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Buenos Aires ,
Revista: Ediciones Especiales
 

Dictamen Nº 344. Expediente Nº S02:0001184/2004. Ministerio del Interior, del 17 de septiembre de 2004.

Sentencia de la CIDH. Honorarios. Pago. Razonabilidad.

Hechos: La Procuración del Tesoro de la Nación emite opinión acerca de los arbitrios legales a implementar para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantos, en lo que respecta a los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa C-1099 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre el punto, el Alto Organismo Asesor reiteró que era el Poder Ejecutivo Nacional quien debía fijar el parámetro de razonabilidad conforme el cuál sería determinado el monto de dichos honorarios, cuyo pago sería asumido por el Estado Nacional en cumplimiento de la aludida sentencia.

Expte. N° S02:0001184/2004 ? Ministerio del Interior

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2004

Señor Ministro del Interior:

Se consulta a esta Procuración del Tesoro de la Nación acerca de la presentación efectuada por el letrado apoderado del Doctor Mario Jaime Kestelboim a fin de que se ejecute el punto 3° de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantos.

-I-

Antecedentes

1. El 23 de diciembre de 2003, el doctor Mario Jaime Kestelboim, a través de su apoderado Dr. Jorge Luis Salomoni, solicitó el cumplimiento de lo ordenado en el punto 3 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantos del 28 de noviembre de 2002 (v. fs. 1/29).

Resulta del texto de la solicitud agregada que al Doctor Kestelboim le fueron regulados honorarios profesionales por su intervención en la causa principal "Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos" ?Expte. N° C-1099- y en los incidentes planteados en los autos principales.

El escrito en cuestión narra los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen al presente reclamo. Ellos son la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de septiembre de 1996, la providencia de ese Tribunal sobre la regulación de honorarios del 17 de diciembre de 1996, la sentencia de la Corte Interamericana y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21 de agosto de 2003 originada por la presentación del señor Procurador del Tesoro de la nación ante el máximo Tribunal (v. copias certificadas a fojas 31/110).

2. A fojas 111/113 obra el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación.

La pieza en examen efectuó una reseña de los actuados y concluyó que correspondería girar éstos al ministerio del Interior, organismo que asumió la representación del estado Nacional en el causa "Cantos, José María c/ Santiago del Estero, provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos".

3. El 23 de febrero de 2004, el apoderado del doctor Mario Kestelboim solicitó vista al señor Presidente de la Nación del expediente iniciado el 23 de diciembre de 2003 por la presentación en la que se reclamaba el pago de los honorarios regulados al actor por su intervención en la causa ya reseñada (v. fs. 116/117).

4. El 10 de marzo de 2004, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación remitió el escrito del actor solicitando vista a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior, organismo al que se habían remitido las actuaciones el 13 de febrero de 2004 (v. fs. 118/121).

5. Luego de un nuevo pedido de vista del apoderado del actor que luce a fojas 127/128, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación transmitió nuevamente este escrito a la Subsecretaría de Coordinación del ministerio del Interior (v. fs. 129/138).

6. El 7 de junio de 2004, la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio del Interior emitió un dictamen en el que se destaca: [?] la necesidad de propiciar un proyecto de ley, a fin de que el reconocimiento de los honorarios sea establecido por una norma de igual jerarquía [?], de manera que el Poder Ejecutivo no infrinja el orden legal vigente en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana.

Asimismo, esa Dirección consideró que [?] De lo expuesto por el Alto Tribunal, en el estado actual de las cosas, a nuestro entender, de proceder el pago al aquí reclamante, sería la Provincia de Santiago del Estero la obligada.

[?] En consecuencia, la obligación de cumplir en el ámbito interno con lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana, no conlleva necesariamente a que sea el Estado Nacional el que deba abonar los honorarios del interesado, que representó al Estado Provincial [?] (fs. 139/149).

7. Así las cosas, el señor Ministro del Interior requirió la opinión de esta Procuración del Tesoro, por ser la representante de la República Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con el cumplimiento de la sentencia internacional ya mencionada (v. fs. 150).

8. El 11 de agosto de 2004, el apoderado del señor Kestelboim solicitó a la Subsecretaría de Coordinación vista de las actuaciones (v. fs. 152/153 y original fs. 158/159).

La presentación reseñada motivó un nuevo dictamen de la Dirección General de Asuntos jurídicos del Ministerio del Interior. En esa pieza, se determinó girar lo obrado a esta Casa (v. fs. 161/162).

El 24 de agosto de 2004, la Dirección de Mesa de entradas, Notificaciones y Despacho del Ministerio ya citado remitió las actuaciones a la Procuración del Tesoro de la Nación.

- II -

Análisis de la cuestión

Toda vez que la procuración del Tesoro se ha expresado sobre los arbitios legales a implementar para el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe transcribir lo expresado en el Memorándum de la Dirección Nacional de Dictámenes recaído en el Expediente PTN Nº 2207/03 en lo que respecta a los honorarios de los profesionales intervinientes en la causa C-1099 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así este Organismo ha expresado que [?] En atención a la manda contenida en el punto 3., del párrafo 77. de la sentencia CIDH, y el tenor de la Resolución CSJN Nº 1.404/03 (v. en especial Considerando 4º), deberá asumir el Estado Nacional el pago de los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las condiciones indicadas en la sentencia del tribunal internacional (v. punto 2., párrafo 77. sentencia CIDH), lo que también se dispondrá a través del dictado del pertinente decreto por parte del poder Ejecutivo Nacional.

Consecuentemente y a tales efectos, para la fijación en un monto razonable de los honorarios ya regulados en la aludida causa del registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. punto 2., párrafo 77., sentencia CIDH), se convocará a las partes interesadas a efectos de establecer las bases para la ejecución de la sentencia de la CIDH en este aspecto (v. Considerando 4º, Resolución CSJN Nº 1.404/03).

Al respecto, debe advertirse que en puridad no existe punto de contradicción alguno entre el tenor de la Resolución CSJN Nº 1.404/03 según la cual los honorarios regulados judicialmente a los profesionales intervinientes en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pueden ser reducidos, y la manda que dimana de los puntos 2. y 3., del párrafo 77., sentencia CIDH, conforme con los cuales, estos honorarios deben ser fijados en un monto razonable (punto 2., párr. 77), y asumidos por el Estado (punto 3. párr. 77).

Ello porque lo que la sentencia internacional ordena no es la reducción de los honorarios regulados judicialmente en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que el Estado argentino asuma sólo en un monto razonable esos honorarios.

Dado que la CIDH no ha fijado en la sentencia ningún Standard o parámetro de razonabilidad, corresponde entonces que el Poder Ejecutivo Nacional en su carácter de representante de la unidad jurídica y política del Estado y ejecutor de la sentencia CIDH proporcione tales parámetros conforme las circunstancias del caso, los que deben ser puestos en conocimiento de los profesionales interesados (v. Artículo 1º, LNPA), y sin perjuicio del eventual control de razonabilidad que pueda ejercer el tribunal internacional respecto del cumplimiento de la sentencia CIDH en este aspecto [?] (lo subrayado y la negrita pertenece al original).

Teniendo en cuenta lo Anteriormente transcripto, dejo expresada mi opinión en el sentido que le es totalmente aplicable al presente caso.

Así lo dictamino.

Dictamen Nº 344

Osvaldo César Guglielmino



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