad corresponde remitir a dicho relato.

Que sobre la base de la hipótesis delictiva fijada como hecho del proceso en el expediente que tramita ante el juzgado federal (cfr. requerimientos de instrucción de fs. 8/9 y 146 del expte. 7/9889, y de fs. 4/5 del expte. 7/9898, acumulado por cuerda), configurada por la presunta obstaculización de la actividad jurisdiccional que lleva adelante la justicia federal en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar; y que dicha obstrucción se estaría materializando por medio de una serie de intimidaciones sufridas por diversos testigos que declararon en el juicio sustanciado ante ese mismo fuero contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, y, en su caso, por la presunta desaparición de Jorge Julio López (testigo y querellante en la causa aludida) -hechos que están siendo investigados en el mismo expediente-, razones de una mejor administración de justicia aconsejan que, por el momento, en el hecho que dio lugar a esta contienda continúe también radicado ante el magistrado federal, sin perjuicio de lo que resulte del trámite ulterior.

Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se declara que deberá entender en la causa que originó el presente incidente el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de La Plata, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de La Plata.

Enrique Santiago Petracchi - Elena I. Highton de Nolasco - Carlos S. Fayt (en disidencia) - Juan Carlos Maqueda - E. Raúl Zaffaroni - Ricardo Luis Lorenzetti - Carmen M. Argibay.

Disidencia del Señor Ministro doctor Don Carlos S. Fayt.

Considerando:

Que el Tribunal concuerda con los fundamentos y la conclusión sostenidos por el señor Procurador General en el dictamen que antecede.

Por ello, se declara que deberá entender en la causa que originó el presente incidente el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de La Plata, al que se le remitirá.

Dése noticia al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de La Plata.

Carlos S. Fayt



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